
Lázaro Báez otra vez fracasó en su intento de quedar libre antes de fin de año. La Cámara Federal rechazó hoy la excarcelación del empresario en una causa donde se investiga una maniobra para inyectar dinero en Austral Construcciones a través de otra empresa de la familia Báez denominada “M&P”. Ese expediente fue elevado esta semana a juicio oral por el juez Sebastián Casanello.
La semana pasada, en ese mismo expediente, el fiscal federal Guillermo Marijuán se opuso a la excarcelación argumentando que Báez aún podía entorpecer la investigación. Luego Casanello lo convalidó. "Mientras era investigado por este juzgado (entre otros), Lázaro Báez clandestinamente desafiaba la legalidad”, afirmó el magistrado.
Ahora, la Sala II de la Cámara coincidió con los motivos expuestos por el fiscal Marijuán, quien, según los jueces, “explicó razonablemente los motivos por los que consideró que el encierro carcelario es la mejor alternativa para garantizar la indemnidad de la investigación y la sujeción de Lázaro Báez al proceso, habiendo descartado las otras opciones”.
Báez ganó una batalla judicial en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, donde el Tribunal Oral Federal 4, a instancias de la Cámara de Casación, tuvo que cesar su prisión preventiva aunque ya la había prorrogado hasta el 5 de abril.

La defensa de Báez pretendía extender los efectos del fallo de Casación, pero la Cámara Federal sostuvo que las circunstancias de ambas causas son bien distintas. “En estas actuaciones el nombrado (por Báez) se encuentra detenido desde el 14 de junio pasado, oportunidad en que se dictó su procesamiento con prisión preventiva, tiempo que no luce excesivo ni desproporcionado atento a la complejidad de la investigación, además de que la causa fue recientemente elevada al Tribunal Oral Federal N° 4”, dice el fallo con las firmas de Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
En la causa de “M&P”, la Justicia tiene acreditado que Austral Construcciones recibió transferencias millonarias a comienzos de 2016, cuando necesitaba fondos para cancelar deudas. En la maniobra participaron casi 20 sociedades fantasmas. Esas empresas recibían dinero en negro, lo depositaban en las cuentas de M&P, pero el destino final era Austral. Para simular los ingresos, la empresa insignia de Báez emitía facturas por supuestos servicios. De esa manera, se habrían blanqueado 127.624.184 pesos.
Báez también tiene preventiva por el caso del campo “El Entrevero”, que está siendo analizado por la Cámara Federal para establecer si se confirman o no los procesamientos. Por ese campo, de 152 hectáreas, ubicado entre José Ignacio y La Barra, se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños. Leonardo Fariña contó que se utilizó la sociedad uruguaya Traline SA (Maximiliano Acosta era el presidente y luego se otorgó un mandato de disposición general a Maximiliano Goff Dávila). Cuando ya se había roto la relación con el entorno de Báez, el campo quedó a nombre de otra sociedad de nombre Jumey SA, presidida por el contador Daniel Pérez Gadín.
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