La oposición impulsa un proyecto para prohibir que el Estado se quede con parte de las empresas a las que asiste por la pandemia

Luego de que la la diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos planteara que si el Estado continúa ayudando a grandes empresas sería “razonable” que obtenga a cambio “una participación en el capital” de esas compañías, legisladores de Juntos por el Cambio decidieron impulsar un proyecto para prohibir que el Estado se quede con parte de la empresas.

El legislador opositor Luis Petri presentó este miércoles un proyecto para prohibir que las ayudas que otorga el Gobierno puedan condicionarse a la participación en el capital social por parte del Estado. “El Estado involucrándose en los planes de negocios de las empresas y quedándose con parte de sus acciones a cambio de ayuda, atenta contra el derecho de propiedad, es una confiscación de bienes encubierta”, aseguró.

Además, manifestó que las declaraciones realizadas por Vallejos “no son aisladas y ha sido el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el que calificó como ‘interesante’ la idea de que el Estado se quede con parte de las empresas que asiste”.

“No vamos a permitir que, aprovechando el estado de necesidad, se vulneren los derechos consagrados constitucionalmente y, por ello, proponemos el presente proyecto de ley”, explicó Petri.

La iniciativa fue acompañada por los diputados Waldo Wolff, Alfredo Cornejo, Fernando Iglesias, Roxana Reyes, Ricardo Buryaile, Álvaro de Lamadrid, Jimena Latorre, Estela Regidor, Lidia Ascárate, Ximena García, Gonzalo del Cerro y Gabriela Lena.

Ante la emergencia sanitaria, Fernanda Vallejos consideró que el Gobierno tiene dos opciones: “Aplicar una política de transferencia de ingresos de carácter universal o asignar los recursos únicamente a quienes cumplen con ciertos criterios”. Como es sabido, el oficialismo optó por el segundo camino.

En esa línea, la diputada kirchnerista aseguró que el hecho de que varios grupos económicos que han solicitado ayuda estatal para pagar sueldos “han protagonizado distintos episodios de fuga de capitales” o tienen “sede en guaridas fiscales” vuelve necesario que el Gobierno revise los criterios utilizados hasta el momento para otorgar fondos de ayuda.

Según explicó, resulta “injusto” que empresas que cuentan con recursos propios y tienen “probada capacidad” para afrontar los salarios de sus empleados soliciten ayuda estatal.

Esos recursos, que no “alcanzan para todos”, deberían ser destinados prioritariamente a las jubilaciones, a ampliar la cobertura o el monto del IFE o a la asistencia a las empresas en verdaderas dificultades.