Jueces de todo el país rechazaron el proyecto del Gobierno para reformar las jubilaciones de privilegio

Los integrantes de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial rechazaron el proyecto legislativo de modificación del régimen jubilatorio presentado por el gobierno nacional al Congreso de la Nación, que, según entienden, “atenta contra la independencia judicial y otras garantías constitucionales".

Para la Federación el proyecto ha sido elaborado “sin considerar la realidad de los poderes judiciales provinciales y sin la participación de esta institución, única legitimada para representar los intereses de los más de 15.700 funcionarias/os y magistradas/os que la componen” y “agrava la ya acuciante situación de asimetría salarial entre las/os magistradas/os y funcionarias/os de los poderes judiciales provinciales y de CABA, que atienden el 85% de las causas judiciales del país”.

Además, entienden que esos sueldos y jubilaciones “no son de privilegio” y “no se parecen en nada a lo que se expone a la opinión pública como los ingresos de “la Justicia”. En esa línea, consideraron que la iniciativa tiene una “mirada sesgada que desconoce que las magistradas y funcionarias, como el resto de las mujeres, se han visto sometidas a innumerables restricciones en sus carreras profesionales”. “Este proyecto pretende eliminar la única compensación estructural a esa discriminación al subir la edad jubilatoria de este colectivo a los 65 años”, indicaron.

“Quienes trabajamos todos los días en los tribunales provinciales somos conscientes de la realidad económica del país. La vocación por la función pública se asienta sobre el compromiso de mejorar la vida y el bienestar de las sociedades en las que vivimos, por esa razón estamos siempre dispuestas/os a participar en todas las discusiones orientadas a esos objetivos”, expresaron quienes integran la Federación.

La Cámara de Diputados tratará un proyecto de ley para modificar las jubilaciones de privilegio de los funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior que fue enviado por el Poder Ejecutivo. Estos regímenes especiales atañen a ocho mil personas con haberes promedio de entre 235.000 y 335.000 pesos por mes. Corresponde, según fuentes oficiales, el 3% del total de los jubilados y un gasto de 25 mil millones de pesos por año.

“Este proyecto no mejora las condiciones de vida de nuestros conciudadanas/os ni resuelve los problemas que denuncia. Hacemos un llamado público a los tres poderes del Estado a trabajar en la construcción de respuestas adecuadas y basadas en las realidades de todo el país que contribuyan a una salida rápida y definitiva de la grave situación económica que nos afecta a las/os argentinas/os", expresaron desde la Federación.

La semana pasada Ricardo Recondo, recientemente nombrado vicepresidente del Consejo de la Magistratura, cuestionó la iniciativa. “Es inconstitucional. La Corte lo ha declarado muchas veces ya. No se trata tampoco de una ley de privilegios. Aporto hace cincuenta años a la caja de jubilaciones un equivalente de 90.000 pesos. Si me cambian el sistema, yo podría pedir el reintegro de todo eso, más los intereses”, advirtió.

“La garantía de intangibilidad de los sueldos de los judiciales se extiende al pedido jubilatorio. Pasa en todo el mundo. El juez no puede hacer nada, tiene un nivel de incompatibilidad que no lo tiene ningún otro funcionario del Estado. No estoy llorando miserias. Los jueces tienen, en este momento, una buena retribución”, explicó Recondo.

En un comunicado conjunto, la Asociación de Magistrados y la de Fiscales también criticaron el proyecto del Gobierno para reformar el régimen especial de jubilaciones del Poder Judicial y advirtieron que la iniciativa viola fallos ya dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la intangilidad de la remuneración de los jueces.

“Con sorpresa advertimos que el proyecto del Poder Ejecutivo se aparta de principios de raíz constitucional que fueran reconocidos por la Corte Suprema Justicia de la Nación”, sostiene el comunicado al que accedió Infobae.

En el texto, las entidades señalan que no desconocen “la difícil y delicada situación económica que atraviesa el país”, pero resaltaron sobre el proyecto “los graves efectos que provocaría para el normal desempeño del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, y por ende el perjuicio a la sociedad”.

Para el caso del Poder Judicial la iniciativa propone el aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria hasta alcanzar los sesenta y cinco (65) años –hoy es de 60 años–: incrementaran del 12 al 19 por ciento el aporte; limitar el ámbito de aplicación personal (por ejemplo, quedarán excluidos los prosecretarios administrativos, medida que podría generar tensión con los sindicatos judiciales). incrementar los años de servicio con aportes requeridos en los cargos que dan derecho al beneficio jubilatorio; y que la jubilación de los magistrados será equivalente al 82% del promedio de las últimas ciento veinte remuneraciones actualizadas, es decir de los últimos diez años. Hoy los jueces se jubilan con el 82 por ciento móvil.

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