La pelea para recortarle fondos a la Capital amenaza con reponer la disputa amigo-enemigo

El primer mes de gestión concluyó para Alberto Fernández con algún renglón inesperado y especialmente contradictorio en la agenda pública –el caso Nisman- y con señales de dificultades para presentar el ajuste de las cuentas bajo el rótulo exclusivo de la solidaridad. En ese último terreno, la pulseada por los fondos con la ciudad de Buenos Aires emergió esta semana con fuerza propia y quedó oscilando en una zona gris: se mantiene el discurso del consenso solidario pero, con eco conocido, reaparece el juego amenazante y elemental que consiste en definir un enemigo para confrontar y revalidarse.

Alberto Fernández y también Horacio Rodríguez Larreta buscaron en las últimas horas bajarle el tono público al conflicto de la coparticipación para la Capital. La postura de máxima en la Casa Rosada es podarle más de 35.000 millones de pesos, según dejan trascender. Del otro lado, advierten sobre los riesgos de desfinanciar la Seguridad. Y aparecen otros ítems para negociar en materia de servicios públicos con incidencia nacional. Dicen que la semana próxima sería determinante.

Con todo, el Presidente y el jefe de Gobierno porteño dejaron planteado sus posiciones, con envoltorio de buenos modales. “Todos saben que tenemos que ajustar cuentas y ordenar cuentas”, redondeó Alberto Fernández, que buscó exponer sorpresa por el impacto de la información sobre la profundidad del recorte, algo difundido desde la Casa Rosada. En respuesta tuitera, Rodríguez Larreta destacó su inclinación por el “diálogo constructivo”, a la vez que advirtió que parte central de su responsabilidad de gestión es “garantizar los servicios y el buen funcionamiento de la Ciudad”.

Por supuesto, los contactos, las negociaciones y las prevenciones existen. Rodríguez Larreta tiene –y lo destacó- canal directo con Alberto Fernández y con el ministerio del Interior. Eso, sin contar las vías informales, algunas con eje en la política del distrito porteño. Además, ha trascendido que las tratativas serían más amplias: aparecen cuestiones como el transporte, otros servicios como el agua y obras públicas. Pero los niveles de poda pretendidos son evaluados como una posición de máxima difícil de compensar por otras vías. Y al mismo tiempo, políticamente condicionantes.

La cuestión no es sólo técnica y hasta podría terminar siendo judicial, según como sea resuelta. En 2016, con Mauricio Macri en la presidencia, el volumen total de coparticipación para el distrito porteño aumentó de 1,4 a 3,75 por ciento y luego, con el pacto fiscal, quedó en 3,5. La cuestión de fondo remite al traspaso de la policía a la Ciudad, que de acuerdo con la letra constitucional debía producirse con las partidas correspondientes para sostener sus funciones. Ahora, desde el Gobierno nacional dejan trascender que quieren bajar no menos de un punto porcentual.

Ese recorte profundo representaría la cifra referida, alrededor de la mitad del monto anual presupuestado para Seguridad en la Capital, según cálculos porteños. Por supuesto, y como siempre cuando se plantean estas discusiones, las autoridades de la Ciudad señalan que el distrito aporta entre el 20 y el 25 por ciento de los recursos recaudados a nivel nacional. Y figura en la mitad de la tabla sobre el reparto entre provincias.

No es el único punto. La compensación parcial que podría discutirse en la misma mesa tendría un problema adicional para Rodríguez Larreta: los fondos de coparticipación son automáticos, a diferencia de los compromisos por obras y algunos servicios. Y eso es así aunque Alberto Fernández podría actuar por decreto para reducir el porcentaje dispuesto por Macri. Lo que no evitaría es la judicialización del conflicto si se llega a una imposición por falta de acuerdo: iría a la Corte Suprema.

Hay un trasfondo político determinante en este cuadro. Y viene atado a por lo menos un par de consideraciones.

La primera es el discurso “solidario” que tiende a ser resumido en que “los que más tienen deberían ayudar a los que menos tienen”. Es algo más elemental y bastante menos profundo, claro, que discutir generación y redistribución de recursos y riqueza. Un criterio que en el caso extremo del sistema previsional llevaría a sostener una especie de “solidaridad intra-sistema”: los jubilados de 20.000 pesos para arriba estarían financiando mejoras para la mínima.

El segundo punto ineludible es que sería más que una disputa entre las provincias y la Capital, como se escudan en algunos despachos oficiales: se trataría de atender la demanda financiera de la provincia de Buenos Aires, que tiene componentes crónicos. Con el añadido que expone a Axel Kicillof como principal y más alineado gobernador con Cristina Fernández de Kirchner.

Kicillof es quizás una de las voces que más se adelantaron a reponer la concepción de amigo-enemigo. Busca presentarse como cabeza de un proyecto casi igualitario frente a una oposición que representaría a los sectores concentrados de la economía. Lo reiteró en su enojo por las modificaciones que recibió en la legislatura su paquete fiscal, por presión de Juntos por el Cambio.

El gobernador sostiene que esas modificaciones para amortiguar el impacto de la suba de impuestos representarían una pérdida de unos 10.000 millones de pesos en la recaudación proyectada en el texto original. Es una queja que al mismo tiempo potencia el marco de su negociación ya en marcha con el Gobierno nacional: necesita oxígeno inmediato, mientras en paralelo apunta a refinanciar vencimientos de deuda significativos en la segunda mitad de enero.

Parte de la pulseada más grande con la Ciudad se anota en ese contexto. Y desde el peronismo –y desde el kirchnerismo duro, en especial- intentan presentar el tema como una disputa nacida de una enorme “desigualdad”: sería el distrito rico, la Capital, frente al distrito más castigado socialmente, la Provincia.

Un experto en el tema señala que eso es insostenible incluso técnicamente. Destaca que la provincia de Buenos Aires es efectivamente el distrito más castigado por la coparticipación, es decir, el que proporcionalmente menos recibe si se la mide por su contribución a la recaudación o en términos de PBI, sin contar otras cuestiones sociales. Pero el segundo distrito castigado, según los mismos parámetros, es la ciudad de Buenos Aires. Sería entonces una extraña transferencia que escapa al molde de distritos “ricos y pobres”.

El discurso importa políticamente, más allá de su rigor o sustento, por sus promotores y sus ecos. CFK ha sido la primera y más dura en el discurso para volver sobre el tema de distritos pobres y ricos , como lo sostuvo en La Matanza, al asistir a la asunción del otra vez intendente Fernando Espinoza. El kircherismo, sus voces más mediáticas, fueron en la misma dirección.

Alberto Fernández dijo ayer que nada tiene que ver en esta pulseada la cuestión del color político de la gestión porteña. En la campaña, se había definido como el más federal de los porteños, pero desde sus cercanías se encargaban de rechazar la posibilidad de un recorte de fondos para la Capital. El que lo negó de manera más expresa fue Matías Lammens, entonces candidato del Frente de Todos y hoy ministro. Si se computa la decisión actual de avanzar con la poda de recursos, habría que anotar entonces variados condicionantes: el anticipo de CFK y el inicial ajuste de las cuentas.

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