Marcela Losardo, Gustavo Béliz y Vilma Ibarra lograron unos días más para trabajar el proyecto de reforma judicial que están elaborando a pedido del Presidente que, ansioso, esperaba entregarla hoy mismo en el Congreso. Con muchos hilos sueltos, Alberto Fernández aceptó que se necesitaba más tiempo de trabajo y anunció a su equipo más cercano que “sí o sí” la semana próxima tiene que estar listo para trabajar en lo que sigue, la estrategia para aprobarla.
Aún no se definió si habrá presentación oficial o el texto ingresará directamente para ser discutido en el Parlamento. En principio, no hay nada previsto pero -como sucede bajo esta Presidencia- todo es dinámico y puede cambiar en cualquier momento.
Tampoco se dio precisiones acerca de si optarán el ingreso por el Senado o por Diputados, decisión que se dejará para último momento. En Diputados, el bloque opositor ya le hizo saber al titular de la Cámara, Sergio Massa, que no está dispuesto a tratar la reforma judicial en forma virtual, lo que indicaría que el acuerdo que ayer alcanzó el oficialismo en el Senado facilitaría que el proyecto ingrese por ahí.
“Alberto considera que necesita un paraguas institucional para encarar el tiempo que viene, que arranca con la pospandemia, un nuevo contrato que garantice eficiencia, independencia y seguridad jurídica, fortaleciendo un sistema que recupere legitimidad pública en tiempo signado por la desconfianza y la intervención de intereses privados en la vía judicial”, dijo un amigo del Presidente que no está involucrado directamente en la reforma, pero que lo conoce bien.
Nadie tiene los detalles de lo que se viene, aunque hubo trascendidos que Infobae adelantó. Entre temores, suposiciones e intrigas, lo único que dejan saber desde la Residencia de Olivos es que “el texto está en manos de la Ministra de Justicia, del Secretario de Asuntos Estratégicos y de la Secretaria Legal y Técnica, y tienen la orden presidencial de no dejar que nada trascienda, mandato que sabemos que van a cumplir a rajatabla”.
Agregan que los tres, por su lado, ni siquiera pidieron ayuda de sus propios asesores. “Tienen un largo camino recorrido y la solvencia técnica suficiente, como para que no necesiten conversar más que entre ellos y con el Presidente”, se explicó.
Solo con esto hay algunas pistas o conclusiones que pueden sacarse. Primero, si grupos formales o informales de jueces, fiscales o abogados quieren incluir su visión de las cosas, solo pueden enviarle comentarios a los tres responsables. Segundo, la posibilidad de que el virtual viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, haya intervenido en el proyecto de reforma judicial está claramente subestimada en el entorno presidencial, a pesar de que es lo que circuló en los últimos días. Tercero, si el Presidente quiere conocer la opinión de algún referente en especial, será convocado convocado en los próximos días.
Este último punto es crucial. La presencia en Olivos del abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina Fernández de Kirchner, fue motivo de suspicacias. Hasta se barajó su nombre como parte de una comisión asesora para reformar la Corte Suprema, donde finalmente llegarían las apelaciones que él mismo impulsaría ante la posibilidad de que la Vicepresidenta fuera condenada.
Cerca del Presidente, sin embargo, niegan que algo así pueda ser posible. “Alberto quería conocer su opinión sobre el estado de los juicios contra Cristina, lo que es lógico, se trata de la Vicepresidenta, pero no es su intención ofrecerle nada parecido”, aseguró un funcionario.
El lunes o el martes, si no pasa nada nuevo, se conocerá finalmente el proyecto que el Presidente prometió el 10 de diciembre, en su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa, promesa que ratificó al abrir las sesiones ordinarias. “La pandemia retrasó todo, pero ya es hora de que nos pongamos en marcha”, es lo que se comenta hoy en Olivos.
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