Tras el escándalo de los sobreprecios, Desarrollo Social ahora compró fideos y aceite por debajo de los precios máximos

Luego del escándalo de la compra de alimentos con sobreprecios, el Ministerio de Desarrollo Social volvió a comprar fideos y aceite, esta vez por debajo de los precios máximos mayoristas, tal como estableció una resolución del jefe de gabinete Santiago Cafiero que rige para todas las compras durante la pandemia. La cartera que conduce Daniel Arroyo compró 1.020.000 de paquetes de fideos (el 60% de lo solicitado) y 340 mil botellas de aceite de la marca Ideal (apenas un 30% de lo solicitado).

La compra de fideos fue adjudicada a las empresas Alimentos Fransro y Molinos Río De la Plata, una de las empresas productoras de alimentos que se sumó luego del escándalo y tras un pedido concreto del presidente Alberto Fernández, que ordenó priorizar a los productores en lugar de las intermediarias. “Se compró por debajo del precio máximo de $36,91”, dijo una fuente oficial sobre los fideos.

En el caso del aceite, la única empresa adjudicada fue Molinos, que vendió 340 mil botellas de 900 cc de la marca Ideal a $52, por debajo del precio máximo de $59,90. La contratación asciende a $17.680.000.

Si bien fuente oficiales habían adelantado a Infobae que ambas resoluciones aparecerían este jueves en el Boletín Oficial, solo se publicó la correspondiente a la compra de aceite, donde se aclara que no se pudo comprar 1.360.000 de envases de 900 cc, el 70% de lo solicitado.

Tal como se había anticipado, en las dos compras se presentó la empresa Copacabana, una de las empresas investigadas por la compra fallida, aunque sin una oferta concreta. Sería una jugada para un futuro reclamo legal porque la primera compra todavía no está caída desde el punto de vista administrativo.

Esa firma fue allanada hace diez días cuando se detectó que se estaba trasladando documentación desde sus oficinas en el barrio de Palermo. El operativo fue el primero de una serie de allanamientos pedidos por el fiscal Guillermo Marijuán y ordenados por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

Copacabana iba a cobrar $188 millones por la polémica compra directa que fue suspendida. La firma de la familia Assisa fue adjudicada en todos los rubros. En el caso del aceite, le iba a vender al Estado la botella de 1,5 litros de la marca “Indigo” a $166.58 a pesar que el productor de ese aceite declaró ante la Justicia que el precio era de $96, incluyendo los impuestos y el traslado. Copacabana también iba a vender 340.000 kilos de fideos semolados, de azúcar, de arroz y de lentejas.

Aunque ya pasó más de un mes desde el escándalo, el Ministerio de Desarrollo todavía no pudo comprar harina, arroz, azúcar y lentejas. Esas compras están en etapa de negociaciones, aseguran en esa cartera. Todas las ofertas se analizan con extremo cuidado. No hay margen para otro paso en falso.

También hay negociaciones para cerrar una compra grande de leche en polvo.

Avanza la investigación judicial por el escándalo

La investigación judicial por la primera compra de alimentos de $543 millones comenzó con una presentación de la abogada Silvina Martínez ante el fiscal Sergio Rodríguez. Para el fiscal, hubo sobreprecios y un perjuicio patrimonial para el Estado. “Conforme los términos de la denuncia presentada ante esta Procuraduría, como así también del análisis de los expedientes administrativos, emerge que estas contrataciones fueron adjudicadas a distintas firmas, las cuales, en general, cotizaron por encima del precio testigo proporcionado por la Sindicatura General de la Nación, y dejando de lado los precios máximos de venta establecidos por el propio Estado Nacional, ocasionando de esta manera un eventual perjuicio patrimonial al mismo”, dice la denuncia.

La causa ahora está delegada en el fiscal Guillermo Marijuán, que ya impulsó varios allanamientos en las empresas. El último fue en la empresa “Comercializadora del NOA SRL”, productora del azúcar “La Muñeca”. El fiscal sospecha que esa firma, que iba a vender su producto a través de dos intermediarias, conocía la maniobra y se benefició con la misma.

La Justicia trabaja sobre la hipótesis de una compra dirigida a un grupo reducido de empresas que están “en manos de dos o tres grupos de oferentes”: los dueños de Copacabana, el Grupo L y la familia Toscano, dueños de Alimentos Generales y Sol Ganadera. De hecho, cinco de las seis empresas beneficiadas en la primera compra pertenecen a esos grupos empresarios.

Hace dos semanas, en una ampliación de su denuncia, el fiscal Rodríguez detectó irregularidades en la compra de 680.000 kilos de harina de trigo, tipo 000. En ese proceso, también suspendido por una decisión del ministro Arroyo, fueron invitados los mismos grupos empresarios y finalmente se adjudicó a Alimentos Generales (familia Toscano) y Teylem (del Grupo L) por un total de $35.553.800.

El escándalo de los sobreprecios provocó la renuncia de 16 funcionarios de Desarrollo Social. El principal apuntado fue Gonzalo Calvo, que estaba a cargo de la Secretaría de Asistencia Crítica. Arroyo decidió poner en ese lugar a Erika Roffler, una funcionaria de su confianza que venía trabajando como jefa de su gabinete.

Los lugares vacantes ya se ocuparon, aunque casi todos los nuevos funcionarios esperan que su designación salga publicada en el Boletín Oficial. Por las demoras, hace pocos días recién salieron designaciones de algunos de los funcionarios que ya no están en Desarrollo Social.

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