El Consejo de la Magistratura pedirá fondos al Gobierno y a la Corte para pagar salarios y gastos corrientes

El Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la administración de los recursos del Poder Judicial, le pedirá al gobierno nacional y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación ayuda para afrontar el pago de los sueldos y de los gastos de la justicia ante. Así lo aprobó hoy el plenario del cuerpo ante la proyección de la falta de recursos por la crisis sanitaria del coronavirus.

“El Poder Judicial no va a funcionar de acá a dos meses”, dijo el presidente del Consejo, Alberto Lugones, en la reunión que los 13 integrantes tuvieron por videconferencia y que se transmitió por la página web del organismo.

La discusión central de la reunión fue el informe financiero del Consejo. La conclusión, en base a los números que expuso el administrador general Carlos Bedetta, es que a partir de junio no tendrán más recursos para el pago de los sueldos y para los gastos corrientes, que además aumentaron. A eso se suma que el cuerpo deberá afrontar los gastos de las herramientas tecnológicas para garantizar el funcionamiento de manera digital ante las medidas que redujeron la presencia de personal en tribunales. Así se lo pidió la Corte Suprema cuando esta semana aprobó el uso de herramientas digitales durante la cuarentena.

“Historicamente el presupuesto no alcanzó pero ahora es más grave por la baja de la recaudación”, le dijo a Infobae un integrante del Consejo. El Poder Judicial tiene como presupuesto el 3,5 por ciento de la recaudación nacional. El 2,93 por ciento es para el Consejo, que tiene la administración de toda la justicia nacional y federal, y el 0,57 restante para la Corte Suprema, para su propia administración.

Pero por la crisis sanitaria por el coronavirus, que también es una crisis económica, la recaudación bajó. “Nos informaron que cayó un 50 por ciento”, explicó el consejero. Así, los fondos ya presupuestados alcanzan hasta fines de mayo. “Si no tenemos ayuda en junio no hay más plata y el déficit hasta fin de año es de 18.200 millones de pesos”, agregó.

Así, la discusión que desde la semana pasada se planteó en el Consejo es cómo solucionar la carencia de fondos a futuro. Y lo que los 13 consejeros resolvieron hoy es enviarle una nota al gobierno nacional y a la Corte Suprema para que auxilien al cuerpo. Las notas llevarán una explicación de la situación y el pedido de los fondos especiales para atravesar la coyuntura.

Fuentes del Consejo señalaron que Lugones ya inició gestiones con el Poder Ejecutivo y con la Corte Suprema. El presidente del Consejo tuvo una videconferencia con el titular del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, en la que le expuso la situación. “El diálogo está encaminado en que el gobierno ponga el dinero para los sueldos y la Corte para la parte tecnológica”, señaló otro integrante del Consejo.

El planteo del Consejo a la Corte será que utilice su fondo anticíclico para afrontar la situación. Se trata de 26 mil millones de pesos que el máximo tribunal tiene como fondos propios. Si eso ocurre no será la primera vez que el máximo tribunal gire recursos al Consejo. Yo lo hizo en otros momentos por 10 mil millones de pesos. Los 13 consejeros también plantearon en la reunión que la distribución del presupuesto del Poder Judicial es inequitativa porque al Consejo nunca le alcanzan los recursos y a la Corte sí y que además puede ademas generar sus propios ingresos con el cobro de la tasa de justicia.

“En dos meses no vamos a tener posibilidad de pagar los salarios. El país dentro de dos meses va a estar inmerso en el punto mas álgido de la pandemia y pretender que el gobierno resuelva esto va a ser un tanto ilusorio. Por lo que debemos buscar medidas alternativas como es acudir a la Corte que de manera acertada generó el fondo anticíclico y que hoy es la posibilidad de poder utilizarlo”, dijo en el plenario virtual la diputada nacional Graciela Camaño.

“Esta situación nos pega y nos pega a todos. En este momento estaríamos funcionando hasta fines de mayo. El Poder Judicial no va a funcionar de acá a dos meses”, alertó Lugones.

El funcionamiento de la justicia

El otro tema que el Consejo discutió fueron las presentaciones de asociaciones de abogados y entidades para que se restablezca el funcionamiento de la justicia. La abogada y consejera Marina Sánchez Herrero planteó que se debe ir hacia un funcionamiento normalizado porque se trata de un servicio esencial del estado.

Otros consejeros plantearon que la situación de emergencia por el coronavirus no permite una apertura total y que los jueces y funcionarios están trabajando con las limitaciones tecnológicas y las restricciones para ir a sus tribunales que el actual momento plantea. Inclusive, Lugones expuso números de la cantidad de causas que en las distintas jurisdicciones se resolvieron desde la aplicación de la feria judicial extraordinaria que dispuso la Corte Suprema por el aislamiento social obligatorio.

Lo que el Consejo resolvió es volver a reunirse el próximo martes a las 10 horas para seguir tratando el tema con algunas propuestas puntuales y un análisis más acabado con un informe que el Consejo ordenó.

Por su parte, el gremio de empleados judiciales, a cargo de Julio Piumato, le pidió al Consejo notebooks para distribuir entre los empleados que trabajan desde sus casas. El gremio planteó que muchos judiciales tienen un sola computadora en sus casas que deben compartirlas con sus parejas o hijos para las tareas escolares y que por cuestiones de seguridad no pueden llevarse a sus domicilios las de los tribunales. También que no se sabe hasta cuando va a durar el periodo de aislamiento sin posibilidad de ir a trabajar a los juzgados.