Correo Argentino denunció una persecución arbitraria e ideológica por parte del Estado Nacional

Correo Argentino S.A. planteó la reposición y subsidiariamente interpuso recurso de apelación contra la resolución de la jueza Marta Cirulli que ordenó la intervención de la sociedad comercial y el desplazamiento total del directorio. Además, para el caso de que la magistrada no haga lugar a lo peticionado en los recursos, planteó que morigere la medida o aclare los alcances de las facultades que tiene la concursada en el proceso de salvataje o cramdown.

La firma señaló que -contrariamente a lo manifestado por la fiscal Gabriela Boquin y por la jueza Cirulli en su resolución- en todo momento exhibió una conducta ejemplar en la apertura de sus estados contables, de su información y sus registros. En este sentido, destacó que la empresa está sometida al control permanente de cinco síndicos a quienes todos los meses se les brinda la información pormenorizada que requieren. Asimismo, mencionó que ha sido sometida a pericias realizadas por expertos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con quienes ha colaborado en todo momento. También aclaró en la presentación que ha brindado toda la información y colaboración solicitada por el coadministrador designado por la Justicia.

Sin embargo, aclaró que esa tarea se ha visto dificultada porque toda la documentación originaria de Correo Argentino estaba en la sede de la empresa ocupada por el Estado Nacional en el momento del quite de concesión en el año 2003. Por otra parte, en el escrito presentado en el juzgado en el que tramita el concurso, explicó que algunas cuestiones ocurridas entre los años 2000 y 2005 son muy difíciles de reproducir, sin perjuicio de que siempre tuvo la voluntad de intentar acceder a alguna copia de esa documentación para responder a cualquier requisitoria.

En la presentación, Correo Argentino negó que exista incremento alguno del pasivo posconcursal como se señala tanto en el dictamen de la fiscal como en el fallo de la jueza Cirulli. En ese sentido, destaca la empresa que el pasivo posconcursal al que arriba el coadministrador no es fruto de erogaciones posteriores a su designación sino que es la deuda anterior -nunca ocultada- a su aceptación del cargo.

En el escrito se indica además que la empresa no realiza erogaciones fuera de su curso habitual y que esos gastos son solventados por SOCMA y antes lo fueron por Sideco. La percepción de esa deuda por parte de los mencionados acreedores ha sido diferida y está subordinada a que previamente se pague todo el pasivo concursal.

La firma manifestó que resulta sorprendente que la jueza Cirulli haya sustentado su decisión de desplazar a todo el directorio en un incremento del pasivo cuya reclamación es inexistente y que ni siquiera haya tenido en cuenta que quien hizo esos aportes de dinero es un accionista de la concursada. Asimismo, denunció que la jueza considera como pasivo deudas de los años 2002 y 2003 que ya están prescriptas, cuyos registros han sido mantenidos en los estados contables por una cuestión de prolijidad pero tienen 17 años de antigüedad y nunca fueron reclamadas. Por lo tanto no hay un agravamiento del pasivo posconcursal porque su pago no es exigible.

Respecto de la mención de una deuda con la AFIP que hizo la jueza, la empresa manifestó que no tiene ninguna obligación tributaria firme ni determinada ni exigible por Impuesto a las Ganancias ni por el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta por los períodos fiscales 2013 ni por los posteriores en relación a estos tributos.

En uno de los párrafos del escrito, Correo Argentino S.A. afirma que “es tan claro el abuso del Estado Nacional en su múltiple calidad de acreedor, deudor, accionista y fiscalizador, que la actitud de perseguir y fustigar a la concursada y a su directorio, no puede menos que considerarse fruto de una posición arbitraria e ideológica”.

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