El documento “profético” del caso Vicentin que 103 movimientos sociales le llevaron a Alberto Fernández

El 2 de junio, exactamente una semana atrás, el presidente Alberto Fernández recibía en la Casa Rosada a Esteban “Gringo” Castro, el líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que le llevaba un documento revelador o “profético”, como lo calificaron ahora, que planteaba, entre otros puntos, “la soberanía alimentaria” bajo el mandato de “declarar de interés y utilidad pública aquellos sectores económicos que resulten centrales para enfrentar la crisis alimentaria”.

El documento, que fue adelantado la semana pasada por Infobae, contó con el aval de 103 movimientos sociales y el Presidente lo recibió con el compromiso de “darle empuje”, como lo admitió el propio Castro al salir de aquella reunión a solas en el despacho presidencial.

Si bien el texto no hablaba del caso puntual de Vicentin y el tema de expropiar esa empresa no figuró en la charla de Alberto Fernández con el líder de la UTEP, lo cierto es que la idea de avanzar en la “soberanía alimentaria” ya estaba presente en los planes del Presidente y los movimientos sociales con amplios detalles de operatividad.

“Sería erróneo pensar que por el documento que le llevamos al Presidente se decidió avanzar con la expropiación de Vicentin. Nosotros sólo le llevamos ideas. En tal caso, ese documento fue profético”, explicó Castro a Infobae.

Puntualmente, el documento bastante controvertido y amplio que llevaron 103 movimientos sociales, bajo el título de “Manifiesto nacional por la soberanía, el trabajo y la producción”, cuenta con 9 puntos para avanzar en un cambio radical en la economía de la Argentina en tiempos de post pandemia.

El punto 1 de este texto se denomina “soberanía alimentaria”. Pero hay otros ejes relacionados con: Soberanía Monetaria y Financiera; Soberanía Fiscal; Soberanía Productiva; Soberanía Energética; Soberanía Marítima; Piso de Ingresos Garantizado y Acceso a la Vivienda Digna y Planificación Territorial.

Ayer, la mayoría de los movimientos sociales alineados con el Gobierno y aquellos que son más críticos avalaron el plan de Alberto Fernández para avanzar con Vicentin. Es lógico: en el documento que le llevaron al Presidente se planteaba que “la soberanía alimentaria requiere independizar a la producción, el transporte y la comercialización de alimentos de las cadenas globales de especulación financiera”.

A partir de allí, plantea que para esto es necesario “en la esfera de la producción: impulsar la creación de un millón de chacras mixtas combinadas con la industrialización del campo, planificada y federal”. Para los 103 movimientos sociales firmantes “esto daría soberanía alimentaria regional y capacidad de exportación de alimentos sanos, saludables, con trazabilidad y artesanales, que es lo que la Argentina y el mundo demandan actualmente y a futuro”.

En la esfera de la logística, el texto plantea “dar prioridad en el abastecimiento a la pequeña producción de cercanía”. Y en relación al eslabón de comercialización dice que “se debe garantizar el comercio justo”. Para esto, creen que es necesario en el mercado interno “reemplazar al capital concentrado extranjero preponderante en los supermercados, por capital público que garantice el abastecimiento justo”. Y en el mercado de exportación de alimentos sostiene que “es necesario declarar de interés y utilidad pública aquellos sectores económicos que resulten centrales para enfrentar la crisis alimentaria”.

Por ello, se plantea que “se impone la necesidad de una empresa estatal con capacidad reguladora de los precios internos”. El texto no menciona a Vicentin pero la metodología de avance sobre el sector privado exportador de granos estaba prevista con claridad.

No obstante, Gildo Onorato, del Movimiento Evita, expresó a Infobae que en un documento previo al que le llevaron al Presidente se había mencionado en detalle el caso Vicentin pero que en la redacción final se sacó para “no puntualizar un caso particular donde se hace necesaria una intervención estatal como medida lógica”.

Castro aseguró que durante el encuentro a solas con Alberto Fernández en la Casa Rosada hace una semana no se habló de caso Vicentin, pero aclaró: “El tema de la soberanía alimentaria estaba presente en el texto y es compartido por el Presidente. En tal caso la idea de expropiación de Vicentin es para no perder fuentes de trabajo y entender que el problema alimentario es de todos los argentinos”.

Durante una entrevista que le hizo Ernesto Tenembaun hoy al jefe de Estado, este aclaró que la expropiación de Vicentin no fue idea de Cristina Kirchner y dijo: “Nadie puede pensar que nosotros tenemos como política quedarnos con las empresas privadas, esencialmente porque no creo en eso. La medida sobre Vicentin es algo absolutamente excepcional".

Aunque el documento de la UTEP y 103 movimientos sociales plantea un esquema permanente de “soberanía alimentaria” con la idea de “declarar de interés y utilidad pública aquellos sectores económicos que resulten centrales” como política de Estado, Castro detalló también que cuando habló con el Presidente propuso avanzar en la entrega de tierras del Estado a los movimientos sociales para la producción de alimentos.

“Hay millones de hectáreas en manos del Estado que no se usan y que los trabajadores de la economía popular podríamos usar para producir alimentos a bajo costo y más nutritivos para la gente que tiene hambre”, explicó el líder de la UTEP. También propuso usar en comodato las tierras estatales o dar créditos blandos a las cooperativas para comprar esos lotes de producción. El Presidente lo escuchó atento en este punto y se comprometió a avanzar en una solución al respecto.

En este sentido, se está trabajando en la idea de empezar con una experiencia piloto de entrega de tierras estatales. Es el caso del Movimiento Nacional Campesino Indígena que se encuentra hoy en Maipú, en Colonia Ferrari, a 15 kilómetros de la Ruta 2. Allí se producen 200 litros de leche por día, se elaboran quesos, hay producción de verduras y se plantea la idea de usar esas tierras estatales en el largo plazo.

Otros ejes del documento

Hay más puntos en el controvertido documento que le entregaron los movimientos sociales al Presidente. Por ejemplo, allí se plantea la idea de una “soberanía energética” que sostiene: “Recuperar el control sobre YPF y el proceso de distribución energética podría permitir volver a tener un sistema centralizado fundamental para pensar en un proyecto centrado en el desarrollo productivo nacional”.

No sólo ello. También se añade que “la estatización de las empresas de servicios públicos va a permitir un acceso democrático a la energía como derecho humano e insumo productivo estratégico”.

En cuanto a la “soberanía monetaria y financiera” el texto de los movimientos sociales que llevó Castro a la Casa Rosada asegura, entre otras cosas, que “el objeto de la emisión estatal no puede estar en manos, en última instancia, del poder discrecional de bancos privados y extranjeros regulados desde el exterior” y plantea “declarar al sistema bancario como servicio público”.

Cualquier semejanza con el caso Vicentin podría ser pura coincidencia. O, en tal caso, una muestra más de lo profético que puede llegar a ser un documento.

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