Un funcionario de Seguridad dijo en el Congreso que el ciberpatrullaje en redes sociales terminará cuando concluya la pandemia

“No existe la figura de intimidación” y “se protege la libertad de expresión”, aseguró el secretario de Articulación Federal, Gabriel Fuks, ante la Comisión de Seguridad a la que asistió después de que los diputados de la oposición pidieran información sobre el ciberpatrullaje. El funcionario subrayó que el protocolo de aplicación de la resolución 144 especifica que se debe “evitar el autocontrol y autocensura” por lo que se prohíbe expresamente buscar en las redes sociales información vinculada con la filiación política o religiosa o sobre protestas e incluso sobre las personas. “Se buscan elementos de preocupación por la pandemia”, apuntó respecto al grooming o delitos contra niños o adolescentes, entre otros.

“Muchos de los temas que la resolución 31 criminalizó”, repitió varias veces en referencia a lo que está prohibido pero que se aplica desde el 2018. Precisamente durante gran parte de su presentación comparó la política instrumentada por Patricia Bullrich con la que impulsa su sucesora Sabina Fréderic. Descartó por ejemplo que pudiera iniciarse una causa contra un joven que se exprese en contra del Presidente. No lo dijo pero hacía alusión a un caso sucedido durante la gestión anterior. Tampoco podría detenerse, como se hizo este año, a un joven que ‘bromeó' con los saqueos.

“Tanta literatura que ha habido sobre este debate ameritaba claridad”, destacó Fuks luego de enumerar los puntos del protocolo que sustentan sus argumentos. Admitió además que la frase de la ministra Fréderic respecto a “medir el humor social” fue “una frase poco feliz”. Insistió en que “la resolución 31 no estaba en los papeles, estaba escondida, sino hubiera sido derogada la primera semana, era secreta”, además de que consideró que planteaba “una lógica de enfrentamiento y de enemigos”.

El debate, moderado por Paula Penacca, presidenta de la comisión por el Frente de Todos, continuó con una denuncia del riojano Julio Sahad (Juntos por el Cambio). Aislado en un hotel de su provincia por ser COVID-19 positivo reclamó que frente a su casa se colocó una cámara de vigilancia lo que “no es usual en La Rioja” y responsabilizó al gobernador peronista Sergio Casas. Se solidarizaron con él diputados de la oposición pero también algunos oficialistas como Mara Brawer quien dijo que “nadie tiene que ser espiado”.

Entre las críticas, el radical Jorge Enríquez contó que se comunicó con el ex secretario de Seguridad Eugenio Burzaco para desmentir que estuviera “oculta” la resolución 31. Y pidió que el ciberpatrullaje “debe estar reglamentado por el Poder Legislativo y quedar en manos del Poder Judicial”.

Brawer le reprochó la criminalización de la protesta durante la gestión de Cambiemos. “Llevar el número de teléfono de un abogado para ir a una marcha lo volví a hacer durante el gobierno de ustedes”, manifestó y agregó que “nos seguimos preguntando por qué un joven que fue a una protesta terminó ahogado en un río”. Y citó el reclamo de celeridad judicial del ex diputado del PRO Nicolás Massot como víctima “de espionaje ilegal” entre 2015 y 2019.

Nicolás del Caño, de la izquierda, coincidió con el Frente de Todos en sus reproches a la gestión de Bullrich aunque se manifestó en contra del ciberpatrullaje.

“Los mismos que se escandalizan con una desaparición forzada no ponen el mismo énfasis para discutir otras” advirtió el radical Carlos Fernández mientras que por la Coalición Cívica la diputada Mónica Frade también mencionó al joven Facundo Castro, un joven desaparecido en Bahía Blanca dos meses atrás. “Están blanqueando la posibilidad de hacer inteligencia”, salió al cruce el mendocino Luis Petri de Juntos por el Cambio quien defendió la resolución 31 que tenía “un objeto delimitado, vinculado a delitos federales”.

Entre los artículos que destacó Fuks del protocolo de ciberpatrullaje, se destacan:

-Principio de necesidad. Sólo podrán efectuarse tareas de prevención del delito con uso de fuentes digitales abiertas en los casos en que ello sea el medio más adecuado para el objetivo buscado.

-Principio de protección de la razonable expectativa de privacidad. Las tareas de prevención deberán omitir aquellas conductas susceptibles de ser consideradas regulares, usuales o inherentes al uso de Internet y que no evidencien una intención de delinquir. Asimismo, se descartará toda posibilidad de acumulación de registros relativos a las personas, debiéndose proceder a su efectiva destrucción luego de concluida la actividad preventiva.

-Principio de protección de los datos personales. El personal policial interviniente deberá ajustarse a lo normado en la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326, con particular atención respecto de aquellos datos considerados sensibles, que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual; y de las publicaciones efectuadas por niñas, niños y adolescentes.

-Principio de protección de la libertad de expresión. Los indicadores establecidos para las tareas de prevención del delito con uso de fuentes digitales abiertas cuidarán de no implicar una afectación a la libertad de expresión garantizada por los principios y normas constitucionales y convencionales y por los estándares elaborados por sus respectivos órganos jurisdiccionales de aplicación. Las tareas de prevención policial se llevarán a cabo con las salvaguardas necesarias para evitar el autocontrol discursivo y la autocensura resultantes de una vigilancia masiva, genérica e indiscriminada, de modo que se preserve el debate plural y el intercambio democrático de las ideas.

-Principio de no criminalización de las protestas en línea. La protesta a través de redes sociales no formará parte de ningún indicador delictivo establecido para las tareas de prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas.