El Gobierno avanza contra los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi para colonizar la Cámara Federal porteña, que es clave para revisar los fallos de corrupción que se ventilan en los tribunales de Comodoro Py. Hace un año, Bruglia y Bertuzzi ratificaron una sentencia en contra de Cristina Fernández de Kirchner que dictó el juez Claudio Bonadio, y ahora la bancada de senadores oficialistas empuja su desplazamiento de la Cámara Federal.
Bruglia y Bertuzzi llegaron a la Corte Suprema con un amparo vía per saltum, a la espera de una rápida decisión que proteja sus cargos en la Cámara Federal porteña, pero ya concluyó la reunión de Acuerdos y el complejo asunto quedó para otra oportunidad.
El recurso de amparo vía per saltum fue recibido por la Secretaría de Juicios Administrativos de la Corte Suprema, y desde allí llegó sin escalas al despacho de Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema. Por ahora, se observa poco interés en la Corte para respaldar a los camaristas apuntados por Balcarce 50, en un conflicto institucional que está a punto de dirimirse en el Senado.
Como el per saltum de Bruglia y Bertuzzi todavía está sin apoyo de la Corte, la situación de estos camaristas sería casi terminal. La audiencia del Senado para tratar sus pliegos impugnados esta convocada para mañana y, sin contrapeso del alto tribunal, la bancada kirchnerista impondrá su poder real al momento de definir la suerte de Bruglia y Bertuzzi.
Las administraciones de Eduardo Duhalde, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri decidieron trasladar jueces de un tribunal a otro, y la propia Corte Suprema determinó –en las acordadas 4 y 7 del 2018– que ese procedimiento se ajustaba a derecho para determinados casos puntuales.
Alberto Fernández está reformulando esa perspectiva sobre los traslados de los jueces, y la bancada oficialista del Senado utiliza la inédita perspectiva presidencial para avanzar contra Bruglia y Bertuzzi. El jefe de Estado considera que los camaristas en jaque perpetuo han violado el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional.
La designación de un juez inicia con la conformación de una terna decidida en el Consejo de la Magistratura que luego es remitida a la Casa Rosada. El Presidente elige a un candidato de esa terna y envía el pliego de nombramiento a la Cámara alta, que convoca a una audiencia pública para su tratamiento institucional. Y al final, una vez concluida la audiencia, el candidato se pone a consideración de todos lo senadores que deben aprobar esa nominación por la mitad más uno de los votos.
Alberto Fernández y CFK consideran que Bruglia y Bertuzzi no cumplieron con estos ritos institucionales, y que sus designaciones tienen que ser revisadas en la Cámara alta, porque sus traslados desde el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) a la Cámara Federal porteña no fueron aprobados en el recinto por la mayoría simple de sus miembros presentes.
Detrás de la presunta intención formal de cumplir con las previsiones constitucionales, el Gobierno pretende desalojar a Bruglia y Bertuzzi para colocar en su lugar a magistrados que puedan interpretar las causas de corrupción desde una perspectiva cercana a los intereses de Cristina Fernández y sus familiares, amigos y ex socios.
La audiencia para revisar los pliegos de Bruglia y Bertuzzi será mañana en el Senado. Los camaristas ya anunciaron que no concurrirán, y aguardan que la Corte se haga cargo de su defensa procesal, institucional y política. Saben que en la audiencia en el Senado, bajo las instrucciones de Oscar Parrilli, su suerte ya está echada.
Bruglia y Bertuzzi creen que la Corte tiene que aceptar sus recursos de amparo y enfrentar el avance del Gobierno sobre la Cámara Federal. Esta posición es comprendida en el cuarto piso del Palacio de Justicia, pero aún se observa cierta molicie para colocar este complejo asunto judicial en el orden del día del alto tribunal.
Si la Corte Suprema no trata el caso Bruglia-Bertuzzi la semana próxima, el bloque de senadores peronistas consumará su faena política. La bancada oficialista avanza frente a la indecisión de la Corte, que hoy no trató los amparos en su reunión de Acuerdos y aún no decidió si lo hará el jueves que viene.
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