La CGT espera una reunión con Alberto Fernández para plantear qué otros sectores deberían trabajar durante la cuarentena

La CGT confía en que podrá reunirse con el presidente Alberto Fernández antes del fin de semana para proponerle la creación de una mesa junto al empresariado para definir qué actividades que están limitadas por la cuarentena podrán reanudarse para evitar profundizar la recesión, mientras espera que el primer mandatario dicte “cuanto antes” un DNU para impedir los despidos y las suspensiones.

Altos directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA) negaron esta tarde a Infobae tener alguna información sobre esta última medida y advirtieron: “No sabemos nada y esperamos que no sea cierto. Negar el causal de fuerza mayor es como negar los principios básicos del Derecho”.

El vocero industrial aludía a que la medida que dictaría el Presidente suspendería de manera temporaria los efectos de los artículos 247 y 221 de la ley de Contrato de Trabajo, que es la fórmula que la central obrera le propuso el viernes pasado al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para evitar que la extensión de la cuarentena origine una ola de despidos y suspensiones.

El artículo 247 establece que “en los casos en que el despido fuese dispuesto por causa de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador fehacientemente justificada, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a la mitad de la prevista en el artículo 245 de esta ley”, mientras que el 221 afirma que “las suspensiones por fuerza mayor debidamente comprobadas podrán extenderse hasta un plazo máximo de 75 días en el término de un año, contado desde la primera suspensión cualquiera sea el motivo de ésta”.

Los empresarios prefieren llegar a acuerdos sectoriales para evitar que la caída económica derive en pérdidas de fuentes de trabajo y consideran que “no hay causa de fuerza mayor más justificada que una emergencia como la que vivimos y en la que hay actividades que no pueden trabajar”.

En la CGT niegan que estén dispuestos a aceptar “de manera general” una rebaja de los sueldos en aquellos sectores que están afectados por la cuarentena, pero admiten que podrían dejar en libertad de acción a los sindicatos para que lo negocien como una forma de preservar el trabajo. En la industria automotriz, por ejemplo, el gremio mecánico (SMATA) pactó que los trabajadores de algunas terminales cobren un 75% del salario a cambio del compromiso de mantener los empleos.

En declaraciones radiales, el cotitular de la CGT Héctor Daer pidió “una salida en los ingresos a todos los trabajadores que van a quedar afectados por la cuarentena”. “Estamos auxiliando a sectores de la informalidad o cuentapropistas, pero tenemos que ver que hay universos que van a estar afectados por empresas que especulan y otras pymes que tienen serias dificultades”.

Para eso, propuso que "se arme una mesa y se analice cómo se va pagar a quienes hoy están impedidos de trabajar”. “Busquemos un piso (salarial) para todos –destacó– y a partir de ahí vemos que los que tienen más espalda tengan mayor respuesta. Hay que verlo y discutirlo en una mesa con toda la información. Uno no es loco y entiende cuál es la salida que tenemos que darle”.

El líder cegetista aclaró luego que esta postura no significa que la CGT avale la reducción de los salarios (“jamás, sea en el contexto que sea”, dijo), pero sí se mostró partidario de "establecer parámetros generales para aquellos casos que no están asistiendo a trabajar, para que no quede a decisión individual del empleador y para que el trabajador no sea vea perjudicado”.

En la CGT temen que el parate económico, que se agravará por la extensión de la cuarentena, ocasione problemas en el cobro de los salarios para muchos trabajadores y, sobre todo, la multiplicación de despidos y suspensiones en aquellas empresas que mantengan paralizadas sus tareas porque no son consideradas esenciales dentro de lo contemplado en el aislamiento obligatorio.

La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), encabezada por Juan Pablo Brey, por ejemplo, denunció que hubo descuentos salariales en LATAM Argentina para los tripulantes de cabina que no cumplieron servicio durante la semana de aislamiento voluntario anterior al 20 de marzo.

Pero fue el caso de Techint, que estuvo a punto de echar a 1.450 obreros de la construcción, el que prendió una luz roja en el sindicalismo y también en el Gobierno. Alberto Fernández trató de “miserables” a los empresarios que echan personal en esta emergencia y advirtió que no lo iba a permitir.

En la reunión convocada ayer por el ministro Moroni, representantes de Techint y de la UOCRA, que lidera Gerardo Martínez, no llegaron a un acuerdo en el conflicto y por eso Trabajo declaró la conciliación obligatoria, que obliga a las partes a negociar una solución durante 15 días.

Los empresarios tienen otra visión sobre el caso Techint. Desde la UIA, uno de sus vicepresidentes, Daniel Funes de Rioja, dijo que “hay que tener cuidado de distinguir lo que es despedir gente de cesar un contrato: para los que están regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, si usted hoy decide mi actividad no va a dar para más, tiene los caminos para hacerlo”.

Agregó que "otra cosa es en los sectores de la construcción, que no están regidos por la Ley de Contrato de Trabajo sino por el régimen de la construcción, que es trabajo por obra. En este sector tienen un fondo de desempleo en el que se hacen aportes y cuando se termina o interrumpe la obra, no es que lo despida, sino que cesa el contrato porque no hay contrato por tiempo indeterminado”.

De todas formas, en declaraciones radiales, Funes de Rioja destacó que “hay un contexto distinto y por eso se necesita un seguro de desempleo que pueda proteger a las familias, ya que la indemnización complica a las pymes porque no la pueden afrontar".}

La mesa chica de la CGT está a la espera de la convocatoria para reunirse con el Presidente: “Suponemos que será inminente. Si se reunió con los científicos y con los curas villeros, también puede recibir a los trabajadores”, sostuvo a Infobae un dirigente, con un tono irónico.

Tanto la CGT como la UIA, por separado, le han sugerido a Moroni y al ministro de la Producción, Matías Kulfas, que debería ampliarse el listado de actividades que pueden trabajar durante la cuarentena, convencidos de que los riesgos sanitarios ante el coronavirus pueden mitigarse con medidas de protección adecuadas, pero que será peor el efecto en la economía y en el empleo si se mantiene el parate laboral.

De por sí, en la UOCRA alertaron que, además de Techint, la parálisis de la obra privada durante la cuarentena (sólo está permitida la obra pública) podría agravar la crisis de la construcción, que ya lleva una caída de 22 meses consecutivos y provocó la pérdida de 47.000 empleos de noviembre a enero.

Si continúa la actual situación, el sindicato de Gerardo Martínez advirtió que el freno de las obras programadas por YPF podría generar 8.000 despidos, mientras que en la Cámara Argentina de la Construcción hablan de unas 100.000 pérdidas de fuentes de trabajo si no llega a tiempo el salvataje que están prometiendo los funcionarios para impedir la debacle del sector.

Hay funcionarios de cuatro ministerios (Economía, Trabajo, Obras Públicas y Vivienda) que estudian herramientas para reactivar la obra pública y mitigar las consecuencias laborales de la parálisis de la obra privada, aunque todo está tamizado por la complicación adicional de conseguir fondos en medio de esta emergencia sanitaria y tomar medidas durante la cuarentena obligatoria.

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