La suma fija por decreto será el primer test para poner a prueba el plan económico del Gobierno

El aumento salarial que dispondrá el Gobierno por decreto en las próximas horas será mucho más que una forma (tan simbólica como concreta) de arrancar la gestión con un guiño a los trabajadores para compensar la inflación. Muchos lo visualizan como el primer gran test que permitirá medir la temperatura que adquirirá de entrada el plan económico de Alberto Fernández y que también delineará las pautas de la relación con los empresarios y el sindicalismo.

Todo indica que, según los detalles que se discutían anoche, será a cuenta de lo que se negocie en las paritarias, alcanzará a trabajadores del sector privado y a estatales, no superará los 6.000 pesos y la cifra servirá de base para que pueda mejorarse si el sector patronal y el gremial así lo acordaran.

Los representantes empresariales insistieron hasta último momento para que la suma fija sea no remunerativa (sin descuentos por cargas sociales ni impacto sobre adicionales ni categorías de convenio), pero ningún representante del sector habría estado presente en las definiciones finales del aumento. Los sindicalistas pugnaban por la incorporación del bono al salario y por su carácter de remunerativo para que un porcentaje aporte a la seguridad social y no contribuya a desfinanciar las obras sociales.

Con el aumento otorgado por decreto, según lo prevé el artículo 54 de la ley de emergencia económica que le otorga superpoderes al Presidente, en la Casa Rosada están convencidos de que cumplirán con la promesa de poner dinero en el bolsillo de la gente (la suma fija beneficiará más a aquellos de ingresos más bajos) para fomentar el consumo en la calle y empezar el “círculo virtuoso” de la economía que permitirá bajar la inflación, junto con algún esquema de contención de precios.

Para eso, además, el Gobierno deberá lograr que el bono logre diferir las paritarias por seis meses, lapso en el que, como figura en la hoja de ruta oficial, ya estará en marcha el Consejo Económico y Social, estructura en la que funcionarios, empresarios y sindicalistas acordarán los principales lineamientos que se seguirán en materia de salarios, precios, empleo y otras variables económicas.

En los gabinetes de Economía, Desarrollo Productivo y Trabajo, seguidos de cerca por la Secretaría de Asuntos Estratégicos que pilotea Gustavo Beliz, se trabaja sin descanso en la estrategia y el andamiaje jurídico que derivará en un proyecto de ley para crear el Consejo Económico y Social, iniciativa que será incluida en el temario que el Poder Ejecutivo propondrá para las sesiones extraordinarias.

El Gobierno encontró algunas resistencias sindicales a la propuesta de postergar las paritarias en gremios como el de Camioneros, que desde 2003 ha liderado la negociación colectiva y se convirtió en una suerte de barómetro que fija los techos de la presión salarial, año tras año. Por algo, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aprovechó la invitación que le hizo Hugo Moyano a compartir una comida para tratar de convencerlo de disponer una tregua paritaria a cambio del alivio de la suma fija.

El moyanismo se mostró comprensivo, pero le contestó con un comunicado de prensa en el que, más allá de las necesarias expresiones de respaldo al Gobierno, recordó que reclama “paritarias libres”. Fue el más contundente desafío del jefe camionero a Alberto Fernández, a quien todavía no le perdona que haya designado a “un psicólogo” como ministro de Transporte en lugar de un especialista en el tema como, por ejemplo, su asesor Guillermo López del Punta, a quien intenta ubicar en esa cartera desde diciembre de 2015, cuando también se lo propuso a Mauricio Macri.

De todas formas, Moyano suspendió una marcha callejera de camioneros que ayer tenía previsto reclamar por una compensación salarial del 33% para el primer semestre de 2020, que se iba a sumar al bono navideño de 20.000 pesos que otorgó la mayor parte de las empresas del sector.

Para el sindicalismo también se pone en marcha un test crucial. Deberá contener a las bases efervescentes solo con una suma fija que garantice seis meses de paz social, mientras las paritarias esperan en el freezer y sin que haya garantía alguna de que la inflación empiece a ceder después de haber estado desbocada en 2019. Si el decreto salarial simboliza el intento del Gobierno de encarrilar las principales variables económicas, la norma también grafica el tamaño del desafío que afrontará la dirigencia gremial para evitar ser desbordada por trabajadores descontentos con sus sueldos.

El problema político del Gobierno es que el sindicalismo peronista lo apoya en general, pero no se siente parte del Poder Ejecutivo, como prometió Alberto Fernández que lo sería antes de asumir la Presidencia. Los gremialistas imaginaban un regreso con gloria al poder y debieron conformarse con dosis homeopáticas de cargos y de espacios concretos en la nueva administración.

El Presidente se mantiene firme y quiere aprovechar el impulso de los primeros días de gestión para marcarle la cancha a empresarios y sindicalistas. El tablero que quede delineado en las próximas horas será determinante para saber si el diálogo social permitirá o no bajar la tensión que causan la falta de controles y de herramientas para contener sin sobresaltos la puja salarial y el alza de los precios.

Por eso será importante seguir de cerca qué compensaciones habrá, por arriba o por debajo de la mesa, para que unos y otros acompañen sin rebelarse ante la estrategia gubernamental. Los empresarios se quejan por el regreso de la doble indemnización, pero susurran que debe esperarse su reglamentación para determinar cuánto los puede afectar en términos concretos. Los sindicalistas, por su parte, refunfuñan por su escasa presencia en el gabinete y por su casi nula influencia en las medidas oficiales, aunque saben que seguirán manejando el decisivo ente que distribuye los fondos de las obras sociales.

El Presidente los necesita a todos y, a la vez, necesita construir su poder manteniendo a raya a todos como un rasgo de autoridad. El proceso de construcción política de Alberto Fernández, “inventado” como candidato por su vicepresidenta, tendrá en el decreto salarial un mojón importante que puede signar, en cualquiera de los sentidos posibles, el derrotero del flamante Gobierno.

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