El plan del Gobierno para agrandar la Corte Suprema y la candidata que el kirchnerismo quiere imponer

Quienes la conocen saben que está feliz, en plena etapa de crecimiento profesional y confeccionando sus primeras armas como funcionaria pública. Pero también están al tanto de que su objetivo -y la promesa que espera se concrete pronto- es otro. Uno mucho más ambicioso: la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Elizabeth Gómez Alcorta actualmente tiene a su cargo el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Pero la precuela de su trayectoria más notoria nació a la luz del movimiento feminista que integra, su defensa de Milagro Sala y su cercanía con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Es coautora del libro La Libertad no es un Milagro -una defensa explícita a la dirigente jujeña detenida por corrupción-, obra en la que la abogada Gómez Alcorta enumeró sus alegatos a favor de la líder de la Organización Barrial Túpac Amaru. De inmediato, el CELS comenzó a fantasear con la posibilidad de erigir a una mujer joven y con ideas revolucionarias para lo más alto de la estructura judicial, cuestionada severamente por la ONG a través de sus voceros. Esa fantasía se volvió mucho más tangible cuando Alberto Fernández ganó las elecciones presidenciales y la cobijó en el Gabinete. El proyecto estaba en marcha.

Por estos días, cuatro fuentes -que nada tienen que ver entre sí- coinciden en una afirmación: la Corte Suprema está “virtualmente paralizada”. “Entre la falta de liderazgo, los viajes de algunos, las confidencias con el poder político y los temores por los cambios anunciados, todos están paralizados. Parecen en cuarentena", se lamenta con agria ironía uno de ellos.

Fernández sabe de la aparente actual debilidad del máximo órgano judicial de la Argentina. Elena Highton de Nolasco es su principal interlocutora. “Desde hace años que mantienen una gran relación. No es un secreto. Fue él quien la puso donde está y ella le atiende siempre el teléfono. Es agradecida y le habla tanto de su vida personal, como de sus planes a futuro”, agrega uno de esos confidentes. Quizás aquellos amigos intercambien algún que otro secreto extra.

Pero no sólo en los pasillos que rodean las oficinas de los máximos jueces se siente la falta de liderazgo. En las cámaras federales también se quejan. ¿Qué le pasa a este tipo?, repiten con gotas de desprecio. “Este tipo”, es nada menos que el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Sobre él pesan las acusaciones de inacción y falta de pericia para comandar el delicado momento político que vive toda la familia judicial. “Está inmóvil y eso contagia a los demás”, afirma un camarista de peso de la provincia de Buenos Aires.

Quienes sí hablan bien de Rosenkrantz son sus antiguos socios. Son agradecidos. Irradian felicidad desde que asumió hace casi cuatro años.

La actualidad del titular de la Corte no es halagüeña. Existe alguien que sueña con arrebatar su lugar. También, como él, fue nombrado por Mauricio Macri en 2016 y desde entonces aprendió mucho. Muchísimo más de lo que pudo absorber en su corta era como Ministro de Justicia en la que permaneció bajo el comando de Fernández cuando éste era Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Horacio Rosatti quiere coronarse en lo más alto del Tribunal y cree contar con el visto bueno del resto de sus colegas y de quien supo ser su patrón entre 2004 y 2005.

Ricardo Lorenzetti, por su parte, dedica sus días a viajar para presentar su nuevo trabajo enciclopédico ante organismos internacionales y diferentes exponentes políticos. El Vaticano y los Estados Unidos fueron sus últimos destinos. Allí habló de su reciente obra sobre derecho ambiental.

En ese contexto, el plan del gobierno asoma. Es el que pretende llevar de cinco a siete los miembros del más alto cuerpo judicial del país. No sin antes imponer a Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación. Su pliego aún no fue aprobado. Será moneda de negociación con el radicalismo. Todo. Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, está bajo presión extrema. El motivo es político-judicial: otra vez Sala aparece en escena. La amenaza de intervenir la justicia de su provincia es seria. El aliado de Cambiemos se muestra calmo sólo públicamente.

El pacto al que buscan arribar radicales y PJ no es de una ingeniería muy compleja: agrandar la corte a dos nuevos ministros y repartirse las preferencias. Una fórmula repetida para que un poder se someta a otro. Uno de ellos sería elegido por la Casa Rosada y el otro por la Unión Cívica Radical. El macrismo será -como el resto de la sociedad- un testigo más de la transacción. Nadie lo invitará a sentarse a la mesa pese a sus aspiraciones. Los reproches no tardarán en llegar.

Pero Cristina Kirchner tiene guardada una carta y una exigencia. Es el desvelo del CELS, que la vicepresidenta ya hizo propio. Presiona a Alberto Fernández para que sea Gómez Alcorta -la ministra abogada de Sala- quien ocupe una de esas dos nuevas sillas que se acomodarán en la Corte Suprema. El kirchnerismo aspira a que el Presidente gestione rápido la misma maniobra judicial que la defensa de la dirigente social jujeña le reprochó a Morales cuando éste asumió la gobernación del norte. Extraña parábola: pretende que sea su elegida quien pueda integrar el máximo tribunal.

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