El Gobierno ya tiene listo el DNU que prorrogará nuevamente por otros 60 días la prohibición de los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor.
El decreto, que fue redactado por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, fijará de esta forma que la prohibición de los despidos llegará hasta el 30 de septiembre próximo. Y fuentes de la cartera laboral no descartan que vuelva a prorrogarse si la aguda crisis económica producida por la cuarentena obligatoria, sobre todo en el AMBA, se prolongara.
Los fundamentos del nuevo decreto serán los mismos que en los casos anteriores (el primer DNU rigió desde el 1° de abril y el segundo, desde el 1° de junio): se dictará en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar el coronavirus.
La norma también extenderá por dos meses la prohibición de efectuar suspensiones por los mismos motivos, aunque quedarán nuevamente exceptuadas las suspensiones que sean pactadas individual o colectivamente u homologadas por la autoridad de aplicación en el marco de los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
En línea con este último punto, la UIA y la CGT probablemente prorroguen también el acuerdo firmado para facilitar las suspensiones de personal sin tareas con el pago de un 75% del sueldo neto, lo que dio lugar a numerosos acuerdos de empresas y sindicatos con un tope de descuento salarial.
Se espera que, como en los decretos anteriores, el nuevo DNU establezca que los despidos y suspensiones que se produzcan a pesar de la prohibición “no producirán efecto alguno, y se mantendrán vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”.
La prohibición de despidos fue decretada inicialmente a fines de marzo, luego de que el presidente Alberto Fernández cuestionara públicamente a los empresarios que decidieron echar a trabajadores en medio de la pandemia y el parate económico producto de la cuarentena obligatoria.
Además de la prohibición de los despidos, el Gobierno dispuso otras medidas para ayudar a mantener los empleos, como el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que entrará en su cuarta etapa y que cubrirá el salario complementario de trabajadores del sector privado para los sueldos de julio, que incluirá a los sectores productivos afectados por la pandemia en todo el país, tomando en cuenta su localización geográfica: está destinado para las zonas donde aún rige el aislamiento, como AMBA y Resistencia, y para los sectores críticos en cualquier lugar del país.
En la Casa Rosada estiman que en total hubo 310 mil empresas que recibieron al menos un ATP, con pagos por casi 93 mil millones de pesos y 2,8 millones de asalariados beneficiarios.
Pese al auxilio estatal, la vicejefa de Gabinete de la Nación, Cecilia Todesca, advirtió que las consecuencias de la pandemia en la Argentina serán muy difíciles: “El golpe sobre la economía es muy duro. La pobreza, el desempleo y la destrucción de empresas van a observar datos muy fuertes, de una crisis inédita. Van a empeorar, eso va a suceder, lo decimos con toda claridad”.
Si bien no se habló de este tema, la CGT expresó su preocupación por la caída del empleo durante la videollamada que mantuvo este martes con los dueños de las grandes compañías del país agrupadas en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), con quienes coincidieron en que “el país necesita que la actividad privada tenga un mayor despliegue” y acordaron instrumentar “un espacio permanente para seguir trabajando en conjunto y elaborar propuestas razonables que ayuden a dar un rumbo”.
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