Después de la elección del próximo domingo, en donde podría convertirse en vicepresidenta electa, Cristina Kirchner atacará el corazón de la causa de los cuadernos en la Cámara Federal de Casación Penal. Es el expediente en el que la acusan de haber encabezado una asociación ilícita que se armó desde el Ministerio de Planificación para recaudar coimas y que ya fue enviado a juicio oral.
Según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, la Cámara Federal de Casación Penal decidió convocar para el próximo 5 de noviembre a una audiencia para escuchar los argumentos de un grupo de defensores por las decisiones del juez Claudio Bonadio. Allí estarán las defensas de Cristina Kirchner, pero también la del ex ministro de Julio De Vido y su mano derecha Roberto Baratta (ambos detenidos en la causa), y la del ex director de Yacyretá, Oscar Thomas, recientemente excarcelado aunque a la espera de formalizar el pago de su fianza.
Las fuentes consultadas indicaron a este medio que los planteos de la defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi, apuntan al núcleo central del caso cuadernos. No solo se rechaza allí la confirmación del procesamiento, la prisión preventiva y el pedido de desafuero sobre la hoy senadora y candidata a vicepresidenta. La defensa también pide que se haga lugar a los pedidos de nulidad sobre el fórum shopping y la aplicación de la ley del arrepentido.
Pero la ex Presidente no será la única que se quejará en esa audiencia. Julio De Vido, en tanto, también apeló el procesamiento, la prisión preventiva y su embargo. Otro de los condimentos de esa presentación es que la prisión preventiva se dictó sin haber pedido el desafuero por esta causa en particular (pese a que ya había perdido los fueros por las causas Río Turbio y GNL). Pero lo más fuerte de la defensa de De Vido, a cargo de Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, apunta a atacar la inconstitucionalidad de la ley de los arrepentidos y la aplicación retroactiva de la ley.
Otros ex funcionarios que estuvieron presos en el expediente también habían disparado sobre esta cuestión al inicio de la causa, pero ahora (ya en libertad) desistieron de avanzar con el planteo en Casación, revelaron a Infobae las fuentes consultadas.
La defensa de Roberto Baratta, en manos actualmente de los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, es otra de las que llegará ese 5 de noviembre a la audiencia de Casación. Como el resto de los implicados, buscará revocar los procesamientos con prisión preventiva, pero en su caso insistirán además con la recusación del fiscal Carlos Stornelli, que rechazó Bonadio y confirmó el juez Leopoldo Bruglia. La recusación de Stornelli apunta a una “falta de objetividad” en virtud de su imputación en la causa de Dolores que investiga una red de espionaje ilegal que tiene como cara visible al falso abogado Marcelo D’Alessio.
No son los únicos que apelaron a Casación su situación. Para el 11 de noviembre, en tanto, esperan conocer su suerte un grupo de empresarios arrepentidos que ocuparon las segundas líneas que reconocieron haber pagado coimas a los entonces funcionarios de Planificación, siguiendo directivas de sus jefes.
Cuando Bonadio tuvo que decidir, les dictó la falta de mérito, pero la Cámara Federal los procesó. Ese grupo no tiene todavía una confirmación de su situación procesal, pese a que ya los incluyeron en la nómina de los enviados a juicio oral. En esa lista se anotan Javier Sánchez Caballero (mano derecha de Angelo Calcaterra en la ex IECSA), Jorge Neira y Osvaldo Acosta (ambos de Electroingeniería); Rodolfo Poblete, de EMEPA; de Héctor Zavaleta, de Techint, y Franco Valenti de Industrias Pescarmona.
El análisis de la causa en Casación está radicado en la Sala I, a donde llegó por la conexidad con el expediente de Gas Licuado. Allí intervienen los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa. Hasta ahora, la única decisión fuerte que habían tomado había sido sobre la recusación pedida contra Bonadio.
El pedido era de la defensa de la ex presidenta en donde aludían a una presunta parcialidad del juez y también a un informe que se había publicado en el Centro de Información Judicial apenas estalló el caso de los cuadernos. Los jueces Petrone y Barroetaveña rechazaron el planteo, con el voto mayoritario.
Sin embargo en un extenso voto propio en minoría, Figueroa hizo lugar a abrir la queja, entendió que habría existido “un interés del juzgador en el proceso que violenta normas convencionales y constitucionales que tutelan la garantía del debido proceso legal, juez natural e imparcialidad” y también cuestionó “la manera en que el juez Bonadio captó la causa, que denominó de las ‘fotocopias de los cuadernos’, declarando su conexidad con la causa “Gas Licuado”, expediente en el que Cristina Fernández de Kirchner no fue imputada originalmente, sino hasta el año 2018”.
Días atrás, la Sala declaró abstractos los cuestionamientos a las prisiones preventivas de varios de los ex funcionarios que estuvieron más de ocho meses presos en el expediente, hasta que lograron salir de la cárcel por disposición de la Cámara Federal o por haber cumplido detenidos el plazo que los habilitaba a pedir la excarcelación en base a la posible pena por el delito que enfrentan. También se rechazó por abstracto el pedido de nulidad del ex secretario de la Presidencia Oscar Parrilli, cuya participación en la presunta asociación ilícita fue desestimada.
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