La comisión de juristas invitará a la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público

La comisión de juristas que reunió el presidente Alberto Fernández le pedirá su opinión a la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y la Defensoría General de cara al análisis que le pidió el Ejecutivo sobre cómo es su funcionamiento.

Según indicaron a Infobae las fuentes consultadas, el “Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación” tuvo hoy su segunda reunión preparatoria y eso fue lo que resolvieron: girar invitaciones a los tribunales y entidades que quedaron bajo su estudio.

El viernes habían tenido la primera reunión y el sábado próximo volverán a encontrarse, vía zoom, para definir la cuestiones que faltan. A partir del próximo 18 de agosto, cuando comiencen formalmente a trabajar, los once juristas se encontrarán virtualmente, dos veces por semana. Los días elegidos serán los martes y sábados, a partir de las 11 de la mañana.

Lo que sí resolvieron fue pedirles informes a sus puntos de observación: la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público y de la Defensa. No se trata solo de informes. El grupo de expertos decidió invitarlos para escuchar su opinión.

También se abrirá el debate a otras entidades académicas y organizaciones de colegios de abogados. Serán más de 20 instituciones, confirmaron a Infobae las fuentes consultadas. “Algo parecido a lo que está haciendo el Senado en las distintas comisiones, escuchando las opiniones de distintos referentes en el tema”, se precisó. Se cree que serían también abiertas a la comunidad -virtualmente- para darle transparencia a esos encuentros.

Uno de los puntos que aún queda por resolver es en qué orden comenzarán a abordar los temas de la agenda. Las cuestiones fijadas por el Ejecutivo son cinco: la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la implementación de los Juicios por Jurados a nivel nacional, el Ministerio Público y la transferencia competencias a la Ciudad de Buenos Aires.

Por lo pronto, según dijeron a Infobae las fuentes consultadas, todos los juristas opinarán sobre todos los temas. “No es que habrá una subcomisión que abordará tal temática, y después la llevará al resto. Acá participan todos”, señalaron. “Todas las reuniones serán plenarias”, acotó otro de los integrantes.

Según lo acordado, a las reuniones ordinarias, de martes y sábados, se sumarán reuniones extraordinarias en las que será invitadas más de 20 instituciones y la propia Corte Suprema. Como la comisión fue creada para el asesoramiento del Poder Ejecutivo, será el propio Ejecutivo el que se encargará de girar las invitaciones.

A la presentación de juristas que hizo Alberto Fernández en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el Ejecutivo había invitado a los ministros de la Corte. Sin embargo, la única asistente fue Elena Highton de Nolasco. Los otros cuatro integrantes -dos de los cuales estaban en Santa Fe, donde viven- faltaron a la cita: Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. Su ausencia fue leída como un desplante de cara a la creación de la comisión de juristas que no había sido vaticinada ni siquiera informalmente.

Crítico del funcionamiento de la justicia federal, el jefe de Estado decía hace unos meses en declaraciones periodísticas que la Corte Suprema no necesitaba reformas, pero recientemente incluyó al máximo tribunal en sus cuestionamientos: aseguró que, más allá del número de miembros, “la Corte está funcionando mal”.

Coordinados por el abogado Fabián Musso -director del BICE-, la comisión está integrada por los abogados Carlos Beraldi –defensor de Cristina Kirchner–, León Arslanian –ex juez del juicio a las Juntas y ex ministro de Justicia–, Andrés Gil Domínguez –el constitucionalista que participó del debate de Ley de Medios ante la Corte por el grupo Clarín–, Gustavo Ferreyra –allegado a Eugenio Zaffaroni– y Marisa Herrera –especialista en derecho de familia–. También están los ministros de las cortes locales Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), Omar Palermo (Mendoza) María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) e Inés Weinberg de Roca (Capital Federal que, además, fue la candidata a la Procuración General postulada por Mauricio Macri). Y Enrique Bacigalupo, un ex juez en España, donde vive hace 40 años luego de exiliarse en los años 70.

A partir del 18 de agosto, tendrán 90 días para evaluar sus propuestas que se adoptarán por “mayoría de la totalidad de sus miembros”. El que opine diferente podrá hacer su dictamen en disidencia y dejar planteada sus recomendaciones. El Ejecutivo les pidió tener en cuenta la cantidad de recursos y las partidas presupuestarias, además de los proyectos presentados en la última década.