Reforma judicial: el Gobierno negocia contra reloj con los gobernadores para buscar destrabar el proyecto en Diputados

El Gobierno trabaja contra reloj entre el Senado y Diputados para tratar de destrabar el proyecto de reforma judicial enviado por Alberto Fernández a fines de julio y cuyo dictamen de mayoría que el Frente de Todos aseguró que empezaría a circular a última hora de este miércoles, tras el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta, no había aparecido entrada la tarde.

“Estamos esperando que aparezca el texto para ver las modificaciones”, aseguraron desde Juntos por el Cambio pasado el mediodía después de la reunión que mantuvo el interbloque del Senado y de que Laura Rodríguez Machado, vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, volviera a pedir el dictamen, a pesar del rechazo cerrado de la oposición, adelantado durante el plenario de este miércoles.

Ayer, cuando promediaba la discusión del plenario, presidido por María de los Ángeles Sacnun, Rodríguez Machado pidió saber por la cantidad de nuevos cargos que se crean con la iniciativa, que reformula la Justicia federal penal y busca, entre otros objetivos, licuar los tribunales de Comodoro Py con la unificación del fuero correccional criminal y el penal económico.

“La pregunta es si en el despacho que estarían circulando se mantienen estos 279 cargos o cuál ha sido la modificación. Porque también tenemos entendido que hay una negociación en curso con gobernadores, eso trasciende, en la que se modificaría la cantidad de cargos, se distribuirían de otra manera, en relación a las necesidades que pueda haber en las provincias”, remarcó la senadora de Cambiemos.

Su alusión a la “negociación en curso con gobernadores” apunta, en ese sentido, a la demora en la redacción y circulación del texto que Cristina Kirchner y Alberto Fernández buscarán aprobar la semana próxima en el recinto del Senado, según trasciende de fuentes oficiales.

En esa compleja y quirúrgica negociación entre el Poder Ejecutivo y el Senado intervienen además Sergio Massa y Máximo Kirchner frente al principal escollo que deberá sortear el oficialismo para darle sanción definitiva al controvertido proyecto: con hegemonía parlamentaria en la Cámara alta, el número en Diputados presenta una incógnita para la Casa Rosada. Más aún después del traspié de Vicentin, cuya iniciativa de intervención y expropiación por parte del Frente de Todos tuvo que ser archivada. El Gobierno no se puede dar el lujo de volver a mostrar debilidad política. Al menos, el sector más radical.

“(Vamos) a esperar el resultado del Senado y a partir de ahí empezar a trabajar”, trató de desentenderse ayer, en diálogo con el canal de noticias de Perfil, el jefe de la Cámara baja, abocado ya a la negociación con las provincias, con los diputados del peronismo federal y de los bloques aliados con los que el oficialismo buscará consensuar el quórum en Diputados, a pesar de que antes deberá destrabar el protocolo de sesiones virtuales, vencido hace ya algunas semanas.

El tema sobrevoló parte del almuerzo que este mediodía compartieron en las oficinas de Uspallata el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, con un puñado de funcionarios y sus socios de la UCR y la Coalición Cívica, encabezados por Maximiliano Ferraro. Martín Lousteau, vía Zoom, trazó un panorama de la Cámara alta: dijo que esperaban el dictamen y que había negociaciones iniciadas con las provincias.

Este miércoles, mientras el kirchnerismo avanzaba con la reforma en el Senado y la oposición adelantaba su rechazo a la iniciativa, la Casa Rosada jugó una carta que tenía guardada en el mazo desde hace tiempo: la suspensión por 45 días y posterior refinanciación definitiva de la deuda que las provincias mantienen con el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES por préstamos otorgados por la anterior gestión, unos $26.000 millones que ahogan a los gobernadores sin distinción partidaria.

El 29 de enero, antes de que avanzara la pandemia en el país, el oficialismo y la oposición habían resuelto crear una mesa de trabajo para “analizar y proponer acciones para tender a la sostenibilidad de la deuda que las provincias y la Ciudad mantienen con el sector público nacional” que, hasta ahora, no había tenido avances. El cierre preliminar del Gobierno con los acreedores privados de hace algunas semanas y la necesidad política de salir al rescate de las deudas provinciales y tratar de cobrar el favor en torno a la negociación parlamentaria por la reforma judicial volvieron a activar el tema. Sirve, además, para ganar tiempo.

Massa y Máximo Kirchner participaron ayer, junto al ministro Eduardo “Wado” de Pedro, de la teleconferencia con gobernadores en Casa Rosada.

En la tarde de este miércoles, mientras se discutía en el plenario de comisiones del Senado, los diputados Carlos Gutiérrez, Alejandra Vigo, Pablo Cassinerio y Claudia Márquez dejaron trascender que no acompañarían la iniciativa vinculada a la Justicia. Sus votos son clave. Los cuatro responden al gobernador Juan Schiaretti, de Córdoba, donde las protestas del feriado se sintieron con fuerza. Y son parte del interbloque Federal que encabeza Eduardo “Bali” Bucca, que pidió un acuerdo amplio en torno a la reforma y en cuyo entorno remarcaban este mediodía que no había negociaciones en curso con la Casa Rosada. Roberto Lavagna, que apadrina a Bucca, a Graciela Camaño y a Jorge Sarghini, parte del mismo espacio, ya se pronunció públicamente en contra de la iniciativa. Al igual que Eduardo Duhalde, que en los últimos meses se mostró cercano al oficialismo.

Con mayoría en el Senado, el apretado cálculo en Diputados preocupa al oficialismo. La izquierda tampoco acompaña.

En paralelo, había esta tarde senadores del kirchnerismo que todavía esperaban que empezara a circular el dictamen para ver si se habían introducido las modificaciones acordadas con la Casa Rosada. Cristina Kirchner, resaltaban, tallaba ella misma en el texto. Hubo distritos que, por ejemplo, pidieron modificar la cantidad de nuevos juzgados a crearse y poner énfasis en las fiscalías. En línea con la puesta en marcha del sistema acusatorio, que espera desde hace años.

Ayer, Sacnun ya había anunciado que se había incluido, por caso, la no unificación del fuero contencioso con el civil comercial, como estaba previsto en el texto original, y como pidieron algunos de los expositores que pasaron por el Senado en los últimos días.

Más allá del Senado, el panorama en Diputados asoma todavía demasiado sombrío.