
La situación de las pymes en el país es cada día más compleja. Con más de cien días de cuarentena, generada para combatir el avance del coronavirus en Argentina y, principalmente en el AMBA, donde el Gobierno decidió endurecer el aislamiento a partir de esta semana, las pequeñas y medianas empresas recibieron un golpe tan fuerte que, en algunos casos, fue mortal. Muchas tuvieron que bajar las persianas y otras tantas acumularon deudas de servicios, alquileres y proveedores.
En ese contexto, el radicalismo presentó un proyecto de ley para condonar las deudas en servicios de las pymes, ya sea en forma parcial o total, con el fin de generar un alivio a aquellas empresas que en los últimos tres meses no pagaron ni luz, ni agua, ni gas, ni impuesto inmobiliario como una estrategia para tratar de subsistir frente al parate productivo y económico.
El proyecto lleva la firma del diputado nacional Emiliano Yacobitti y fue acompañado por los legisladores de UCR-Evolución Carla Carrizo, Dolores Martínez, Gonzalo del Cerro, Federico Zamarbide, Claudia Najul y Juan Martín. En el documento, los diputados piden que la condonación de la deuda sea desde el comienzo del aislamiento obligatorio, es decir desde el 20 de marzo, y hasta que finalice definitivamente de la cuarentena.
“Las cuentas siguen llegando y la cuarentena se sigue extendiendo. Necesitamos que el Estado genere un impasse con respecto a las tarifas hasta que termine la cuarentena. Sino la mayoría de las pymes van a terminar cerrando. No pueden aguantarlo”, reflexionó Yacobitti, en diálogo con Infobae, sobre la necesidad de que el proyecto avance y el gobierno nacional lo considere.
El legislador radical sostuvo que “el apoyo del Estado tiene que ser más grande a medida que pasa el tiempo” porque “no se puede pedir a una pyme que se endeude a una tasa baja para pagar facturas de servicios públicos”. En esa línea, agregó: “Sino los ayudamos de esta forma, lo que vamos a hacer es ponerle una mochila de piedras a las pymes que quieren seguir trabajando”.
En el proyecto los legisladores radicales consideran que “la merma de la actividad económica y la limitación en la circulación de personas afecta fuertemente los ingresos y perjudica a muchos trabajadores y trabajadoras, micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME), industriales, que no pueden realizar sus actividades laborales como de costumbre. Además, advierten que “los grandes centros urbanos del país serán los que sufrirán el ASPO más prolongado y rígido, tanto por cantidad de casos como por aglomeración, densidad y tránsito”.
“El impacto económico, en particular, en las MiPyME es considerable e indiscutible. Según un informe especial del Observatorio PyME (FOP) se estima que desde inicio de mayo el porcentaje de las MiPyME no operativas disminuyó 15 puntos (pasando de un 40% a un 25%), lo que implica que 77 mil empresas reabrieran sus puertas y 279 mil asalariados se reincorporaran a sus trabajos”, explican en el proyecto que fue presentado en el Congreso.

Sin embargo, destacan, “entre las MiPyME no operativas sólo el 20% de ellas podrá́ pagar más del 60% de los costos operativos y obligaciones del mes de mayo. Asimismo, afirma que el costo de la inactividad de este segmento empresarial se estima en 82 millones de dólares diarios y 8% de las empresas está considerando cerrar sus puertas con una pérdida de empleo potencial en 263 mil puestos de trabajo”.
Los legisladores destacan que el Gobierno implementó medidas para alivianar la situación de las empresas, pero consideran que en este momento del aislamiento son insuficientes. “Sin perjuicio que la suspensión temporaria de los cortes fue celebrada por el sector, esta sólo aplica a la falta de pago de hasta 3 facturas consecutivas o alternas, desde el 25 de marzo hasta el 21 de septiembre de 2020. Por lo que resulta evidente que, ante la inactividad y recesión económica actual, las deudas simplemente se postergarán, superando los 3 meses y acumulándose en el tiempo junto con intereses”, indicaron.
Yacobitti sostuvo que el estado debe poner en la balanza la realidad económica y no dejar caer las pymes, ya que reincertarlas será una tarea muy compleja. “De la pandemia vamos a salir, del encierro también, por eso necesitamos tener fuerte nuestro tejido empresarial para poder empezar a crecer después de esto”, afirmó el legislador a este medio.
Antes de presentar el proyecto, el dirigente radical tomó contacto con dueños de pymes que están atravesando una situación complicada. En ese sentido, contó que la realidad con la que se encontró es desesperante para mucho de los empresarios. “Lo primero que encontrás es, como mínimo, la baja de un 50% en las ventas. Salvo un nicho muy particular que son las empresas que están vinculadas a la tecnología. Para el resto, la caída de las ventas es gigantesca”, resaltó.

El legislador también hizo hincapié en que el problema que hoy sufren las pymes es solo un eslabón de la cadena. En muchos casos los dueños de esas empresas dejan de pagarles el alquiler a los dueños de los locales que alquilan y estos dejan de pagar otros insumos porque la cadena de pago se rompió. “Tenemos que hacer todo lo posible para reducir los efectos de esta situación. El Estado tiene que saber que no les podés cobrar el ABL u otros servicios a las empresas que están en esta situación, por lo menos hasta que vuelvan a funcionar”, señaló.
“Con el fin de contener la grave emergencia económica y social, sugerimos al Gobierno Nacional contemple la realidad que atraviesan las MiPyME y se implementen las acciones necesarias para evitar la acumulación de deudas de servicios públicos que se transformen en impagables, generando el cierre de uno de motores de nuestra economía y se pierda la fuente de trabajo para miles de habitantes del país”, fue el pedido de los legisladores radicales en el proyecto presentado en el Congreso y que esperan que sea considerado por el oficialismo en el corto plazo.
Yacobitti dejó en claro el objetivo del proyecto en una sola frase: “Tenemos que condonar las deudas que se generaron desde que arrancó la cadena de pagos hasta ahora. Son deudas injustas porque no le podes cobrar a alguien sino puede desarrollar su actividad económica. Si el Estado no las condona, las va a terminar absorbiendo el más débil que, en este caso, el que hace el esfuerzo por mantener una empresa abierta”
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