Un audio enviado por el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CMP) reveló cómo es la estrategia de ese organismo de derechos humanos para lograr “la liberación de la mayor cantidad de personas detenidas posibles” en el marco de la pandemia de coronavirus.
La CPM, cuyo presidente es el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, es un organismo público autónomo y autárquico que promueve políticas públicas de memoria y defensa de los derechos humanos.
En el mensaje de voz al que tuvo acceso Infobae, se puede escuchar cómo Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, explica cuáles son las acciones concretas que están llevando adelante para lograr la liberación de los detenidos.
“El objetivo de la Comisión por la Memoria es trabajar por la liberación de la mayor cantidad de personas detenidas posibles”, afirma el abogado y psicólogo social. Luego, detalla que la CPM está presentando entre 120 y 150 pedidos de morigeración de prisión por día, al tiempo que también encabeza “litigios colectivos estratégicos”.
En esa línea, destaca haber impulsado, a través de una escrito ante la Cámara de Casación, la habilitación del uso de celulares para los detenidos para que puedan “conectarse con su familia”.
Por otro lado, Cipriano García reconoce que el proceso “no es fácil” debido a que el Poder Judicial es muy “conservador” y no se inclina a otorgar este tipo de medidas. Sin embargo, destaca la “voluntad política” del actual Gobierno provincial de “descomprimir el sistema penitenciario”.
Y aclara: “Eso no es menor, es muy importante esa decisión política por las acciones que se llevan a cabo y también por lo que se necesita hacer sobre el Poder Judicial para que liberen más personas”.
En términos concretos, desde el organismo relevaron que el sistema penitenciario venía creciendo en población a razón de 3800 detenidos nuevos por año, es decir, entre 350 y 400 por mes.
“A partir de enero de este año, desde esta gestión, se han ido del sistema penitenciario 2100 detenidos. Es decir, ha bajado la cantidad de personas detenidas”, afirma el abogado y remarca que “es la primera vez que la curva de prisionización empieza a descender en la provincia de Buenos Aires de 20 años a esta parte”.
A raíz de la epidemia de coronavirus, muchos detenidos se han manifestado en contra de las condiciones de hacinamiento en los penales y por la falta de medidas de higiene e insumos sanitarios.
De hecho, cientos han reclamado ser beneficiados con prisiones domiciliarias o liberaciones anticipadas, en un clima de tensión que se ha ido incrementando con el correr de los días. El miedo al contagio ya desencadenó dos motines -en la Unidad N°10 de Moreno o la N°23 de Florencio Varela- y llevó a 1200 presos a iniciar huelgas de hambre.
“Pedimos hisopado para toda la población. No nos condenaron a muerte, nos condenaron a las penas que estamos pagando”, dijo Carlos Ojeda, uno de los detenidos en Villa Devoto.
La CPM, que monitorea la sobrepoblación penitenciaria y las acusaciones de tormentos tras las rejas en la provincia, conocen de primera mano la situación y respalda los reclamos.
“Para nosotros es importante que las personas detenidas lleven adelante las acciones que consideren necesario (en referencia a las huelgas de hambre). Pero sí es importante que sea un proceso lo más pacífico posible, porque también es cierto que hay que dar una disputa hacia la sociedad para que entienda que las personas que están detenidas son las que más en riesgo están con el coronavirus y que es necesario rápidamente liberarlas. Por ahí estas situaciones de violencia no ayudan a que la sociedad apoye esa idea”, admite Cipriano García en el audio.
“Pero bueno, también entendemos la desesperación de las personas de la Unidad 10 que ante la falta de respuestas deciden apelar a esa medida (motín)”, concluye.
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