Tres jueces de Comodoro Py defendieron sus traslados y rechazaron los argumentos del Gobierno

Tres de los 10 jueces que son objetados por el oficialismo por sus traslados a tribunales en los que no fueron elegidos rechazaron hoy las objeciones en notas ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, que hoy tratará el tema. Se trata de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, los tres magistrados de Comodoro Py que están siendo criticados.

Los tres tienen algo en común: la causa de los cuadernos de la corrupción en la que está imputada la vicepresidenta Cristina Kirchner. Bruglia y Bertuzzi integran la Cámara Federal y allí confirmaron el procesamiento de la ex Presidente. Y Castelli es integrante del Tribunal Oral Federal 7 que tiene para hacer el juicio del caso.

En las notas que hoy presentaron ante la Comisión de Selección del Consejo, presidida por la diputada Graciela Camaño, los tres jueces defendieron sus traslados, señalaron que se cumplieron con la norma vigente del momento y que tuvieron el respaldo de la Corte Suprema.

El oficialismo, a través de Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, presentó un informe en el que objetó el traslado de 10 jueces federales que mayormente se hicieron durante el gobierno de Mauricio Macri. Cada uno tiene distintas objeciones, pero sostuvieron que sus traslados no fueron aprobados por el Senado, que la Constitución la incluye en le proceso de selección de los jueces.

Bruglia y Bertuzzi integran el Tribunal Oral Federal 4 y desde allí fueron trasladados a la Sala I de la Cámara Federal, donde se revisan todas las causas de corrupción.

“El informe de Ustarroz es falso”, sostuvo Bruglia. Explicó que en 2018 la Corte Suprema dictó la Acordada 7 en la que avaló su traslado sin pasar por el acuerdo del Senado. “Concretamente, ese Máximo Tribunal expresó con relación a mi situación que tratándose de un traslado dentro del fuero federal, con la misma competencia o similar, no correspondía un nuevo acuerdo ni la intervención del senado”, sostuvo el juez. Así, agregó que “no puede un representante del Poder Ejecutivo tener una opinión distinta a la que la Corte ya expresó, pretender una revisión por el Ejecutivo o por el Legislativo, sin medir las consecuencias de un eventual conflicto de poderes”.

Por su parte, Bertuzzi también citó la acordada 7 para señalar que no necesitaba pasar por el Senado. Su caso tiene una doble objeción: primero su traslado en 2010 de un Tribunal Oral Federal de La Plata a Comodoro Py y después a la Cámara. El camarista señaló que en los dos casos se cumplió el régimen vigente. También criticó al Consejo: “Evidencian la clara intención de un proceder que no se encuentra previsto en ninguna de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el funcionamiento del Consejo”. Y les pidió a los consejeros que “eviten un pronunciamiento que pueda resultar ilegítimo, arbitrario y abusivo”.

Tanto Bruglia como Bertuzzi señalaron en sus notas a la que accedió Infobae que sus traslados son actos firmes que no pueden ser revisados por el Consejo. Desde el oficialismo sostienen que la acordada de la Corte obliga a completar el trámite de nombramiento en el Senado.

Por su parte, Castelli sostuvo que su traslado se ajustado a la normativa y a resoluciones de la Corte Suprema, que se trataba de un “atropello constitucional” la revisión de su traslado y que iba a recurrir a los tribunales locales e internacionales si se lo sacaba del cargo.

El juez señaló en su escrito que acudía a la Comisión de Selección “a fin de que detenga y archive el atropello constitucional iniciado por esa Comisión”. La objeción que el oficialismo le hace al traslado de Castelli es que en 2018 pasó del Tribunal Oral Federal 3 de San Martín al Tribunal Oral Federal 7 de la ciudad de Buenos Aires cuando las jurisdicciones son distintas y que para eso no contó con el acuerdo del Senado.

La respuesta de Castelli fue que cuando se hizo el traslado cumplía con los requisitos que fijaba el reglamento en ese momento, que ya había hecho dos pedidos de traslado a Comodoro Py cinco años antes y que no había sido objetados por la Cámara Federal de Casación Penal, su superior. También que la Corte Suprema en sus acordadas 4 y 7 estableció que entre tribunales federales no se requería la aprobación del Senado y que en los dos años que lleva en el tribunal 7 no recibió la objeción de ninguna parte por el traslado. Además sostuvo que la decisión generó efectos jurídicos “con pleno cumplimiento del principio republicano de publicidad”.

“Se están agregando requisitos que no existían al momento en que ese Consejo dispuso mi traslado a dicho Tribunal, y, por tanto, se están violentando gravemente principios generales del derecho de larga prosapia como lo son la irretroactividad de la ley y el respeto a las situaciones jurídicas consolidadas”, sostuvo en la nota a la que accedió Infobae. Allí, el magistrado usó varias frases duras para rechazar las objeciones del oficialismo: “descarnada postura”, “tropelía constitucional”, “irresponsabilidad institucional”, “embate a este magistrado”.

Tanto Castelli como Bertuzzi adelantaron que acudirán a la justicia nacional e internacional si se los remueve del cargo. “He de aclarar que de ningún modo estas presiones afectan mi trabajo cotidiano en mi rol de impartir justicia humana con templanza, prudencia y coraje; como tampoco lo lograron en su momento las amenazas de muerte sufridas, ni el ataque incendiario al tribunal donde presté funciones hasta hace dos años, o las pedradas o insultos ante fallos adversos de algunas personas, etc. Creo, más bien, que son gajes del oficio”, sostuvo Castelli.

Por otra parte, tanto Castelli como Burglia criticaron a Alberto Lugones, presidente del Consejo, Además, Bruglia recusó a Lugones para que intervenga en el caso y adelantó que lo denunciará judicialemente.

Lugones criticó la semana pasada los traslados, dijo que no se cumplieron con los requisitos de la Constitución Nacional y que buscaba defender la independiente del Poder Judicial. También que los jueces de la Cámara Federal entraron a ese cargo por la ventana.

“Lo que más llama la atención respecto de su postura es que se esté contribuyendo a poner en jaque nada menos que a los principios fundamentales de la judicatura, de la que, no olvidemos, también forma parte el señor consejero, que ni siquiera requirió licencia en sus funciones jurisdiccionales para actuar de este modo abusivo en perjuicio de sus pares”, dijo y recordó un hecho ocurrido hace cuatro años: “Por ello, me avergüenza profundamente haber recibido al ahora consejero y titular del organismo en mi despacho, luego del brutal ataque incendiario contra el Tribunal Oral Federal N° 3 de San Martín, en plena democracia, ocurrido aquel 13 de octubre de 2016, que aún no arrojó sospechosos, pese a la pesquisa y recompensa ofrecida entonces por el Poder Ejecutivo para dar con sus autores materiales e intelectuales”.

Por su parte, Bruglia dijo que Lugones “se ha manifestado públicamente en forma totalmente despectiva y soez hacia este tema que me compromete” y adelantó que lo denunciará. Y explicó su pedido de recusación: “Esta basada en sus manifestaciones, de gracioso poco creíble, respecto a que nos sacaron de adentro de una palangana o que entramos por una ventana. Con el solo empleo de esas expresiones, que exclusivamente hablan mal de él mismo, y no diré por qué para no ofender, no ha hecho más que demostrar su favoritismo esmerado y esperanzado en logros mayores”.

El Consejo tratará mañana el tema de los traslados de jueces. Lo hará primero en la Comisión de Selección y luego en el plenario del organismo. El oficialismo busca enviar al Poder Ejecutivo una opinión de que el proceso de traslado está incompleto y que le falta la aprobación del Senado, donde el oficialismo tiene los votos para aprobar o no a los jueces cuestionados y que vuelven a sus tribunales de origen.

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