La Legislatura porteña aprobó este jueves el nuevo “Régimen de Contrataciones de Obra Pública” para la Ciudad de Buenos Aires que, entre otras cosas, plantea la creación de un portal electrónico y público a través del cual se deberán realizar los procesos de licitación y se podrá hacer un seguimiento de la ejecución de los trabajos .
La iniciativa, que fue sancionada con 41 votos positivos, 16 negativos y 1 abstención, le permite al Gobierno local tener un marco normativo propio en esta materia y dejar de utilizar los mecanismos de carácter federal que datan de fines de las décadas de 1940 y 1960.
El proyecto contó con el apoyo de Vamos Juntos y de sus aliados en el recinto -el Partido Socialista y Evolución-, mientras que Unidad Ciudadana, el PTS, el Bloque Peronista, Autodeterminación y Libertad, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y la Izquierda Socialista votaron en contra. La única abstención fue del GEN.
De acuerdo con el creador del texto, el diputado oficialista Hernán Reyes, el nuevo régimen apuesta a la “transparencia” de los procesos de contratación de la obra pública en la Ciudad, ya que se pone “a la vanguardia” de las normas internacionales sobre licitaciones.
El legislador explicó que de esta manera el distrito se encamina a un “régimen electrónico público”, que elimina “la compra de pliegos y encripta las ofertas para evitar la cartelización contra el Estado”.
“Cualquiera que cumpla con los requisitos va a poder participar de las licitaciones”, aseguró Reyes a Télam. Además, a través de este sistema se va a poder controlar la “ejecución” de las obras, lo que fomenta la ”transparencia activa” y “achica la discrecionalidad estatal”.
A partir de la aprobación de esta ley, todas las contrataciones de obra pública que haga el Gobierno porteño deberán figurar en este portal electrónico, de modo que "se realicen de cara y abiertamente a la sociedad”.
Además, el régimen establece que los contratistas estará obligados a realizar sus cotizaciones a través de ofertas encriptadas dentro de ese sistema, siguiendo la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Por otra parte, la norma les exige a estas empresas la desvinculación de personas que hayan estado involucradas en hechos de corrupción si es que quieren seguir teniendo un vínculo de negocios con el Estado. En el caso de que ya exista una condena por esta razón, "no existirá posibilidad de continuar con el contrato bajo ninguna excepción”.
Estás reglas deberán aplicarse en todo el sector público, más precisamente, en la administración central, los organismos descentralizados, las entidades autárquicas y las Comunas; así como también en los Poderes Legislativo y Judicial, y en las empresas y sociedades del Estado.
Más allá del voto en contrario de los bloques opositores, sólo los del Frente de Izquierda y de Autodeterminación y Libertad fueron los que, durante el debate, expresaron el rechazo explícito a la norma señalando que la ley otorga nuevas discrecionalidades al Ejecutivo y a los privados a la hora de pactar la realización de obra pública.
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