El 4 de octubre de 2012, Alejandra Gils Carbó decidió que el fiscal José María Campagnoli investigue un caso resonante y de interés nacional: el supuesto secuestro del gremialista ferroviario Alfonso Severo. Un llamado desde la Procuración bastó para que la fiscalía de Saavedra intervenga aunque el hecho había ocurrido en Avellaneda. Campagnoli fue corrido de la causa en apenas 40 días pero el extraño episodio derivó en una batalla judicial.
En 2016, luego de sortear el jury promovido por la ex procuradora y el gobierno de Cristina Kirchner, el fiscal denunció a Gils Carbó de filtrar datos sensibles de su investigación sobre el caso Severo.
Campagnoli declaró ante el juez Rodolfo Canicoba Corral que tuvo “dos o tres” reuniones con Gils Carbó para informarle sobre los detalles de la investigación, que apuntaba a agentes de la ex SIDE, y que le mandó copias a su despacho. Esa versión fue ratificada por sus secretarios.
El supuesto secuestro de Alfonso Severo duró 22 horas. El gremialista desapareció justo un día antes de declarar como testigo por la muerte de Mariano Ferreyra. Esa misma noche, uno de los hijos y un amigo de Severo fueron hasta el ministerio de Seguridad de la Nación. Se entrevistaron con Graciela Caamaño. “Severo intentó desviar la investigación en el homicidio de Mariano Ferreyra”, le dijo Caamaño a Infobae.
El caso de Severo todavía no está esclarecido. Todo lo contrario. Infobae reveló ayer que la Justicia no tiene pruebas que haya existido un secuestro. A siete años del hecho, la causa todavía sigue abierta y se mantiene la sospecha sobre un grupo de policías de la Bonaerense con supuestos vínculos con los servicios de inteligencia.
Según la investigación preliminar de Campagnoli, el encargado de interceptar a Severo habría sido Gustavo Rene Rauna, un policía de la Bonaerense que trabaja actualmente en una comisaría de Cañuelas. Otro policía, Patricio Korb (que luego se supo que era amigo de Severo) “se habría encargado de la observación y monitoreo hasta el momento mismo que fue interceptado”.
Lo que sí terminó fue la batalla judicial entre Campagnoli y Gils Carbó. El juez Canicoba Corral sobreseyó a la ex procuradora y a Francisco Larcher. No pudo probar la supuesta filtración denunciada por Campagnoli. “Más allá de cuanto resulta de la denuncia, no se han arrimado a esta causa elementos que indiquen que ello haya efectivamente ocurrido”, dice el fallo al que tuvo acceso Infobae.
El propio Campagnoli detectó, por las antenas de los teléfonos, que varios agentes de la ex SIDE estaban en la zona donde ocurrió el supuesto secuestro.
Así lo expresó el juez en el fallo: “No puede soslayarse que quien habría vertido el testimonio que motivó en definitiva la formación de la presente, a la época señalada para los hechos aquí ventilados formaba parte de la agencia cuyo personal estaba siendo investigado por el grave hecho analizado en la causa cuyas copias se cuestiona aquí habrían sido entregadas por la Dra. Gils Carbó a Larcher, lo cual a criterio del suscripto conduce a relativizar sus dichos”.
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