
Poco antes de que comience la feria judicial de invierno, Pablo y Hugo Moyano sumaron un nuevo problema judicial. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES.) presentó ante el Juzgado Federal de Morón N°3, a cargo de Néstor Barral, una auditoría con distintas irregularidades en la Mutual de Camioneros.
Barral investiga a los integrantes de la familia Moyano en una causa por supuesto lavado de dinero a raíz de la compra de varias propiedades de lujo en Parque Leloir. Las viviendas fueron adquiridas a través de las empresas de la mujer de Hugo Moyano, Liliana Zulet.
El juez intenta determinar si esas compras fueron solventadas con dinero de origen ilícito del Sindicato de Camioneros y de la misma Mutual.
El informe elaborado por el INAES concluye que la Mutual formaría parte de un grupo de entidades -civiles, cooperativas, mutuales y empresas comerciales- que interactúan con intereses que excederían a los del conjunto de asociados de la Mutual.
La Mutual solventó el pago de los salarios de OCA durante tres meses. El mismo abogado de los Moyano Daniel Llermanos reconoció que la ayuda habría alcanzado los 450 millones de pesos.
Sin embargo, el salvataje económico de OCA no consta en los registros contables de la Mutual. Según fuentes judiciales, los principales directivos de la Mutual, con Pablo Moyano a la cabeza, habrían realizado una maniobra de lavado de dinero legitimando fondos de origen desconocido que ingresaron a los registros de OCA.
En la auditoría también se detallan los ingresos recibidos por la Mutual de Camioneros. Allí llama especialmente la atención las diferencias que existen entre los importes que figuran como aportes y donaciones y los registros que la Mutual habría reportado a los distintos organismos de contralor.
En el informe tampoco termina de quedar claro por qué la Mutual de Camioneros contrata mensualmente los servicios de Transportadora de Caudales Juncadella pese a que todos sus aportes son recibidos de manera bancarizada.
También se habrían detectado numerosos viajes de los Moyano pagados por la propia Mutual. Entre los principales destinos se encuentran Estados Unidos, México, Brasil, Colombia y Ecuador. En su defensa, las autoridades de la Mutual explicaron que los viajes correspondían a diferentes reuniones organizadas por la International Transport Federation (ITF), de la cual Pablo Moyano es miembro.
Hasta el momento los inspectores del INAES no lograron cotejar las fechas y los destinos de los viajes con las reuniones de la ITF.

Entre los gastos contratados por la Mutual de Camioneros se registró una empresa de seguridad que presta servicios en predios que no son de su titularidad y gastos de mantenimiento de maquinarias utilizadas por el Instituto de Capacitación de Trabajadores Camioneros Asociación Civil.
También contrató a la empresa de ambulancias Vital para que brinde el mismo servicio que ofrece la Obra Social del Sindicato de Camioneros (OSCHOCA), una prestación médica obligatoria por ser una obra social. El abogado de los Moyano deberá planificar su defensa a los cuestionamientos del INAES.
Todo esto sucede en momentos en que Pablo Moyano vive horas clave en la causa de Independiente. Allí la Justicia debe determinar si acepta como arrepentido al barrabrava Pablo "Bebote" Álvarez y varios de sus secuaces. Si la respuesta fuera favorable se complicaría seriamente la situación del hijo del líder camionero. El fiscal Sebastián Scalera evalúa pedir una vez más que lo detengan de acuerdo al resultado de pericias que ya obtuvo parcialmente y concluirán en agosto, a la declaración testimonial del hombre encargado de hacer los tickets que terminaban en manos de la barra y al nuevo status de Álvarez.
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