
Alberto Fernández y Martín Guzmán chatearon y hablaron por celular durante todo el día para llegar a una conclusión inducida por la lógica financiera de Wall Street: no quedaba otra alternativa que extender los plazos de negociación de la oferta oficial, frente a la escasa adhesión de los bonistas que proponen una mínima mejora para cerrar un acuerdo que evite un nuevo default de la Argentina.
La Argentina necesita un porcentaje de aceptación que oscila entre el 66 y el 85 por ciento de los acreedores privados, y la iniciativa oficial apenas habría alcanzado un porcentaje que no llega al 40 por ciento de adhesión. En este contexto, Alberto Fernández y Guzmán tenían dos alternativas: declarar desierto el canje y marchar rumbo al default, o extender la oferta para continuar una negociación que ya está en un punto muerto.
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Si no hay un golpe de timón en Olivos, el Presidente ordenará a su ministro de Economía que anuncie la extensión de la oferta hasta el 28 de agosto. Será la enésima prórroga comunicada por Guzmán, que en esta oportunidad vencía el 4 de agosto.
La propuesta oficial establece una diferencia de casi tres dólares menos respecto a la contraoferta de BlackRock y sus aliados. Alberto Fernández ratificó en la quinta presidencial que “no cederá” ante los planteos de los fondos de inversión. Y eso significa que Guzmán ampliará los plazos de negociación sin incluir un nuevo anabólico en la oferta destinada a satisfacer los intereses de los acreedores privados.
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La negativa del Gobierno argentino a mejorar su propuesta de reestructuración de la deuda implica que nada cambiará hasta el próximo 28 de agosto. Es decir: con la extensión del plazo, Alberto Fernández y Guzmán exhiben su voluntad de negociar. Pero esa voluntad es un gesto fútil, si no hay una aproximación al Valor Presente Neto (VPN) de los bonos que reclaman los acreedores privados.

La reticencia de Alberto Fernández para mejorar la oferta pone en jaque su relación política con la Casa Blanca, el G20 y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Donald Trump y los organismos multilaterales consideran que la negociación emprendida por Argentina puede ser tomada como un leading case a nivel global, y asumen que ya es momento de “bajar el martillo”. Una diferencia menor a tres dólares -analizan en Washington- no puede enterrar un movimiento geopolítico que atraviesa el Salón Oval, la Unión Europea, el Vaticano y los principales resortes de poder en DC.
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En Wall Street entienden la estrategia del Presidente, y están dispuesto a acortar las puntas para un acuerdo inmediato. Pero hay un intríngulis de difícil resolución: Guzmán tiene la orden de no negociar, los acreedores están hartos del ministro de Economía y Larry Fink, CEO de BlackRock, no puede llegar a Olivos para tener un mano a mano -vía zoom- con Alberto Fernández.
Fink cree, y así lo transmitió a la Casa Blanca y al Departamento de Estado, que si el Presidente acepta su llamado desde New York, la negociación se cierra cuando concluye el Zoom entre los principales protagonistas de la reestructuración de la deuda externa.
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Alberto Fernández aprovechará el fin de semana para repasar su propia estrategia de negociación. Abrió la mano para acercar posiciones, y al otro lado del tablero, los bonistas de Wall Street replicaron la movida y achicaron sus pretensiones. Sin deal exitoso, el país enfrentaría una compleja situación a nivel global, y con el FMI y el Club de Paris aguardando para cobrar los miles de millones de dólares que se deben pagar en 2021.
Todo depende del Presidente. Acordar o caer en default. Y ya no se trata de plazos. Se arregla con dólares.
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