El plan para generar 4 millones de puestos de trabajo de sindicatos y movimientos sociales logró el apoyo de Massa y tendrá el impulso del Frente de Todos en Diputados

Los sindicatos y movimientos sociales que motorizan el Plan de Desarrollo Humano Integral lograron esta tarde el apoyo del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que se traducirá en el trabajo en conjunto para que las propuestas vinculadas con la generación de empleo y de transporte se conviertan en proyectos de ley cuya sanción podría impulsar el Frente de Todos.

Para ese objetivo, Massa les pondrá a disposición un espacio físico para reunirse y un equipo de la Cámara de Diputados para que se sume a trabajar con los técnicos que elaboraron el plan. El grupo massista está integrado por el economista Diego Bossio, el secretario general de la Cámara de Diputados, Juan Manuel Cheppi, y el diputado del Frente de Todos Federico Fagioli.

De esta forma, los impulsores del plan de reactivación lograron un respaldo institucional que será clave para avanzar hacia su ejecución, aunque todavía quieren mantener contactos con otros funcionarios, dirigentes, empresarios y, como broche final, una audiencia con Alberto Fernández.

En la reunión de esta tarde, realizada en la Cámara de Diputados, los sindicalistas y dirigentes sociales le presentaron formalmente el plan a Massa y le explicaron que trabajaron la propuesta como “un aporte para la postpandemia, inspirados en la consigna de Tierra, Techo y Trabajo que impulsa el papa Francisco, junto a movimientos populares de todo el mundo”.

Allí afirmaron que con una inversión inicial anual de 750 mil millones de pesos se podrían “crear 170.000 empleos registrados y 4 millones de puestos de trabajo social, generando un impacto de la actividad económica de 865.000 millones de pesos, lo cual redundaría en mayor recaudación fiscal”.

Del encuentro participaron los sindicalistas Gerardo Martínez (UOCRA), Luis Córdoba (Camioneros), Ricardo Pignanelli (SMATA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), y los dirigentes sociales Grabois, Daniel Menéndez (Barrios de Pie y subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social), Dina Sánchez (Frente Popular Darío Santillán), Luciano Alvarez (Corriente Clasista y Combativa) y Jaqueline Flores (MTE), además del dirigente peronista Julián Domínguez (asesor de SMATA) y el economista Agustín D’Attellis (asesor de la Unión Ferroviaria), entre otros.

Se estima que el Plan de Desarrollo Humano Integral estará terminado en todos sus aspectos técnicos recién dentro de un mes, por lo que recién entonces se pedirá una reunión con el Presidente en busca de un aval que implique el compromiso del Gobierno en la instrumentación del programa.

Grabois ya le anticipó su idea a Alberto Fernández en mayo, durante una audiencia en la Quinta de Olivos, mientras otros dirigentes sociales hablaron del tema con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Con este plan, auspiciado por la Iglesia, sus impulsores buscan “crear 4 millones de puestos de trabajo, repoblar la Argentina con nuevas ciudades, pueblos jóvenes, comunidades rurales organizadas y cinturones hortícolas protegidos; desarrollar nuevos emplazamientos industriales a través de una planificación territorial que contemple nuevos esquemas de transporte multimodal, entregar tierras a comunidades agrarias, encarar la transición energética y desarrollar formas no contaminantes de producción para avanzar hacia un programa de ecología integral”.

La iniciativa surgió del dirigente Juan Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que calificó la propuesta como el “Plan Marshall criollo”, en alusión al programa mediante el cual Estados Unidos buscó la recuperación económica de Europa tras la Segunda Guerra Mundial mediante el otorgamiento de unos 13.000 millones de dólares entre 1947 y 1952.

La propuesta de sindicatos y movimientos sociales contempla una inversión inicial de $750.000 millones anuales y, según sus organizadores, “parte de la inversión se autofinanciará a través de programas ya existentes (Salario Social Complementario, Hacemos Futuro y Tarjeta Alimentar, cerca de 128 mil millones de pesos anuales)”. El resto se financiará “a través del retorno fiscal neto de la inversión de los programas actuales (el 36%), más una afectación específica del Impuestos a los Bienes Personales, una pequeña reforma del Impuesto a las Ganancias, un aumento del Impuesto a las Bebidas Azucaradas y otra parte a través del esfuerzo fiscal adicional del Estado”.

También incluye la creación de “un fondo de ahorro en moneda nacional orientado a los trabajadores y clase media que a tasa de interés del mercado financiero permita descontar de Ganancias un porcentaje del monto invertido para aumentar la rentabilidad al ahorrista”.

Esta integración entre sindicalistas y dirigentes de movimientos sociales no tiene precedentes: hasta ahora existía desconfianza entre ambos sectores e incluso competencia por la representación de los trabajadores precarizados que pudieran tener un empleo formal.

Los movimientos sociales quieren incluso integrarse a la CGT a través de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), pero la dirigencia gremial tradicional hasta ahora se resiste.

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