Alberto Fernández hace un delicado equilibro político entre la negociación con los bonistas y la defensa de Martín Guzmán que ha cedido poder interno a medida que enmienda y enmienda su oferta inicial y observa como Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa operan con autorización presidencial para acercar posiciones con los acreedores privados y evitar así una eventual demanda por default contra la Argentina.
El jefe de Estado respalda a su ministro de Economía, pero se puso al frente de las conversaciones con los fondos que invirtieron 66.000 millones de dólares en títulos soberanos. Intercambia opiniones con Cristina Fernández, Massa y David Martínez, CEO de Fintech y líder de un bloque de acreedores privados con activos importantes en el país.
Alberto Fernández asumió que debe ocupar el centro de la mesa de negociaciones y ya impuso su modalidad de trabajo al momento de ejecutar su poder institucional. Obligó al CEO de BlackRock, Larry Fink, a desplazar a su principal negociador latino porque ironizaba a Guzmán, y no dudó en discutir fuerte con Martínez -CEO de Fintech- cuando comprendió que la negociación no estaba fluyendo a su gusto y piacere.
Ese ímpetu presidencial no sólo aparece al momento de enderezar las conversaciones con los bonistas de Wall Street. Guzmán está bajo fuego amigo por la ausencia de resultados y su resistencia a tejer alianzas políticas en el Gabinete y en ambas cámaras parlamentarias.
Alberto Fernández conoce los cuestionamientos a su ministro de Economía, adentro y afuera del Gobierno, y no duda un segundo en comprometer su respaldo al negociador formal de la Argentina ante los acreedores privados. Ayer almorzó con Guzmán en la quinta de Olivos, y sentó a su lado a Roberto Lavagna, que se transformó en un mentor silencioso del académico formado en Columbia.
Hasta ahora, el ministro de Economía obtuvo menos del 20 por ciento de aceptación de los bonistas, una cifra que no bloquea un eventual juicio por default contra la Argentina. Para los títulos K -emitidos en 2005-, se necesita un 85 por ciento de adhesión, si se pretende cumplir con los niveles previstos para las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC´s). Y en el caso de los bonos M -lanzados en 2016-, se exige el 66 por ciento de adhesión de los acreedores privados.
Como está planteada la negociación con los fondos, Guzmán aún no tiene las mayorías necesarias para evitar que los tenedores de bonos K o M demanden al país, en caso de suspenderse las conversaciones por falta de acuerdo entre ambas partes.
Alberto Fernández no quiere caer en default y busca un deal que no implique un nuevo programa de ajuste. Por instrucción presidencial, el titular del Palacio de Hacienda modeliza ciertas enmiendas a su oferta primaria, pero aún no llega al número pedido por los acreedores privados: 53 dólares de Valor Presente Neto (NPV) por cada lámina de 100 dólares.
Guzmán está en 50 dólares “sucio” de NPV, y con el aval político de Alberto Fernández, negocia ciertas variables con un grupo de acreedores para tratar de cerrar un acuerdo robusto en los próximos días:
1. Pagar los intereses devengados del capital que vencen en 2020
2. Pagar cupón a partir de 2021
3. Incorporar en el prospecto del nuevo canje, la normativa que protege los derechos adquiridos de los bonistas 2005
4. Achicar al máximo la quita de capital
5. Eliminar el período de gracia
Alberto Fernández dialoga -directa o indirectamente - con tres grupos distintos de acreedores privados. A su favor ya cuenta con los bonistas que lidera David Martínez, y sabe que habrá conversaciones difíciles con los fondos encabezados por Monarch y BlackRock. Sin ellos, no habrá éxito en el canje y la sombra del default recorrerá la quinta de Olivos.
El Presidente, a priori, tiene una hoja de ruta para desembocar en un cierre ordenado con los acreedores privados. Su plan es negociar con los bonistas hasta el lunes 10, después firmar convenios de confidencialidad (NDA) por 72 horas al menos, y por último, registrar la oferta oficial enmendada en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), que ya debería estar consensuada con los fondos de inversión.
Alberto Fernández quiere anunciar la reestructuración de la deuda antes que concluya junio. Tiene a la Casa Blanca, el FMI, la Unión Europea, CFK, Massa e importantes referentes de la oposición -Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo- jugando a favor.
“Solo resta que Martín (Guzmán) patee bien el penal”, le dijo anoche a Infobae un importante miembro de gobierno que casi no duerme y es fanático del fútbol.
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