El proyecto de moratoria para reestructurar el pago de deudas impositivas y previsionales que el Poder Ejecutivo envió al Congreso daría hoy el primer paso para la media sanción: el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, convocó a los diputados a una reunión para las 11 con el objetivo de firmar dictamen favorable para intentar llevarlo al recinto el jueves y votar la media sanción.
Desde la oposición el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, aseguró que la ampliación de la moratoria impositiva “va a salir”. Aún así Juntos por el Cambio anticipó que insistirá con una serie de modificaciones. En principio hay consenso para que se pueda avanzar en el recinto en sesión especial antes del fin de semana y hasta podría haber acompañamiento en general.
Desde el radicalismo hubo objeciones de los cordobeses. Mostró resistencia la senadora Laura Rodríguez Machado y en Diputados el jefe del bloque de la UCR y del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri. “La moratoria es necesaria para ayudar a los que están padeciendo la pandemia. Pero hace ruido el premio a quienes se apropiaron de fondos del Estado, se le den facilidades de pago y se los termine eximiendo de las acciones penales por apropiación indebida”, consideró en alusión a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Souza de Oil Combustibles.
Según explicó el oficialismo, la ampliación de la moratoria beneficiará tanto a personas humanas como a empresas en el marco de la emergencia por el COVID-19. Alcanzará una deuda total de $ 534.000 millones y se pensó para incluir quienes quedaron fuera del régimen establecido en la Ley de Solidaridad Social del mes de diciembre.
El texto apunta que se podrán adherir quienes tengan las deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2020 aunque la primera cuota tendrá como fecha de vencimiento el 16 de noviembre.
La tasa de interés se fija en 2% mensual hasta enero de 2021 para luego pasar a una tasa variable en pesos. Los planes de cuotas estarán entre 96 y 120 según la dimensión de cada empresa o persona pero se reducen a plazos de 48 o 60 cuotas para las deudas de seguridad social.
El diputado Luciano Laspina economista y ex presidente de esta comisión por el PRO, lleva adelante la estrategia opositora sobre la base de cinco puntos:
En primer lugar, Juntos por el Cambio reclama un “premio” a contribuyentes cumplidores hasta la fecha y también incentivo/premio por seguir al día hasta fin de año. “Hay que hacer un reconocimiento a todos aquellos que han hecho un gran esfuerzo, a los buenos pagadores”, señaló el radical Atilio Benedetti, integrante de la comisión. El entrerriano manifestó también que su bloque coincide con que hay que tener una moratoria “amplia” y “generosa”, términos que la semana pasada utilizaron el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont al defender la iniciativa en un intercambio con legisladores.
El segundo punto que plantea la oposición es excluir el Impuesto a las Transferencias de los Combustibles (ITC); el tercero es extender el plazo hasta el 31/07; el cuarto eliminar la excepción de incorporar a empresas en quiebra sin continuidad de operaciones y finalmente evaluar una reforma transitoria de la ley de quiebras que evite “una masacre de empresas en los próximos seis meses”.
“Hay deudores que tiene mayor espalda y deudores más débiles. Por eso hacemos la distinción para las micro, pequeñas y medianas empresas respecto a las condiciones para las grandes empresas”, explicó sobre la ampliación Marcó del Pont, en la reunión de comisión del jueves pasado.
Kulfas indicó que la ley “es de vital necesidad para pensar la economía de la post pandemia” y que “hay que darle una oportunidad a todos los que están caidos” mientras que Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, consideró que “la moratoria es una herramienta para volver a crecer”. Subrayó que la moratoria “permite que desde una gran empresa hasta el último monotributista social, puedan acceder a un programa de facilidades que involucra más de $ 500 mil millones que los argentinos van a poder regularizar frente al fisco”.
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