Pidieron la indagatoria de un ex agente del Programa de Protección de Testigos que fue denunciado por abuso sexual por una mujer a la que debía cuidar

El fiscal federal Guillermo Marijuán le pidió a la jueza María Servini que cite a indagatoria a Gustavo Horacio Torrent, quien fuera despedido del Programa de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia de la Nación, tal como adelantó Infobae, luego de haber sido denunciado por varias mujeres por abuso sexual.

El fiscal le solicitó a la jueza que Torrent sea indagado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso sexual en uso de sus funciones. La víctima es una mujer había declarado como testigo contra el Clan Alé, una poderosa familia tucumana con enormes contactos políticos en la provincia dedicada a delitos variados como narcotráfico, extorsiones, y explotación de mujeres.

El caso por el que Marijuán pidió la indagatoria de quien fuera “operador” del Programa de Protección de Testigos e Imputados, se inició en la provincia de Tucumán y luego pasó a la justicia porteña.

La mujer ingresó al Programa en 2014 y estuvo bajo la supervisión de Torrent. Para entrar al Programa le cambiaron la identidad y la mudaron a la provincia de Buenos Aires junto a sus hijos.

Fue ella quien denunció a Torrent -que trabajaba en el Programa desde 2009- por abuso sexual. El funcionario público la tocaba, la intentaba besar y le decía que se había enamorado de ella, según la denuncia. La mujer aseguró que “le seguía la corriente” a Torrent porque era él quién administraba tanto sus contactos con el resto de su familia como las cuestiones vinculadas con la seguridad y la manutención mientras estuviera en el Programa.

La denunciante -cuya identidad no se revela por respeto a su intimidad- señaló que Torrent la fue aislando del resto de los profesionales del Programa asignados para el seguimiento de su caso. El funcionario echado en agosto pasado habría evitado el contacto de la mujer con la psicóloga, la trabajadora social y la psiquiatra que la asistían.

En 2015 la mujer fue trasladada desde el Gran Buenos Aires a la Capital. Eso la colocó geográficamente más cerca de las oficinas en las que trabajaba Torrent. El hombre la hacía ir a su lugar de trabajo con excusas infantiles y cada vez que se quedaban solos abusaba de ella.

El actual director del Programa, Francisco Lagos, aportó mensajes de WhatsApp que enviaba el operador echado a la mujer a la que debía proteger. En esos mensajes, que se sumaron al sumario administrativo que le hicieron en Justicia, se reafirmó el acoso que sufría la mujer.

Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, en enero de 2015 la mujer logró contarle a una abogada del Programa el acoso que estaba padeciendo. De acuerdo a lo que relató la periodista tucumana Mariana Romero, la mujer llegó a entrevistarse con quien fuera el director del Programa hasta 2015: Darío Ricardo Díaz. La denunciante le explicó en una entrevista que Díaz le pidió comprensión con Torrent porque “se había enamorado”. Tiempo después Torrent dejó de estar a cargo de su caso y pasó a realizar tareas administrativas. A la denunciante le adjudicaron un nuevo operador. Y en 2017 renunció al Programa.

En enero de 2016 asumieron las nuevas autoridades del Programa y comenzaron a ordenar el sistema de ingreso de los empleados y el modo en que se debían realizar las tareas. Torrent fue denunciado en otros casos similares. Las denuncias fueron motorizadas por dos reparticiones de la Procuración General de la Nación: la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM). A partir de ello se inició un sumario administrativo que terminó con la expulsión del Programa. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) luego pidió que se hiciera una auditoría del Programa.

Paralelamente avanzó la causa judicial. En ese expediente Marijuán señaló que “es de gran importancia mencionar que Torrent, en su función de operador del Programa de Protección de Testigos, cumplía un rol especial de garante conferido por las leyes, que habría defraudado con las conductas descriptas, incumpliendo con sus deberes de funcionario público al abusar sexualmente de la víctima a la cual había sido asignado como operador “. Y por ello esta semana pidió la indagatoria.