Tres meses después del decreto de Alberto Fernández que determinó la cuarentena obligatoria para mitigar la pandemia de COVID-19, unos 300.000 argentinos que estaban varados en el exterior pudieron regresar a la Argentina. Pero aún falta que vuelvan al país 18.000 personas que no recibirán la misma ayuda que hasta ahora ofreció el Estado con vuelos humanitarios. El Gobierno entiende que no se fueron por turismo antes del cierre de fronteras.
El dato de los argentinos que aún están varados surge de un pedido de informes que hizo a la Cancillería la organización Amnistía Internacional, al que accedió Infobae. En el informe se desprende que aún no han regresado a la Argentina unas 1.438 personas que se encuentran en países de Asia y Africa; 6.700 que están en Europa; 5.281 en América del Sur; 1.839 en América Central, Caribe y México y 2.569 en América del Norte.
Según los datos oficiales que aportó el Ministerio de Relaciones Exteriores, de las 18.000 personas que buscan regresar al país el Estado asistió financieramente a 2.916 que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esto es: que no tienen lugar dónde vivir, les faltan alimentos, se quedaron sin empleos o becas de estudio o se quedaron sin dinero para comprar remedios. Todo esto lo deben justificar bajo una declaración jurada y un extenso formulario que piden las embajadas argentinas en el exterior.
Pero la ayuda estatal a las 18.000 personas que quieren volver a la Argentina finalizará ahí por una explicación oficial que genera controversias: la totalidad de los que están varados aun en el exterior por la pandemia no son turistas, carecían de pasajes de regreso, la gran mayoría estaba residiendo en el exterior por trabajo o estudios y un porcentaje mínimo son extranjeros que tenían residencia de trabajo en la Argentina.
“La Cancillería sólo asistirá a aquellos argentinos que no tengan solvencia y así lo demuestren. Pero no pagará pasajes o vuelos humanitarios como hizo hasta ahora porque los que quieren volver ahora se encontraban como residentes en el exterior. Se buscará la manera de que puedan regresar en vuelos comerciales costeándose sus pasajes”, dijo a Infobae un funcionario de la Cancillería.
De esta manera, la cartera que conduce Felipe Solá ratificó que el Gobierno no tiene un plan de repatriación de esos 18.000 argentinos más allá de las negociaciones que se están realizando con algunas líneas aéreas para que se habiliten los vuelos a Buenos Aires. Hasta ahora sólo se podrían hacer vuelos humanitarios o de empresas bajo autorización del Gobierno aunque a las empresas aéreas no se les permite vender pasajes por las barreras sanitarias impuestas en las fronteras.
Por lo pronto, la Cancillería anunció ayer siete vuelos humanitarios o especiales que traerán a casi 1.700 argentinos en los próximos días. Así, vendrán vuelos de Madrid, Cancún, Miami, Amsterdam y Roma. Todos esos vuelos fueron acordados siguiendo las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud para evitar la propagación del coronavirus en nuestro país y en el marco del esquema de repatriaciones. En el aeropuerto de Ezeiza no pueden ingresar más de 500 pasajeros por día por disposiciones sanitarias.
El Jefe de Gabinete del canciller Solá, Guillermo Justo Chaves, destacó que las restricciones impuestas en las fronteras tuvieron su efecto: “Los casos importados de COVID- 19 bajaron al 2,8%. Si pensamos que al comienzo eran del 100%, entonces podemos decir claramente que fue acertada y exitosa la política adoptada en relación a las restricciones de ingresos desde el exterior. Se justificó la espera y el esfuerzo realizado por nuestros compatriotas ya que el virus prácticamente dejó de ingresar por Ezeiza”, dijo.
Chávez también explicó que “hay cada vez menos argentinos que quieren regresar y muchos que regresan por razones de trabajo o estudio”.
La polémica
Mariela Bielski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, le dijo a Infobae que la posición del organismo internacional que representa “es que el gobierno argentino debe asegurar que las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia del COVID-19 no resulten en la negación de ningún derecho a sus ciudadanos o residentes, sin importar en dónde se encuentre la persona o el tiempo o las razones por las cuales se encuentra fuera del país”.
A la vez, Bielski añadió que tal como lo manifestó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su resolución 1/2020, los Estados deben garantizar el derecho de regreso y la migración de retorno. “Los principios de igualdad y no discriminación deben guiar la actuación de los países y el objetivo de todas las políticas y medidas que adopten en este contexto de emergencia sanitaria”, dijo la directora de Amnistía.
En tanto, el diputado Luis Petri (UCR), quien fue uno de los que más se ocupó del caso de los varados durante la pandemia, aludió al artículo 2 del decreto 331/2020 que firmó el presidente Alberto Fernández para establecer el programa de repatriación de los argentinos en el exterior.
En ese artículo se señala que “con el fin de que procedan a establecer los cronogramas pertinentes y a coordinar las acciones necesarias para posibilitar el ingreso paulatino al territorio nacional de las personas residentes en el país y de los argentinos y argentinas con residencia en el exterior que no hayan podido hacerlo (…) se determinarán los corredores seguros aéreos, fluviales, marítimos y terrestres que reúnan las mejores condiciones sanitarias y de seguridad, en el marco de la pandemia de COVID-19, prestando especial atención a las personas pertenecientes a grupos de riesgo, conforme lo define la autoridad sanitaria”.
En este sentido, Petri destacó que “estamos hablando de argentinos en el exterior a los cuales no les permite volver al país, ni les dan un cronograma de repatriación que les garantice un horizonte de certidumbre respecto de su retorno. El país decidió cerrar sus fronteras impidiendo el ingreso por vi terrestre, marítima y aérea y no ha establecido corredores sanitarios seguros para su ingreso”.
El legislador radical resaltó que muchos de los 18.000 argentinos aun varados en el exterior se encuentran en países que no representan un riesgo sanitario y aun así han mostrado sus deseos de regresar a la Argentina.
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