
Ganar las elecciones parece haber sido bastante más fácil para el Frente de Todos que ocupar la grilla del Estado nacional. Les llevó dos meses, que hoy se cumplen, para tener las Secretarías y Subsecretarías cubiertas. Las últimas designaciones las firmó el Presidente antes de su gira europea y, en líneas generales, en la Casa Rosada ya dan por terminada la crisis que frenó el inicio del Gobierno, perjudicando no sólo a quienes no podían cobrar su sueldo sino, más que nada, al funcionamiento del Estado, ya que se carecía de las firmas necesarias para el pago de proveedores y el llamado a licitaciones, entre tantos asuntos.
También están nombrados los responsables de la gran mayoría de los organismos descentralizados, los organismos descentrados, los fondos fiduciarios, las sociedades del estado y las sociedades anónimas con participación del Estado o empresas públicas no estatales, unas 236 estructuras que también requieren insumos para su normal funcionamiento, autorizaciones para viajar, créditos para aprobar o sanciones para imponer. Durante dos meses, gran cantidad de decisiones estatales estuvieron en el limbo hasta que, lentamente, la burocracia tomó ritmo.
De todos modos, no hay todavía ninguna designación formal de director nacional o director simple, funcionarios políticos de cuarta y quinta categoría en el escalafón que ya están trabajando, pero siguen sin cobrar, sin firma y que, por lo tanto, no pueden viajar, por ejemplo, lo que dificulta sus funciones en algunos ministerios específicos, como el caso de Relaciones Exteriores o Interior, por mencionar dos casos donde el problema perjudica el normal funcionamiento de las tareas.
Se trata de unos 300 funcionarios, aproximadamente, si se toman los que revisten en los ministerios, quizás todavía más, ya que sólo en la ANSES, por ejemplo, hay 50 directores que cumplen funciones en todo el país. No fueron prioridad porque en ese nivel no se necesita su firma para la autorización de expedientes, sólo es recomendable una inicial que funciona como un “visto”. Y si bien estas incorporaciones no serán revisadas por el Presidente, como lo fue en el caso de secretarios y subsecretarios, sí deben estar analizadas por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

En muchos casos, cuando se trata de responsabilidades que tienen que desarrollar en el interior, estos cargos son negociados con los gobernadores o referentes políticos locales, lo que explica la demora. Antes, el Gobierno tuvo que tomar la decisión política de dar marcha atrás a nombramientos que la gestión de Mauricio Macri formalizó como planta permanente y que esta administración consideró que eran cargos políticos y, por tanto, no sólo podían ser removidos, sino que tampoco debían cobrar la doble indemnización que se decretó para evitar la ola de despidos en el mundo privado.
Como informó Infobae, una de las áreas en donde la ausencia de nuevos responsables complica la gestión cotidiana es en la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, que depende del Ministerio de Transporte. En respuesta al pedido cursado por el anterior ministro del área, Guillermo Dietrich, todas las autoridades del área de puertos, vías navegables y Marina Mercante presentaron su dimisión con fecha 10 de diciembre, que fueron aceptadas y publicadas en el Boletín Oficial. A partir de allí nada tienen que hacer los ahora ex funcionarios, que además, según recuerda un viejo empleado de la cartera de transportes, “ya no tienen firma”.
La excepción a esta regla estuvo dada por la continuidad en el cargo del interventor del puerto de Buenos Aires, Gonzálo Mórtola, quien siempre sostuvo que esperaría a su sucesor en su puesto, pero el designado para sucederlo en primer lugar, Mario Goicochea, jamás se presentó y el segundo intento de relevo que tuvo como protagonista a Franco La Porta terminó en un rotundo fracaso cuando el aspirante no consiguió hacer pie en la gestión.
Otra dificultad con la que se encontraron los nuevos funcionarios al llegar a la Casa Rosada es el programa de firma digital. Acostumbrado como jefe de Gabinete a los expedientes en papel, Alberto Fernández no se preocupó por hacer una transición en esta materia para darle tiempo a los controladores del sistema (que por cuestiones de seguridad deben estar fuera del país) a modificar los nombres de los responsables de cada área. Tampoco existió la capacitación necesaria para el uso del nuevo sistema, una innovación que incluso permite autorizar decisiones durante los días feriados, entre otras ventajas.
“Nos dejaron una carpeta con las instrucciones sobre el escritorio y una tarjeta con la indicación de adónde llamar, pero no pudimos quejarnos porque elegimos que no hubiera transición", le dijeron a Infobae en un ministerio que no está en Casa Rosada, recordando las dificultades que tuvieron las dos primeras semanas para poner en marcha los asuntos más elementales del área.
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