
Cuesta entender que haya sido necesaria una cita de urgencia en Olivos para definir solo un cronograma de pago de jubilaciones y algunas prestaciones sociales según el último número del DNI. Nada complejo. Es probable que la reunión convocada anoche por Alberto Fernández haya servido además para exponer de manera menos colérica pero igualmente directa el enojo por el desastre de las largas colas en las puertas de los bancos, a pesar del aislamiento social frente al coronavirus. Y para adelantar otras medidas con los bancos. Tal vez no haya renuncias, entre otras cosas porque lo pide la oposición, pero está claro que algo crujió fuerte en el Gobierno, incluido el manejo presidencial del poder.
Ayer a última hora, y a la carrera, se ajustaba operativamente el nuevo esquema de pago, por día y con puertas abiertas también el fin de semana, lo cual imponía necesidades que ni siquiera habían sido adelantadas durante el día. Pero el problema, desde hacía rato, se había vuelto mucho mayor en múltiples dimensiones: podía generar duda social sobre el esfuerzo de la cuarentena y también suponía costo político luego de semejante esfuerzo, con el Presidente concentrando, por decisión propia, el grueso de la comunicación. Lo lamentaban algunas cabezas con criterio propio en el circuito oficialista.
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Según el origen de la difusión del malestar interno, la carga ácida caía más sobre un funcionario que sobre otro, además del jefe del gremio bancario. Está claro que Alejandro Vanoli (ANSES) y Miguel Pesce (Banco Central) concentran las facturas, también el jefe sindical Sergio Palazzo y sus vías de presión para exceptuar de cualquier mínimo servicio a los bancos durante la cuarentena. ¿Todo termina en ese nivel? No parece, en una lectura más amplia de lo ocurrido y aún antes de llegar al estilo del Presidente, que casi nadie contradice en el círculo más cercano.
Las explicaciones de sorpresa o alusiones a un cuadro de desborde apenas resistieron minutos. Los tonos y palabras presidenciales desde temprano dejaron en claro que no alcanzaban para amortiguar las tensiones, que crecieron durante todo el día, desembocaron en la cita tardía de Olivos y seguirán hoy mismo, según los resultados. Pero además, resultó llamativa la falta de previsión, cuando había fuertes antecedentes y advertencias, incluso informales, sobre lo que podría ocurrir y finalmente ocurrió ayer.
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Hubo, suele haber, una pésima visión sobre lo que ocurre en franjas amplias de jubilados y de beneficiarios de asistencia social –en estos casos, AUH y el Ingreso Familiar de Emergencia-, como si se tratara de la voluntad de usar o no tarjetas. Es bastante más complejo que eso. Pero además, exactamente una semana antes se había padecido el problema de largas colas para acceder a cajeros, impresionante en todas partes y sobre todo en el Gran Buenos Aires.
Por supuesto, cada uno de los involucrados carga desde ayer algo en su mochila. Pesce, en la relación con funcionarios de otras áreas económicas. Vanoli, que sufre este golpe en medio de una dura y apenas amortiguada pelea con una segunda línea camporista. Y Palazzo, que ve caer sus acciones en el círculo del poder y con el cortinado de fondo de las siempre inestables internas sindicales.
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Las versiones que anoche circulaban en medios oficialistas anotaban, con algún cuidado, facturas de quienes sugerían haber avisado con tiempo que debían tomarse medidas para organizar bien el flujo hacia los bancos. En esa breve lista, figurarían Gustavo Beliz y Martín Guzmán. Un modo de transitar hacia niveles superiores de la organización ministerial, desdibujada -y a la vez lejos de costos- por el intenso protagonismo presidencial.
El agrietamiento de ayer parece haber afectado también la imagen de coordinación y convivencia que se buscó consolidar para sacar del primer renglón doméstico los desajustes de primeras y segundas líneas. Esas tensiones habían sido muy visibles en algunas áreas, y remitían al difícil equilibrio entre el Presidente y Cristina Fernández de Kirchner. Eso, de todos modos, sería básicamente un costo interno, en medio de un problema superior.
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Y el problema más serio es sin dudas el daño que producen en la sociedad las imágenes de enormes colas a las puertas de los bancos, precisamente de la franja de mayor riesgo, cuando transcurre una experiencia colectiva inédita de aislamiento o escaso contacto. Es algo que demanda esfuerzos individuales y que perfila enormes consecuencias sociales y económicas. En otras palabras, rifaría parte del sentido sanitario y también del compromiso colectivo.
Existen en la reacción presidencial y en su relato al menos tres elementos. El primero: sin dudas, fue real y profundo su enojo, y también el modo en que lo transmitió hacia los principales responsables de este colapso. Fue áspero.
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Los otros dos temas dan para lecturas que superan cuestiones de carácter. La difusión inmediata de su malestar por las vías habituales representa un modo de descargar sobre algunos protagonistas –básicamente, dos funcionarios y un sindicalista- las “culpas”. Es decir, colocar al Presidente a resguardo, lo que resulta natural, aunque por ahora sin llegar al punto de solicitar renuncias en su equipo. Se verá. Pero al menos ayer, el pedido de cabezas desde la oposición sugería un seguro de permanencia para no mostrar “debilidad”. Historia repetida, sin dudas.
El tercer elemento alude al modo de ejercer la gestión por parte de Alberto Fernández. No es un tema exclusivamente de hiperpresidencialismo, al estilo nacional. Tiene que ver con cierta idea de afirmación de poder, con mensaje doméstico, y sobre todo con la concepción personal que supone funcionalidad de ministros para desarrollar decisiones antes que aportes, a veces críticos, para generar política.
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Como sea, la reunión de urgencia en Olivos para definir cronograma y ordenamiento de los pagos exhibió a la vez esa práctica de gobierno y la tensión frente a un problema de imprevisibles consecuencias, prácticas y simbólicas, como ruptura de la cuarentena.
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