La Confederación General del Trabajo (CGT) le reclamó este sábado “a las fuerzas políticas opositoras” de la provincia de Buenos Aires que “asuman las responsabilidades” conferidas “por el mandato popular” y le otorguen al gobierno de Axel Kicillof “las herramientas necesarias para retomar el rumbo de la reparación social” que los ciudadanos del distrito “reclamaron en las urnas”.
De esta forma, la entidad sindical fijó posición ante la decisión del bloque de senadores de Juntos por el Cambio, que ayer se negó a dar quórum para debatir la reforma impositiva que impulsa el Ejecutivo provincial.
“Rehusar el debate y desoír la voluntad de las mayorías que con especial énfasis se han expresado en favor de modificar las prioridades con las que se gobernaba, implica una irresponsabilidad política difícil de comprender en los tiempos que corren”, expresó la CGT.
En ese sentido, la central que encabezan Héctor Daer y Carlos Acuña invitó a "todos los actores políticos de las distintas fuerzas con representación parlamentaria" a trabajar para "mitigar las desigualdades”, lo cual “implica exigir mayores esfuerzos a los sectores que más tienen".
Según la CGT, la crisis social y económica que atraviesa el país expresa en la provincia de Buenos Aires “su rostro más penoso: el de la desigualdad entre los que más tienen y los que no tienen nada”. Por eso instaron a las “fuerzas políticas opositoras” a asumir “las responsabilidades que por mandato popular les corresponden".
"Hacemos este llamamiento en línea con el Compromiso Argentino por el Desarrollo y la Solidaridad, que ayer, junto a entidades empresarias y organizaciones sociales, este movimiento obrero refrendó. La mezquindad política resulta intolerable en momentos en los que todos los sectores aceptamos a la solidaridad como el valor fundamental para gobernar la crisis", enfatiza el texto.
Este viernes, el oficialista Frente de Todos no logró un acuerdo con la bancada mayoritaria de Juntos por el Cambio en el Senado -tiene 26 de los 46 senadores-, que definió no acompañar la suba de los impuestos inmobiliarios.
El eje de la disputa giró en torno a las escalas más altas, donde el aumento llegaba al 75%. En el caso del inmobiliario urbano, en la primera etapa se encontraban las viviendas con valuación fiscal correspondiente a 2019 de hasta $303.705, con un 15%; de hasta 35%, entre $303.705 y $498.021; de hasta 50%, entre $498.021 y $680.877; y de hasta 75%, si la valuación fiscal era superior a $680.877. En el caso de los inmuebles rurales, las subas también estaban en el rango del 15% al 75%.
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