Movilidad jubilatoria: siguen los roces entre el oficialismo y la oposición sobre el cálculo del próximo aumento

La comisión que elabora la nueva fórmula decidió convocar a una serie de especialistas

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Marcelo Casaretto, diputado de Entre Ríos y presidente de la comisión mixta
Marcelo Casaretto, diputado de Entre Ríos y presidente de la comisión mixta

Es altamente probable que el próximo aumento jubilatorio vuelva a otorgarse vía decreto presidencial. En diecinueve días vence el plazo para que la Comisión de Movilidad Previsional y Regímenes Especiales Jubilatorios integrada por diputados, senadores y funcionarios del gobierno nacional acuerden una nueva fórmula después de que la Ley de Emergencia suspendiera por seis meses la ley de movilidad aprobada en la gestión de Mauricio Macri. Tra un acuerdo político se tomarán más tiempo para la definición. Esta tarde esa comisión avanzó apenas un paso más y se decidió convocar a una serie de especialistas para analizar el tema además de elevar a organismos públicos una serie de consultas para evaluar la sustentabilidad del sistema.

Desde Juntos por el Cambio aceptan extender el plazo para acordar una nueva fórmula y elevarla al Ejecutivo para su aprobación. Pero exigían que el próximo aumento se otorgue de acuerdo a la ley anterior que beneficiaría, sostienen, a los jubilados por considerar el índice de inflación para el cálculo. El Frente de Todos sostiene que en los hechos esa ley ya quedó en el pasado a partir de la Ley de Emergencia.

La fórmula de movilidad se caldula según la recaudación, los salarios y la inflación. Hoy, sostiene el oficialismo, la recaudación cayó, hay saliarios con recortes y la inflación es “irreal”. “Cualquier indicador que tomemos perjudica a los jubilados”, advierten sobre la coyuntura y sostienen que el objetivo de Alberto Fernández “es que el 75 o el 80% de los jubilados estén por encima de la inflación”. Es el concepto que buscan aplicar en los próximos aumentos.

En la reunión anterior los representantes del Ministerio de Trabajo prometieron enviar un proyecto de ley que actualice la ley de Emergencia o un nuevo DNU para prorrogar por 180 días el mecanismo actual, es decir que el ajuste lo defina Alberto Fernández en el marco del contexto actual de crisis por el COVID-19. Recuerdan que el primer aumento se dio a través de un monto fijo, en marzo se otorgó otro monto fijo más un porcentaje para todas las jubilaciones y ahora se dio un aumento de 6,12% para mantener la pirámide.

En estos días los legisladores del Frente de Todos creen que sería más fácil un decreto que extienda el plazo para la nueva fórmula por otros 180 días. El DNU requiere simplemente la ratificación de la Bicameral de Trámite Legislativo y el voto a favor de una de las dos cámaras lo que pondría a salvo las intenciones del Gobierno.

La grieta conceptual se notó ya en el inicio de la nueva reunión. Hubo algún cruce entre oficialismo y oposición. Diputados y senadores de Juntos por el Cambio llegaron con un listado de 23 preguntas para la directora de la Anses, Fernanda Raverta, que se sumó días atrás como miembro de la comisión. Raverta esta vez no participó porque a la misma hora presentaba en Casa Rosada el nuevo pago de la IFE en el marco de la pandemia. La defendió el senador cordobés Carlos Caserio quien planteó que la mayoría de las preguntas no tenían que ver con información necesaria para elaborar la fórmula de cálculo de las futuras jubilaciones. Finalmente acordaron que se enviarán al organismo las consultas vinculadas con el objeto de la comisión, es decir la nueva fórmula y el análisis de los cambios para regímenes especiales que podrían modificarse como ocurrió con el servicio diplomático y la Justicia.

Superado el primer intercambio, se consensuó la convocatoria a una serie de especialistas y para citarlos se facultó al presidente de la comisión mixta, el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos), ex ministro de Economía entrerriano. Sólo se puso una condición: que las exposiciones no se extiendan por más de veinte minutos y se ajusten al mismo tema.

El encuentro se realizó de manera remota y participaron los presidentes y vices de las comisiones de Presupuesto y Previsión de ambas cámaras: Carlos Heller, Hilda Aguirre, Caserio y Daniel Lovera por el Frente de Todos y Luciano Laspina, Alejandro Cacace, Luis Pastori, Belén Tapia y Esteban Bullrich por Juntos por el Cambio. En representación del Ejecutivo estuvieron conectados los secretarios de Políticas Tributarias, Roberto Arias, el de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Luis Bulit Goñi; y el jefe de Gabinete de Trabajo, Miguel Baelo. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, tiene la palabra final y para su tranquilidad hizo designar a Adriana Micale como secretaria técnica de la comisión que trabaja con Casaretto y con la vice designada, la senadora radical Tapia.

Entre los posibles invitados para la próxima semana se mencionó a representantes del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF); de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del CIPPEC y también de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).


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