Un grupo de jueces denunció que una empresa privada está reuniendo información sensible sobre sus ingresos y retenciones

Un grupo de jueces denunció que una empresa privada está reuniendo "información sensible" sobre sus retenciones por el impuesto a las Ganancias. Lo hizo a través de una carta al presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Ricardo Recondo.

"Durante este tiempo de vigencia de la resolución del Consejo de la Magistratura que reglamenta la imposición del impuesto a las ganancias, además de advertir claros errores en los cálculos para aplicar los descuentos ahora, con sorpresa, advertimos que toda la información vinculada con la retención del impuesto a las ganancias que tributamos, nuestro vínculo con la AFIP, la información privada derivada de las circunstancias puestas en conocimiento de las autoridades para el cálculo de las deducciones, en fin, toda la información sensible derivada del pago del impuesto estaría siendo reunida, guardada y a disposición de una empresa privada contratada por el Administrador del Consejo de la Magistratura", señalaron los jueces en línea con una nota que había presentado el secretario general y la secretaria gremial de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación.

En la carta, los magistrados le solicitan a Recondo que "confirme o rectifique esta situación de extrema vulnerabilidad en la que se encontraría nuestra información tributaria como así también de qué manera se encuentra resguardado el secreto fiscal respecto de esa información".

Los jueces solicitan, mientras tanto, que "se instruya al Administrador general del Poder Judicial de la Nación para que disponga que la empresa DDL OUTSOURCING SRL que no se dedica a cuestiones impositivas sino a Servicios de Asesoramiento, Dirección y Gestión Empresarial. Obtención y Dotación de Personal cese inmediatamente en su operatoria para la que ha sido contratada mediante Orden de Compra Nro. 125/2018, Expediente Nro. 1308612/18 por Contratación Directa aprobada por el Administrador General mediante resolución Nro. 1756/2018 del 05 de julio de 2018″.

Este es justamente otro de los puntos cuestionados: que se haya elegido a esta empresa por adjudicación directa.

Y concluyen: "A nuestro juicio se trata de una situación de gravedad que amerita poner en conocimiento de esta situación a todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en tanto custodios de los sueldos de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación".

Entre los jueces que firman la carta a Recondo figuran: Mariano Llorens, Santiago Strassera, María Alejandra Provítola, Analía Romero, Javier Santamaría, Carina Rodríguez, Diego Martín Coria, Mariana Callegari, Gonzalo Oliver de Tezanos, Paula Fernández, Aldo Mario Di Vito, Javier Sánchez Sarmiento y Paula González.

En febrero de este año, y después de una larga batalla de los jueces por no pagar el impuesto a las Ganancias, el Consejo de la Magistratura aprobó el Protocolo que fija cómo será la retención de este impuesto para los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial nacional que ingresaron a partir de 2017, incluidos los que vienen de carrera judicial, como los secretarios de juzgados, de la Justicia provincial o del Ministerio Público Fiscal. Los que fueron designados con anterioridad al 31 de diciembre de 2016 continuarán exentos de pagar este gravamen.

Según lo aprobado, no fueron alcanzados por Ganancias los ítems salariales correspondientes a "compensación jerárquica", "compensación funcional" y "bonificación por título". Y parcialmente alcanzados, la "bonificación por antigüedad" y la "permanencia en la categoría", proporcionalmente a la participación en el salario de los conceptos alcanzados por el impuesto. El Protocolo está en línea con lo resuelto en la acordada 56/1996 de la Corte Suprema.

Fuentes del Consejo calcularon en esa oportunidad ante Infobae que estas exclusiones implicarán que los nuevos magistrados sufrirán una retención de alrededor del 12% de su sueldo. Según explicaron en el organismo, el porcentaje variará ligeramente según el caso. Esta resolución alcanzará a más de 100 jueces y a varios centenares de funcionarios judiciales.