Ampliaron la denuncia contra funcionarios de Desarrollo Social por sobreprecios en la compra de otros seis productos

La abogada Silvina Martínez amplió su denuncia contra funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social a quienes acusa de malversación de fondos públicos, incumplimiento de sus deberes y fraude a la administración por haber convalidado sobreprecios en las compras de alimentos.

En la denuncia, Martínez detalló seis nuevos casos donde los precios pagados fueron superiores a los “precios máximos” en supermercados minoristas y también comparados con los supermercados mayoristas.

La ampliación de la denuncia ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, anticipada por Luis Majul en La Cornisa, revela casos de compras convalidadas por el gobierno de Alberto Fernández en los primeros días de 2020. Es decir, antes de la irrupción del Covid- 19 en Argentina.

Además, los sobreprecios se registran no solo en el área del ministerio de Desarrollo Social sino también a otras dependencias oficiales.

“No resulta clara la información en relación a los bienes adquiridos ya que en muchas oportunidades se solicita determinadas unidades tomando como unidad de medida el kilogramo pero los paquetes o envases no poseen esa unidad por lo que resulta confuso determinar el precio unitario de los bienes contratados”, explicó Martínez.

Y advirtió: “Siempre se usa la misma metodología: muchas empresas se presentan, pero pocas confirman la oferta. Y el sobreprecio en los productos es escandaloso”.

Los casos que denunció Martínez son los siguientes:

Fideos semolados: 1.665.000 paquetes de 500 gramos. Se presentaron 8 empresas, entre las cuales se encuentra Sol Ganadera, ya sospechada. Martínez denunció que si se confirma la compra el Estado terminaría pagando casi $29 millones cuando en un mayorista lo conseguiría a menos de $19 millones.

Una partida de harina de trigo tipo 000: en este caso no solo la estaría comprando con un sobreprecio de casi el 100%, sino que una de las empresas, Cengi, tiene como actividad principal la venta mayorista de ropa desde un local del barrio de Once.

Mermelada de durazno: el Estado terminaría pagando casi $9.200.000 cuando en el mayorista lo podría conseguir a $8.000.000.

Granos de choclo tipo cremoso: otra vez aparece la empresa Sol Ganadera, entre otras. Si se confirma la compra, el Estado terminaría pagando $32 millones contra los $16 millones que gastaría si se lo adquiere a un mayorista.

Azúcar común tipo A: aquí aparecen dos curiosidades. Una, la participación de una empresa con un curioso nombre: “Nomerobo”. Por otro lado,“Nomerobo” pertenece a la intermediaria Copacabana, que aparece en la denuncia original de sopreprecios. Según Martínez, el Estado pagaría por 2.610.000 unidades más de $226 millones, pero si comprara de acuerdo a los precios publicados debería desembolsar solo $130 millones.

Puré de tomate: Nuevamente figura Sol Ganadera. En este caso, el Estado convalidaría la compra de 342.000 latas a más de $33 millones cuando la podría conseguir, en cualquier mayorista, a un poco más de $18 millones.

Para Silvina Martínez, los datos demuestran que “no estamos frente a unos cuantos casos aislados sino en presencia de una evidente cartelización”.

“Siempre afirmamos que la corrupción mata. Pero en este momento de emergencia económica y sanitaria, con el mundo paralizado por el Coronavirus, existen unos pocos empresarios inescrupulosos que buscan enriquecerse a costillas de los más necesitas. Y existen unos funcionarios corruptos que aceptan y participan de estas prácticas a cambio de dinero”, concluyó.

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