El mensaje 39 del año 2020 es breve. En sólo cuatro líneas el presidente Alberto Fernández propone al Senado de la Nación la designación de Cristina Caamaño Iglesias Paiz para el cargo de directora general de la Agencia Federal de Inteligencia, la ex SIDE.
El texto está fechado en el día lunes 22. Fue firmado por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, recién por la noche y hoy fue remitido al Congreso de la Nación.
El mensaje cumple así con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520 y sus modificaciones que establece que el Senado debe dar su acuerdo a la designación, como ocurre con embajadores políticos. Es el mismo tratamiento que para el cargo de procurador general aunque no requiere los dos tercios de los votos que el oficialismo tiene y la razón por la que aún espera el pliego para ese puesto del juez Daniel Rafecas.
La propuesta no es una sorpresa. Caamaño ya es interventora del organismo desde diciembre. Presidenta de la agrupación Justicia Legítima, cercana al kirchnerismo, tuvo a cargo el Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (Dicom) durante la administración de la procuradora general Alejandra Gils Carbó. El gobierno de Mauricio Macri pasó las escuchas de ese ámbito al de la Corte Suprema de Justicia que luego designó a la Cámara Federal porteña para que se hiciera cargo. Lo hizo a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 256/2015 a finales de diciembre de 2015, decreto que el Frente de Todos puso en debate en el Senado en los últimos días. Fue el inicio del quiebre del diálogo político entre el oficialismo y la oposición. Juntos por el Cambio reclamó que sólo podían tratarse, tal como fuera acordado, iniciativas vinculadas con la pandemia, pero el Frente de Todos siguió adelante. Por ahora sólo lo votó en contra una cámara, para su rechazo se requiere el voto en contra de las dos.
Es en ese contexto de ofensiva tanto en el Congreso como ante la Justicia que llega el pliego al parlamento para su aprobación.
Además del debate de aquel viejo DNU, la interventora Caamaño denunció ante la Justicia la posible comisión de delitos por parte de sus antecesores, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, e incluso pidió incluir al presidente Mauricio Macri. Aportó sobres y fichas con información y un disco rígido de una computadora que consideró que contiene pruebas de espionaje ilegal a periodistas y dirigentes políticos.
En paralelo a esas denuncias y la consecuente investigación judicial, el kirchnerismo activó en el Congreso la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia que preside el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau y que integran legisladores de la Cámara baja como Cristian Ritondo y Sebastián García de Luca, del PRO: Pamela Verasay de la UCR, y Rodolfo Tailhade del Frente de Todos, y senadores muy cercanos a la ex presidenta Cristina Kirchner como Oscar Parrilli y Martín Doñate. La Bicameral está escuchando testimonios de ex agentes que dicen haber participado de espionaje ilegal al Instituto Patria, de CFK, y a dirigentes políticos incluso del macrismo, como Diego Santilli, Emilio Monzó y Cristian Ritondo.
La comisión de Acuerdos que debe tratar el pliego de Caamaño está presidida por Anabel Fernández Sagasti, la senadora por Mendoza más cercana a Cristina Kirchner y quien tenía preparado el por ahora demorado proyecto de expropiación de Vicentin.
De todos modos, el Gobierno no tiene apuro. La semana pasada el Presidente extendió la intervención a través del Decreto 540/2020. Continuará por 180 días desde el 20 de junio hasta el 17 de diciembre pero finalizará en forma anticipada si el Senado da su acuerdo antes de esa fecha. Caamaño deberá llevar adelante una reforma profunda del sistema de espionaje y transparentar las funciones y gastos, según la promesa que hizo Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa el 1° de marzo.
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