El juez nacional en lo Criminal y Correccional N°3, Alberto Baños, elevó a juicio oral la causa por los delitos de "asociación ilícita" y "extorsión" que involucra a dirigentes del sindicato de Camioneros, que encabezan Hugo y Pablo Moyano. Se trata del caso iniciado en 2017 por Nancy Pastorino, la propietaria del Expreso Pontevedra, una empresa familiar de transporte de carga de la localidad bonaerense de Merlo.
En la denuncia, Pastorino apuntó que fue extorsionada junto al presidente de la firma, Carlos Domingo Pachilli, durante diciembre de 2017 por el gremio de base y el Club Camioneros para que firmara cinco cheques de $500.000, con el objetivo de cumplir una deuda total de casi 2 millones de pesos. La mujer llegó a abonar $100.000 en febrero del año pasado, pero luego se negó a seguir haciéndolo al entender que le exigían dinero sin mostrarle documentación que avalara la solicitud.
El juez Baños elevó a juicio el expediente al encontrar que las pruebas aportadas en la investigación son "sólidas" y corroboró la acreditación de que hubo "herramientas de presión de corte logístico como así también administrativo" para forzar la voluntad de Pastorino, entre ellas, impedir la salida o entrada de camiones de la planta.
Además, quedó relevado que se detectó en el sistema informático de Camioneros el pago ejercido bajo presión, "sin mantener coherencia en cuanto al concepto o motivo del pago", indica la resolución judicial a la que tuvo acceso Infobae, con firma del 16 de julio pasado.
En su fallo, Baños rechazó el pedido de sobreseimiento que formularon las defensas de los procesados y elevó a juicio a Jorge Osvaldo Zenklusen, Mario Ernesto Villalba, Juan Alberto Acevedo, Emilio Puebla, David Tamola, Armando Raúl Altamirano y Paulo Villegas. Además, denegó las medidas de prueba que habían pedido los imputados.
Tanto Altamirano como Villegas tienen trato directo con los Moyano; el primero es secretario de Fiscalización, Verificación y Cobro de Aportes y Contribuciones, y el segundo es Tesorero.
En uno de los audios que difundió la denunciante, se escucha cuando uno de los procesados se presenta y le dice: "Si no se acerca al gremio hablaremos con los dadores de carga para cortarles el trabajo". A lo que la mujer respondió que si hacían eso "cierro y ustedes le van a dar trabajo a la gente".
"Pachilli y Pastorino expusieron que el reclamo les parecía una 'locura' ya que todo el personal que trabaja para su empresa se encuentra debidamente registrado según la legislación laboral vigente y perciben sus sueldos de acuerdo a las pautas establecidas por convenio. Y además señalaron que fueron objeto de amenazas relativas a que, en caso de no pagar, los miembros del Sindicato intervendrían ante las empresas dadoras de carga para que no tuvieran más trabajo", señala la instrucción del fiscal a cargo de la causa, Martín López Perrando.
Según el fallo, el "pájaro" Zenklusen, Altamirano, Villalba, Acevedo y Tamola afrontarán la acusación de coautores mientras que Puebla y Villegas lo harán como partícipes secundarios.
El mes pasado, mientras crecía la tensión entre el Gobierno y Camioneros, el presidente Mauricio Macri recibió en la Casa Rosada a los directivos de Expreso Pontevedra.
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