El primo de Néstor Kirchner recuperó la libertad

Carlos Santiago Kirchner, ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal y primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, fue liberado hoy en la causa por las presuntas irregularidades en la obra pública en la que estaba detenido desde diciembre de 2017. La decisión judicial había sido anticipada ayer por Infobae.

Fuentes judiciales informaron que los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu hicieron lugar al pedido de excarcelación que hizo ayer la defensa de Kirchner, mientras que el juez Andrés Basso votó en contra de la libertad.

Kirchner deberá pagar una fianza de 12 millones de pesos. Cuando eso ocurra recuperará la libertad desde la cárcel federal de Ezeiza.

Para los jueces que votaron por la excarcelación ya no están los riesgos procesales por los que Kirchner fue detenido el 22 de diciembre de 2017 por orden del juez federal Julián Ercolini.

“Que los elementos en los que se funda la presunción de que Kirchner pueda eludir el accionar de la justicia (comportamiento hostil demostrado al pretender sustraer su patrimonio del accionar de la justicia y las inexactitudes en torno a su domicilio real), fueron ponderados con las razones invocadas por la defensa para contrarrestar tal presunción (en particular que se constituyó en detención por sus propios medios y la explicación que ha brindado en torno al domicilio donde habitualmente residía con su familia). Ello conforma un panorama que debilita sensiblemente la necesidad de la excepcional medida cautelar privativa de la libertad para la cual fue incorporada a nuestro ordenamiento", señalaron los jueces.

En esa línea resaltaron que sus bienes y acciones de una empresa están embargados. “Así se ve neutralizado uno de los supuestos expresamente autorizados para fundar el encierro cautelar (una eventual pena de decomiso como modo de realización del derecho sustantivo)”, explicaron los magistrados.

Kirchner fue detenido fue porque había dado domicilios en los que no vivía y porque había movido su patrimonio. Para la Justicia con ese accionar buscó entorpecer la investigación.

Gorini y Giménez Uriburu también resaltaron que Kirchner está cerca de cumplir dos años de prisión preventiva y que el juicio oral por la obra pública no concluirá antes de ese plazo. “Por eso no se justifica dilatar irrazonablemente la prisión preventiva hasta el estricto vencimiento del término en cuestión”, señalaron.

Por su parte, el juez Basso señaló que no se modificaron los riesgos procesales en la causa. Además del movimiento de su patrimonio, el magistrado resaltó que uno de los domicilios que dio Kirchner era una pinturería, la Unidad n° 15 del Servicio Penitenciario Federal, en Río Gallegos, y un terreno baldío.

“Tales inconsistencias en torno a su domicilio, sumado a los movimientos bancarios y patrimoniales ya verificados, reflejan una conducta procesal del imputado claramente hostil y desleal respecto del sumario penal en trámite; y constituye, por ende, un claro indicio de obstrucción a la investigación”, explicó el juez, y agregó que el tiempo que lleva Kirchner se debe discutir a los dos años cuando vence el plazo de la prisión preventiva.

El juez siguió la misma línea del fiscal Diego Luciani que ayer había dictaminado por el rechazo del pedido de libertad.

Kirchner se suma a una lista de ex funcionarios y empresarios que fueron liberados en causas de corrupción en la última semana: los empresarios Cristóbal López, Fabián de Sousa, Carlos Cortez y Gerardo Ferreyra y el ex titular de Quebracho Fernando Esteche.

Carlos Kirchner es uno de los 13 acusados en el juicio oral por la obra pública junto a la ex presidenta Cristina Kichner, el empresario Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros.

Con su excarcelación, el caso de la obra pública no tiene detenidos ya que Kirchner era el único.

“Estoy injustamente detenido”, dijo Kirchner el lunes en su indagatoria en el juicio oral. No declaró pero hizo referencia a su vida personal. “Atravieso serias dificultades económicas por mi detención y el embargo de mis bienes. Siempre trabajé y heredé, con lo que adquirí ciertas propiedades. Cuando asumí en el Estado ya tenía el 85 por ciento de mi patrimonio”, agregó.

En el juicio se juzgan las presuntas irregularidades en las 52 obras que las empresas de Báez recibieron durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.