(Nicolás Aboaf)
(Nicolás Aboaf)

La Justicia procesó a siete miembros del gremio de Camioneros por delitos de extorsión y asociación ilícita en una causa por supuestas amenazas contra directivos de una empresa de transporte de carga. Algunos de ellos ostentan el cargo de secretario en el sindicato que conduce Pablo Moyano.

La causa, que llevan el fiscal federal Martín López Perrando y la jueza Vilma López, se inició el 10 de mayo pasado a raíz de una denuncia que el abogado Jorge Omar Feldman, invocando su carácter de apoderado para asuntos judiciales de la empresa de transporte Expreso Pontevedra SA, efectuó contra Armando Raúl Altamirano, Mario Villalba, Juan Acevedo y Jorge Zenklusen, integrantes del gremio.

Pocos días después, Nancy Gabriela Pastorino y Carlos Domingo Pachilli, presidente y vicepresidenta de la firma, respectivamente, comparecieron ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 12 para ratificar la denuncia.

Ambos directivos "adujeron que entre el mes de diciembre del año 2017 y el mes de mayo de 2018 habían recibido sucesivos llamados telefónicos y celebrado reuniones bajo coacción con los miembros del Sindicato de Choferes de Camiones quienes le exigían el pago de una deuda de un millón novecientos noventa y nueve mil seiscientos pesos ($ 1.999.600.-) por diferencias en la cantidad de kilómetros que se liquidaban a los choferes, sin exhibirle ningún tipo de documentación que respaldara ese reclamo", se lee en los considerandos del fallo.

Y agrega: "Pachilli y Pastorino expusieron que el reclamo les parecía una 'locura' ya que todo el personal que trabaja para su empresa se encuentra debidamente registrado según la legislación laboral vigente y perciben sus sueldos de acuerdo a las pautas establecidas por convenio. Y además señalaron que fueron objeto de amenazas relativas a que, en caso de no pagar, los miembros del Sindicato intervendrían ante las empresas dadoras de carga para que no tuvieran más trabajo".

El fiscal "alegó que la conducta dolosa de los imputados reveló el despliegue de diversas herramientas de presión de neto corte logístico como así también administrativo, debiendo en este caso mencionar la expedición de documentación que el propio sindicato emite con carácter discrecional y que obra en la causa como 'Constancia de Libre Deuda y Libre Conflicto' que carece de respaldo legal".

"La firma 'Expreso Pontevedra S.A.' no registra deuda respecto de los conceptos contenidos en el Formulario 931 de la Administración Federal de Ingresos Públicos", indica el fallo.

Y añade que los choferes de camiones que trabajan en la empresa "no efectuaron reclamo alguno en relación a una presunta diferencia entre la planilla de kilómetros que acompaña la liquidación de sueldo con los efectivamente recorridos".

Los procesados son Jorge Osvaldo Zenklusen, Mario Ernesto Villalba, Armando Raúl Altamirano (secretario de Fiscalización, Verificación y Cobro de Aportes y Contribuciones ), Juan Alberto Acevedo, David Andrés Tamola, Paulo Héctor Villegas (secretario tesorero) y Emilio Alfredo Puebla.

Además, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°38 trabó embargos por hasta 100.000 pesos sobre varios de ellos.