Se reanudó el juicio por enriquecimiento ilícito de Ricardo Jaime

El ex secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner es acusado por cuatro casos de corrupción

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Cerca de las 16 de ayer se reanudó el juicio oral y público en el que a Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner es acusado por cuatro casos de corrupción entre ellos su enriquecimiento ilícito. El juicio contra el primer ex funcionario kirchnerista que admitió haber cobrado coimas de empresarios había empezado en abril de 2019 y se había suspendido por la pandemia de coronavirus.

El Tribunal Oral Federal 6 retomó el juicio de manera remota a través de la plataforma Jitsi Meet. Los jueces titulares Julio Panelo, Fernando Canero y José Martínez Sobrino y el cuarto masgistrado Ricardo Basílico estuvieron conectados desde sus respectivos hogares. Lo mismo sucedió con la fiscal Gabriela Baigún y con los defensores de los varios imputados en el caso. Ninguno de los acusados dio el presente a la audiencia vía remota.

El juicio remoto por el enriquecimiento de Jaime.
El juicio remoto por el enriquecimiento de Jaime.

Cuando comenzó la audiencia se produjo una situación un tanto insólita. El defensor oficial de Jaime en el juicio oral Eduardo Chittaro leyó un mail le había enviado el abogado particular del ex funcionario, Claudio Trugman, quien lo defiende en otro caso por corrupción: el de la Tragedia de Once.

Chittaro leyó el siguiente mail: “Desde la cárcel Ricardo Raúl Jaime me pide que me dirija a Ud. Y en nombre de él le pida que tenga bien hacer saber a los defensores de Jaime ante el TOF Nº 6:

1) Que pidan la suspensión de la prosecución del juicio inclusive de la audiencia que en su trámite fue convocada para hoy (por ayer).

Esto hasta que:

a) Se resuelva la situación irregular de los dos abogados acogidos a la jubilación como magistrados que siguen actuando como jueces del TOF Nº 6.

b) Cese su situación de detenido en cárcel porque por edad y estado de salud es persona en riesgo para el caso de contraer COVID-19 y mientras este injusto se mantenga debe evitar y evitarse, excepto razones de orden biológico, su salida a espacios carcelarios compartidos (por caso el lugar en la cárcel destinado a videoconferencias) atento a los casos de COVID-19 que como los de ayer muestran que el virus del COVID-19 comenzó a circular entre los detenidos de Ezeiza.

2) Que hagan saber al TOF Nº 6 que al convocarlos a comparecer en un ámbito contraindicado para preservarse o preservarlo del COVID-19 atenta contra su derecho de defensa.

3) Que se comuniquen con él oportunamente para facilitarle la defensa material que debe ejercer en las causas más allá de la defensa formal que ellos ejercen en su nombre. Que no está teniendo una comunicación aceptable con los abogados que lo están defendiendo ante el TOF Nº 6.”

La situación era muy extraña. El ex abogado de Jaime en el juicio por cuatro casos de corrupción les habían transmitido a los defensores oficiales el desacuerdo del imputado con el modo en que lo estaban defendiendo. Daniel Ranuschio, adjunto de Chittaro planteó que se sentían bajo “violencia moral” por lo manifestado en el mail y pidió que se suspendiera la audiencia hasta tanto se resolviera el entuerto.

Un rato antes Jaime había declinado a través de un texto manuscrito enviado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) de asistir vía teleconferencia desde la cárcel de Ezeiza a la audiencia de reanudación del juicio. Según explicaron fuentes judiciales, Jaime dijo que no quería avalar el juicio al que considera ilegal. Pero nada había dicho sobre su defensa.

La semana pasada había presentado otro manuscrito en el que decía que “Habiendo sido informado por el defensor oficial Dr. Daniel Ranuschio de lo resuelto por ese Tribunal, en cuanto a la convocatoria a una audiencia el próximo lunes 3 de agosto, para continuar con el juicio al suscripto, pongo de manifiesto lo siguiente: rechazo en forma terminante que la continuidad del juicio se realice de manera virtual ya que se vulnera derechos constitucionales de la defensa en juicio, habida cuenta que estoy con prisión preventiva, prorrogada a cinco años por este Tribunal, lo cual ha impedido tener contacto con los defensores oficiales, a lo que se suma el aislamiento por la pandemia del COVID-19. Agrego que la única comunicación es por vía telefónica. Quiero dejar expresado que no puedo ser juzgado por aquellos que ya no sean jueces, conforme lo instituye la ley 27.546″.

Presentación manuscrita de Jaime.
Presentación manuscrita de Jaime.

De esta manera Jaime reiteraba un pedido que fue rechazado. Considera que dos de los jueces del TOF 6 (Martínez Sobrino y Panelo) que se jubilaron y fueron convocados para continuar con los juicios que ya se habían iniciado, no pueden juzgarlo. Ese planteo fue rechazado por el Tribunal y la apelación está en Casación.

Ante los pedidos de Jaime y de los defensores oficiales (que representan al ex funcionario y a alguno de sus testaferros) el juicio pasó a un cuarto intermedio. Los jueces resolvieron la continuidad y aclararon que todos los planteos que había hecho Jaime ya habían sido resueltos. Ahora serán los defensores oficiales los que tendrán que hablar con Jaime para saber si siguen a cargo de las múltiples defensas en el juicio.

Una vez que el juicio comenzó hubo que conectar a la testigo que abrió la audiencia y que estaba en una oficina del juzgado federal 3 de la provincia de Córdoba. Es que el juicio se había suspendido cuando se estaba analizando la situación de uno de los bienes que incorporó Jaime a su patrimonio a través de testaferros: el hotel Saint Tropez de la ciudad cordobesa de Carlos Paz.

La sociedad que compró el hotel se llama Lago Azul y sus accionistas eran Alfredo Pielach y Lisandro López. Ambos son ejecutivos de la empresa TEBA, a cargo de la explotación de la Terminal de Ómnibus de Retiro, propiedad de Néstor Otero, quien le pagó varias coimas a Jaime. Por una de ellas, el alquiler del departamento donde vivía el ex funcionario, Jaime fue condenado en 2015, antes del cambio de gobierno y antes de que el kirchnerismo descubriera la palabra “lawfare” para explicar algunos casos de corrupción.

Pielach y López, que no tenían inversiones en el negocio hotelero y no tenían relación con Córdoba compraron un hotel. La sociedad puso como domicilio la casa de Julieta Jaime, una de las hijas del ex funcionario. Y la hija, según varios testimonios, quedó al frente de la explotación del negocio hotelero. Los investigadores creen que el hotel-negocio adecuado para el lavado de dinero- fue otra de las coimas que Jaime recibió de Otero.

La testigo que declaró desde Córdoba es Marcela del Valle Desantis. Había sido la contadora de la sociedad que compró el hotel. Dijo muchas veces “no recuerdo” y “pasaron muchos años”. Tiene razón en lo segundo al menos: la operación del hotel comenzó en 2007/2008 y se extendió hasta que el caso fue revelado por el diario Clarín en 2010.

Desantis fue la contadora y dijo haber sido contratada por Pielach para hacer la liquidación de sueldos, de impuestos y llevar la contabilidad de una “empresa chica”. Dijo que Julieta Jaime “era como que gerenciba el hotel”. Aunque se encargó de remarcar que la provisión de dinero para lo que fuere necesario la hacía Pielach. La contadora se enmarañó a la hora de describir las tareas de la hija de Jaime, nexo entre los ejecutivos de Otero y el por entonces secretario de Transporte de la Nación y quien debía controlar el buen funcionamiento de la Terminal de Retiro.

Aseguró -después de decir que “era como que gerenciaba”- que Pielach le había dicho que la joven Jaime lo iba a ayudar en “desarollo turístico y en la parte comercial”. Dijo que conoció a Julieta Jaime una vez que fue al hotel y que la hija del ex funcionario les daba “instrucciones a los empleados”. El hotel tuvo “cuatro o cinco” empleados que fueron indemnizados cuando Pielach y López-teóricamente- vendieron el hotel en 300.000 dólares . Los empleados no tenían cuenta sueldo y cobraban en efectivo. Cuando el dinero de lo que recaudaban no alcanzaba, Pielach mandaba cheques.

Para la fiscalía, según fuentes judiciales, la hipótesis sobre la propiedad de Jaime del hotel Saint Tropez, está prácticamente corroborada. Falta que declare una testigo para cerrar ese capítulo sobre uno de los bienes que Jaime compró con dinero producto del pago de coimas. La audiencia finalizó dos horas después de iniciada luego de unos pocos contratiempos técnicos que fueron rápidamente superados. La semana que viene se analizará otro de los bienes que sumaron los testaferros de Jaime: una casa en el country Cuatro Hojas de Mendiolaza, Córdoba.

En en el mismo juicio oral y público se tratan otros tres casos. Uno –cuyos testigos ya declararon ante el TOF 6- es sobre una defraudación cometida en el ferrocarril Belgrano Cargas por la que está acusado el ex secretario de Transporte y personas vinculadas a la empresa.

Otro caso es por el uso de autos de propiedad estatal para beneficio personal en el que está acusado Jaime y ex director del OCCOVI Claudio Uberti, quien en el Caso Cuadernos admitió haber cobrado coimas y repartido durante los años que fue funcionario público.

El último de los capítulos del juicio es tal vez el más relevante desde el punto de vista de la utilización de los fondos del estado que usó la secretaría de Transporte cuando estuvo a cargo de Jaime. Esa repartición dependía del ministerio de Planifiación que manejó Julio De Vido. Tanto De Vido como Jaime deben enfrentar el juicio oral y público acusador por haber decidido la millonaria compra de trenes chatarra a España y Portugal. Se compró material rodante que buena parte no funcionaba y se sospecha que en la operación se pagaron coimas.

De Vido también pidió que no se reiniciara el juicio de manera virtual. Pero su planteo también fue rechazado y ayer se reanudó.

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