Las empresas intermediarias que le vendieron alimentos al Estado por la emergencia sanitaria no habrían sido las únicas beneficiadas con los sobreprecios. La Justicia puso la lupa sobre una empresa productora del azúcar “La Muñeca”, que iba a vender 680 mil kilos a través de dos intermediarias. El fiscal Guillermo Marijuán sospecha que esa firma conocía la maniobra y se benefició con la misma. Por ese motivo, pidió allanar sus instalaciones.
Los operativos fueron ordenados por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y estuvieron a cargo de la Policía Federal. Según pudo saber Infobae de fuentes de la causa, se allanaron dos inmuebles de la empresa “Comercializadora del NOA SRL” en el Parque Industrial de Tigre y en la localidad de José León Suarez (San Martín).
El juez pidió secuestrar toda la documentación “vinculada con facturación, recibos, contratos y demás constancias que den cuenta de compra y venta de los productos alimentarios investigados como así también al secuestro de toda documentación que pudiera verificar la existencia de vínculos pre-existentes entre las firmas invitadas a ofertar en los expedientes de contrataciones públicas del Ministerio de Desarrollo Social”.
El rubro del azúcar tuvo a dos empresas adjudicadas: Alimentos Generales y Copacabana. Cada una iba a vender 340 mil kilos de la marca “La Muñeca”. Las empresas ofertaron $74,97 y $75,20, respectivamente, por cada bolsa de 1 kilo pese a que la SIGEN había cotizado la misma unidad en $58,49.
Durante la investigación preliminar, el fiscal Sergio Rodríguez le tomó declaración al socio gerente de la empresa productora, Carlos Lorenzatti, quien declaró que le habían vendido a Copacabana a $46,58, con impuestos incluidos, aunque la logística quedaba a cargo de la compradora. Son casi $30 de diferencia con el precio que iba a pagar el Ministerio que conduce Daniel Arroyo.
Rodríguez también detectó que Copacabana le había vendido a Desarrollo Social, en febrero de este año, el mismo azúcar a solo a $57,17. Menos de dos meses después, pretendía cobrar casi 20 pesos más. “No sólo el Ministerio de Desarrollo Social conocía el valor real del producto, sino que la empresa oferente tenía plena conciencia del abultado monto por el cual había ofertado, que se recalca, en clara sintonía con el resto de los oferentes y sobre todo el precio estimado por el Organismo al momento de lanzar la compra por emergencia”, destacó el titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.
Lorenzatti fue relevado del juramento prestado al declarar como testigo y quedó imputado, confirmaron fuentes de la investigación.
La semana pasada, Canicoba Corral y Marijuán ya habían allanado las seis empresas que fueron adjudicadas por Desarrollo Social y también le pidieron toda la documentación a esa cartera.
La compra directa de alimentos por 543 millones de pesos generó hasta ahora la renuncia de 16 funcionarios de la cartera que conduce Arroyo, incluyendo al ex director de Compras y Contrataciones, el contador Mariano Rueda, y a Gonzalo Calvo, que estaba a cargo de la Secretaría de Asistencia Crítica.
En su denuncia, Rodríguez sostuvo que hubo una compra dirigida a un grupo reducido de empresas que están “en manos de dos o tres grupos de oferentes”: los dueños de Copacabana, el Grupo L, y la familia Toscano, dueños de Alimentos Generales y Sol Ganadera.
También dio por probado que hubo sobreprecios en todos los rubros y un perjuicio patrimonial para el Estado.
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