La causa D’Alessio se encamina rumbo al juicio oral a un año de que estallara el escándalo

A punto de cumplirse un año de la explosión mediática del caso D’Alessio, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla decidió avanzar hacia el juicio oral: hoy, al reanudarse la actividad judicial, decidió correr vista a las querellas para que definan si la investigación está cerrada y si el falso abogado Marcelo D’Alessio y otro grupo de personas deben enfrentar el banquillo de los acusados. En la etapa oral, los jueces resolverán finalmente si los acusados son condenados.

De acuerdo a la resolución de Ramos Padilla, se encaminan hacia el juicio oral D’Alessio, los ex policías Ricardo Oscar Bogoliuk y Norberto Aníbal Degastaldi, el ex espía Rolando Hugo Barreiro, el fiscal de Mercedes suspendido Juan Ignacio Bidone, los supuestos custodios Mariano Díaz y Eduardo Ariel Menchi y los empresarios Carlos Alberto Liñani y Pablo Leonardo Bloise. Todos ellos fueron procesados por integrar una asociación ilícita que habría realizado distintas extorsiones y planes delictivos.

El juez planteó que hay que avanzar hacia el juicio oral teniendo en cuenta el estado de la investigación, que existen personas privadas preventivamente de su libertad y que la propia Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata pidió que las actuaciones adopten ese rumbo.

Queda pendiente, sin embargo, una resolución de la Cámara Federal de Mar del Plata sobre la revisión de los procesamientos del fiscal Carlos Stornelli y del periodista Daniel Santoro. “Existen otros imputados cuya posible participación responsable en esos hechos no puedan formar parte de este traslado (vgr. Santoro, Stornelli y Rodrigo González) u otros posibles partícipes que aún no fueron convocados al proceso; eventualmente y de corresponder, se podrá disponer una nueva vista en los mismos términos en torno a aquellos” para que se evalúe si se los manda a juicio, escribió el juez.

En el oficio que se giró a las querellas, Ramos Padilla aclaró además que sigue abierta la investigación para saber si había otras personas que integraban o comandaban la banda de D’Alessio, en su eventuales roles como " miembros, partícipes, cómplices y/o encubridores de algunas de las maniobras ilícitas puntuales cometidas en el marco de la organización delictiva". Una vez recibidas las opiniones de la querellas, se le consultará a la Fiscalía y luego a las defensas para que hagan su evaluación en el expediente.

El último día de 2019, el juez Ramos Padilla se opuso a convertir en arrepentido a D’Alessio al rechazar un acuerdo que había establecido el detenido sobre algunos hechos puntuales con el fiscal Juan Pablo Curi. Al no haberse homologado el entendimiento como imputado-colaborador, sus dichos quedaron por ahora en la nada. Tanto la fiscalía como la defensa apelaron la resolución de Ramos Padilla ante la Cámara de Mar del Plata.

Mientras tanto, D’Alessio decidió dar una entrevista a una radio y planteó que si él hablaba se caían varias causas contra la hoy vicepresidenta Cristina Kirchner. Precisamente, en la indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 2 que la juzga por la causa de las obras concedidas a Lázaro Báez, la ex presidenta recomendó leer la causa de Dolores. Y el presidente Alberto Fernández la exhibió como una muestra de cómo actúan los servicios de inteligencia en la Justicia.

Recientemente, a través de un hábeas corpus en donde se comparaba con un detenido ilegal de la dictadura, D’Alessio consiguió un traslado en la cárcel de Ezeiza donde se encontraba alojado.

El caso comenzó a mediados de enero, cuando el empresario Pedro Etchebest aseguró que el falso abogado Marcelo D’Alessio le había avisado que había sido imputado por un arrepentido en la causa de los cuadernos y le había solicitado USD 300 mil para ayudarlo.

La solicitud inicial del dinero y parte del pago se concretaron en la Capital Federal. Por ese punto, se cuestionó la competencia de Dolores en el caso.

Ramos Padilla inició una investigación por una extorsión que, con el allanamiento a la casa de D’Alessio, viró en otra cosa cuando se encontraron armas, equipos de comunicaciones y una seguidilla de carpetas y documentos que daban cuenta de una red de espionaje de alcance político, periodístico, empresario y judicial. Así lo detalló las dos veces que fue al Congreso a dar detalles de su investigación (una frente a la Comisión de Libertad de Expresión y otra a puertas cerradas ante la Comisión Bicameral de Seguimiento a los organismos de inteligencia).

Por el caso de Dolores terminaron presos D’Alessio, los ex comisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi y un ex espía de la SIDE, Rolando Barreiro, a quienes se consideró miembros de la asociación ilícita. También fue indagado Juan Bidone, el fiscal de Mercedes que investigó el Triple Crimen de General Rodríguez y cuya firma permitió pedir los datos migratorios de Etchebest para poder extorsionarlo (como si efectivamente se hubieran ordenado en la causa de los cuadernos). Ramos Padilla siguió avanzando en la causa en donde se detectó que D’Alessio tenía informes sobre terroristas, políticos correntinos, la banda de los Monos en Rosario o los movimientos migratorios de dos jueces de la Corte Suprema.

En diciembre pasado, Ramos Padilla procesó a Stornelli por “asociación ilícita en carácter de miembro en concurso ideal con violación a la ley de inteligencia". También se le adjudicaron delitos como incumplimiento de deberes legales de funcionario público y coacción. El juez no fijó prisión preventiva "pese a haberse comprobado la existencia de los peligros procesales de elusión de la acción de la justicia y de entorpecimiento de la investigación”. Según explicó, no lo hizo porque posee fueros. No obstante, envió un oficio a la Procuración General de la Nación para que se disipen “los riesgos procesales” vigentes.