Lázaro Báez fue procesado por la compra de un campo en Uruguay y le trabaron un embargo de más de $ 9.000 millones

El juez Sebastián Casanello procesó este martes, con prisión preventiva, al empresario Lázaro Báez por la compra de un campo en Uruguay y le embargó sus bienes en más de 9 mil millones de pesos. También procesó al abogado Jorge Chueco, al contador Daniel Pérez Gadín, y al arrepentido Leonardo Fariña, entre otras personas.

Por ese campo, de 152 hectáreas, ubicado entre José Ignacio y La Barra, se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños.

Fariña contó que se utilizó la sociedad uruguaya Traline SA (Maximiliano Acosta era el presidente y luego se otorgó un mandato de disposición general a Maximiliano Goff Dávila). Cuando ya se había roto la relación con el entorno de Báez, el campo quedó a nombre de otra sociedad de nombre Jumey SA, presidida por el contador Daniel Pérez Gadín.

“Lázaro Báez, en su carácter de propietario del dinero de procedencia ilícita insertado en el mercado, impartió las ordenes y encomendó a los sucesivos administradores de esos fondos -Fariña y luego Pérez Garín y Chueco- aplicarlos en el proyectado desarrollo inmobiliario en la costa uruguaya”, dice la resolución de más de 100 carillas.

Por esta operación millonaria, Fariña fue aceptado como arrepentido en los últimos días tras un acuerdo con el fiscal Guillermo Marijuán y tras un pedido expreso de su defensa, a cargo de Roberto Herrera y Mariano Di Giuseppe. “Fariña ya había sido aceptado como arrepentido en 2016 en la causa que está en juicio pero no estaba contemplado este hecho”, explicó Herrera.

En la misma resolución, a la que accedió Infobae, Casanello procesó a Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Dávila, al financista Santiago Carradori, Antonio de Marco, y a Osvaldo Guthux. Pero todos ellos sin prisión preventiva.

“Los mencionados, a sabiendas, actuaron en pos de concretar un negocio de dimensiones millonarias -recordemos que resulta una estancia de 152 hectáreas con un potencial de obtención de ganancias exorbitantes- en el cual cada uno tuvo un beneficio económico, es decir, ninguno intervino de manera gratuita, en lo que resultaba ser una inversión de 14 millones de dólares comandada por un joven de 23 años como representante de un grupo inversor”, resume el fallo.

El juez también les impuso la prohibición de salida del país sin autorización judicial, comparecer ante el tribunal cada 15 días, y la obligación de no ausentarse por más de 24 horas sin previo aviso.

En el caso de Goff Dávila, el juez le otorgó un rol protagónico: “Tuvo una participación sumamente activa en el negocio, debido a que intervino como articulador de la inversión, buscó al escribano, adquirió una sociedad con acciones al portador, ubicó en su Presidencia a Acosta, coordinó las reuniones con el vendedor y para la firma de los documentos de seña, compromiso de compraventa y prórrogas de pagos parciales”.

Si lo procesamientos se confirman, todos los procesados podrían ser juzgados en un nuevo juicio oral por el delito de lavado de dinero.

La Cámara Federal había avalado en las últimas horas la investigación ante un planteo de la defensa de abogado Jorge Chueco, que pretendía que la compra del campo se juzgará dentro del juicio de la ruta del dinero K, ante el TOF 4.