Lázaro Báez sumó otro juicio por la compra de un campo en Uruguay

El juez federal Sebastián Casanello cerró este martes la investigación y elevó a juicio oral la causa por la compra de un campo en Uruguay conocido como “El Entrevero”. Lázaro Báez será juzgado junto al abogado Jorge Chueco, el contador Daniel Pérez Gadín y el arrepentido Leonardo Fariña. También irán a juicio Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Dávila, el financista Santiago Carradori y Osvaldo Guthux.

Por ese campo de 152 hectáreas, ubicado entre José Ignacio y La Barra, se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños.

Fariña contó que se utilizó la sociedad uruguaya Traline SA (Maximiliano Acosta era el presidente y luego se otorgó un mandato de disposición general a Maximiliano Goff Dávila). Cuando ya se había roto la relación con el entorno de Báez, el campo quedó a nombre de otra sociedad de nombre Jumey SA, presidida por Pérez Gadín.

Por esta operación millonaria, Fariña también fue aceptado como arrepentido tras un acuerdo con el fiscal Guillermo Marijuán y tras un pedido expreso de su defensa.

Al momento de pedir la elevación a juicio, el fiscal Guillermo Marijuán sostuvo que Báez “impartió las órdenes y encomendó a los sucesivos administradores de esos fondos –Fariña y luego Pérez Gadín y Chueco– aplicarlos en el proyectado desarrollo inmobiliario en la costa uruguaya”. Sobre Goff Dávila, entendió que “tuvo una participación sumamente activa en el negocio, debido a que intervino como articulador de la inversión, buscó al escribano, adquirió una sociedad con acciones al portador, ubicó en su presidencia a Acosta, coordinó las reuniones con el vendedor y para la firma de los documentos de seña, compromiso de compraventa y prórrogas de pagos parciales”.

Otro actor fundamental de la maniobra fue Santiago Carradori. “Cumplió un papel fundamental en el despliegue del proceso de blanqueo de dinero de origen ilícito al intervenir directamente en la realización de ciertos pagos a través de cuentas abiertas en bancos suizos y españoles”, describió el fiscal cuando reclamó la elevación a juicio.

Aunque habrá un juicio oral, es muy difícil que la Justicia argentina pueda recuperar los fondos invertidos porque un sector del campo ya fue rematado por el Estado uruguayo luego de que la Dirección General Impositiva (DGI) de ese país ganó un juicio por las deudas fiscales que arrastraba la propiedad.

Báez actualmente está siendo juzgado por la llamada “ruta del dinero K” donde ya acumula dos pedidos de condenas a nueve y ocho años de prisión por lavado de dinero.

También deberá afrontar otro juicio en la causa conocida como M&P. En este expediente se investigaron maniobras realizadas con empresas fantasma para inyectar dinero en Austral Construcciones a través de otra firma de Báez, entre los años 2015 y 2016, con el fin de eludir los embargos que pesaban sobre empresas y miembros de la familia del empresario.

Báez sigue detenido en la cárcel de Ezeiza. Hace una semana, la Justicia rechazó un pedido de prisión domiciliara de su defensa, que había subrayando sus problemas de salud, su edad de “riesgo” y el peligro de que se contagie coronavirus en prisión.

“La mera invocación de la defensa de encontrarse su asistido dentro de la población de riesgo que al efecto determinaron las autoridades médicas internacionales, por sí misma, no puede constituir un argumento suficiente para modificar el estado de encierro en el que se encuentra el imputado Báez. Se dijo además que, en un plano netamente conjetural, en el supuesto de verificarse un caso de coronavirus dentro del ámbito del pabellón en que el mismo se encuentra detenido, también podrían adoptarse medidas alternativas al arresto domiciliario que pretende la defensa, tales como el realojamiento de los demás internos o el aislamiento de aquellos enfermos”, contestaron los jueces Néstor Costabel, Daniel Obligado y Jorge Gorini, en calidad de integrantes del Tribunal Oral Federal 4.

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