
Justo cuando algunos dirigentes gremiales amagaban con endurecerse ante la falta de diálogo con el Gobierno, dos ministros del gabinete nacional convocaron a sindicatos estratégicos (la construcción y el sector marítimo) para conformar “mesas sectoriales” e intentar una solución a los problemas laborales que existen en áreas clave de la economía y cuya solución estaba trabada.
Por un lado, la ministra de Vivienda, María Eugenia Bielsa, llamó al secretario general del sindicato de la construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, para mantener una reunión que tuvo lugar anteayer y en la que “se acordó crear una mesa de seguimiento para analizar las obras de vivienda que se están parando, los certificados de obra atrasados y que se tendrían que reactivar”.
Así lo reveló a Infobae el sindicalista, que destacó la actitud de la ministra Bielsa luego de que la UOCRA le informara en distintas oportunidades que “están prácticamente semiparalizadas todas las obras que ya están licitadas en todo el país y que no tendrían por qué tener problemas”.
Agregó que “tampoco se están pagando los certificados de obra de los planes de vivienda en todo el país, algo que depende mucho de las administraciones provinciales”.

“Necesitamos que la vivienda se reactive cuanto antes”, dijo Martínez, quien detalló que la paralización de las obras impacta de manera directa en el empleo: según precisó, en la construcción se han perdido 20.000 puestos de trabajo en diciembre y unos 10.000 en enero.
El jefe de la UOCRA venía reclamando desde fines de 2019 en diversas áreas del Gobierno por la crisis de la construcción y su impacto en el empleo, y había propuesto que se conformara una mesa para seguir este problema junto con las cámaras del sector y los desarrolladores inmobiliarios.
Sin embargo, hasta ahora no había logrado ninguna respuesta positiva. Como se quejan varios sindicalistas, hay poco diálogo institucional con el Gobierno y, además, mucho trámite paralizado porque en los ministerios aún quedan muchos cargos jerárquicos vacantes (se calcula que son unos 1.500) o funcionarios nuevos que todavía no tienen la firma autorizada.
Este es uno de los problemas que se planteó en la última reunión de la mesa chica de la CGT, que se hizo el lunes pasado en la sede central de UPCN. Luego del encuentro, un dirigente cegetista destacó a Infobae: “Nos preocupa la gestión detenida por la falta de nombramientos y también por las peleas internas dentro del oficialismo”, en alusión a los inconvenientes que genera la disputa por los cargos en el Estado entre el sector de Alberto Fernández, el de Cristina Kirchner y el de Sergio Massa, trío de poder al que llaman coloquialmente “La cooperativa”.

Por otro lado, el Ministerio de Transporte también decidió convocar esta semana a una mesa sectorial para resolver los problemas en el puerto de Buenos Aires y que derivaron en un paro de 48 horas de los gremios marítimos, portuarios y fluviales, que iba a comenzar el domingo pasado pero que quedó sin efecto porque el Ministerio de Trabajo dispuso la conciliación obligatoria en el conflicto.
La Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (FEMPINRA), liderada por Juan Carlos Schmid, titular del Sindicato de Dragado y Balizamiento, reclama la “conservación de las 800 fuentes de trabajo y el freno a las prácticas monopólicas de la empresa Maersk, dentro del proceso de revisión del pliego del gobierno de Cambiemos del Puerto de Buenos Aires, que llamó a licitación para un único operador en el puerto".
El riesgo laboral sobre el que advierten los gremios había sido planteado a los ministros de Trabajo y de Transporte, Claudio Moroni y Mario Meoni, respectivamente, pero hasta el momento los sindicalistas no encontraban solución al reclamo ni tampoco un interlocutor ideal.
Schmid admitió a Infobae que le habían presentado el problema del sector a Moroni y Meoni, pero destacó que “la falta de designaciones en el área ha provocado que no haya interlocutores: no hay subsecretario de Puertos y nombraron al gerente de la Administración de Puertos pero no al interventor, que tampoco puede ser mago: no tiene instrumentos para resolver, no tiene firma”.
De todas formas, el dirigente aclaró que “el problema de ninguna forma es con el Gobierno”, pero sí “el Estado tiene que intervenir y garantizar que no le creen un conflicto social en su ámbito laboral”.
La primera audiencia de la conciliación obligatoria, herramienta legal por la que las partes en conflicto tienen que sentarse a negociar, permitió que Transporte convocara a empresarios de las terminales portuarias y a sindicalistas del sector a una “mesa sectorial” dentro de los próximos 10 días.
Además de esta instancia de diálogo, Schmid y otros dirigentes de la FEMPINRA acordaron este jueves con las principales autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) "trabajar juntos en la elaboración de alternativas que permitan reactivar la producción”.
El sindicalista, que también preside la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), consideró que “este puntapié inicial debe ser potenciado con otros actores" porque "tanto el empresariado como los sindicatos tenemos que ofrecer al gobierno de Alberto Fernández las ideas capaces de promover el crecimiento”.
Según fuentes gremiales, “la reunión estuvo centrada en el análisis de las dos licitaciones más próximas (Puerto Metropolitano e Hidrovía) y en su vínculo con el desarrollo de la industria naval”.
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