Arrestos por disposición del Poder Ejecutivo, deportaciones, comercio de armas, prohibiciones editoriales, operaciones inmobiliarias y contratos millonarios para contrarrestar la mala imagen de la dictadura en el exterior. Todo fue decidido sin que la sociedad se enterara.  Un total de 9.037 decretos considerados secretos o reservados fueron desclasificados en los últimos años. La serie abarca el período 1957-2003 y casi el 80 % corresponde a la última dictadura militar.

Infobae publica a partir de hoy una serie de notas identificando órdenes y disposiciones de la Junta Militar hasta ahora no reveladas. Se trata de 7.114 decretos secretos firmados por los dictadores entre 1976 y 1983.

Los decretos secretos en la Argentina se remontan a 1956, con la llegada de la autodenominado Revolución Libertadora, con Pedro Eugenio Aramburu como presidente de facto.

Desde entonces, todos los gobiernos apelaron a este tipo de normas para mantener lejos de la luz pública algunas de sus decisiones. Pero fue la última dictadura militar la que más recurrió a ellos en un contexto represivo, de ocultamiento y restricción de las libertades personales.

Esos decretos recién empezaron a ver la luz en 2013, a partir de una disposición del gobierno de Cristina Kirchner para desclasificarlos. La decisión estuvo antecedida por un pedido de Acceso a la Información Pública presentado en 2009 por el periodista Claudio Savoia, de Clarín. Ante la negativa del gobierno kirchnerista a hacerlos públicos, Savoia inició una posterior demanda judicial que terminó en la Cámara Contencioso Administrativo.

Pocos días antes de que el caso llegara a la Corte, en abril de 2013, la ex presidenta dispuso su descalcificación a través del decreto 2.103/2012. Aunque su publicación comenzó a hacerse en tandas y de manera dispersa en un anexo del Boletín Oficial, en el que casi pasaban desapercibidos. La liberación en etapas de los decretos reservados se extendió a lo largo de tres años, aunque no alcanzó a la totalidad.

De los desclasificados, 7.114 decretos secretos fueron firmados por los dictadores entre 1976 y 1983. 

Desde arrestos de personas, liberaciones, expulsiones de extranjeros y negativas a salir del país, hasta penas a militares por deserción, pasando por millonarios contratos de compra de armas, naves y prestaciones de servicios con firmas extranjeras y nacionales. Incluso, quedó bajo el rótulo de "secreto" la venta del crucero ARA 9 de Julio, utilizado como centro clandestino de detención.

Los primeros decretos fueron dictados un día después del golpe, el 25 de marzo de 1976, y aparecen como decisiones de la Junta Militar y rubricadas por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti.

Los subsiguientes, pocos días después, los firmó solo Videla como "Presidente de la Nación Argentina". En los nueves meses de gobierno militar en 1976 se dictaron 965 decretos secretos, más del doble que el año anterior. En casi 50 años de existencia de este tipo de normas, el récord fue en 1977, con 1.212 decretos secretos.

"Arréstese"

"Arréstese a disposición del Poder Ejecutivo Nacional", era el encabezado de decenas de estos decretos durante los primeros meses de la dictadura, seguido por una lista de dirigentes políticos, trabajadores, profesionales, estudiantes, trabajadores y ciudadanos comunes, solo identificados por nombre, apellido y número de documento.

"Constituye una primordial responsabilidad de gobierno consolidar la paz interior y preservar los permanentes intereses de la República", podía leerse en los considerando de los primeros decretos reservados de la dictadura.

En ellos aparecían, por ejemplo, los nombres de los ex gobernadores de la Provincia de Buenos Aires Antonio Cafiero y de Santa Fe, Jorge Obeid; la ex integrante de la Corte Suprema de Justicia de la nación, Carmen Argibay, entonces secretaria de la Cámara del Crimen; el ex senador catamarqueño Antonio Saadi; y la madre de Plaza de Mayo y ex secretaria de Derechos Humanos del gobierno de Daniel SciolI, Sara Doretier de Cobacho, entre muchos otros.

En decretos reservados posteriores, los argumentos para los arrestos sin intervención de la Justicia se ampliarían a otros “motivos”. “Que resulta imprescindible garantizar en momentos como el que atraviesa el país, la paz social, la seguridad pública, el orden institucional y la economía de la República. Que resulta atentatoria de dicha seguridad la actividad realizada por diversas personas en materia económico cambiaria, ya que las
circunstancias imperantes hacen que dicha actividad implique una perturbación del orden social que es necesario preservar y mantener,

Que la tranquilidad pública se ve afectada no solo por la actividad terrorista y subversiva sino también por diversos actos que atentan contra el orden económico del Estado“. Así quedó reflejado en el decreto S 16/1976 del 31 de marzo de ese año.

Decreto 161976 atentan contra orden economico
En pos de darle un viso de legalidad al aparato represivo montado inmediatamente después del golpe, los decretos secretos destacaban la potestad del Ejecutivo para ordenar arrestos sin intervención de un juez, debido a la suspensión de las garantías constitucionales por el estado de sitio dictado por la Junta Militar.

"Que a criterio del Poder Ejecutivo Nacional – único facultado para evaluar los antecedentes respectivos – la actividad de las personas que se incluyen en el presente decreto atentan contra los valores indicados en el considerando anterior y tiene directa y estrecha relación con las causas que motivaron la declaración del estado de sitio", puede leerse en los considerandos de innumerables decretos secretos.

Uno de ellos es el S 1119/1976 dictado el 29 de junio de 1976. En el texto quedó plasmada la orden de Videla de disponer el arresto del militante peronista Osvaldo Papaleo, cuñado del accionista de Papel Prensa, David Graiver. El mismo decreto incluía la detención Alberto Triaca, que en los años 90 se convertiría en ministro de Trabajo del menemismo, y el de Norma López Rega de Lastiri, la hija del poderoso ex ministro de Bienestar Social de Juan Domingo e Isabel Perón, entre otros dirigentes políticos y sindicales.

Nombre Destacado Papaleo_Decretos secretos de la dictaduraUna semana después, el 5 de julio, otro decreto – el S 1205/1976 -disponía el arresto de Juan Manuel Abal Medina, ex secretario general del Movimiento Peronista, hermano de uno de los fundadores de Montoneros Fernando Abal Medina, y padre del ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, que lleva su mismo nombre. En ese decreto  también se ordenaba la detención y el traslado al Penal bonaerense de Magdalena de una una veintena de dirigentes políticos y sindicales.

Entre ellos, el ex gobernador bonaerense de la izquierda peronista Oscar Bidegain; del ex presidente y delegado de Juan Domingo Perón, Héctor José Cámpora; del ex gobernador peronista de Santa Cruz Jorge Cepernic; del ex secretario de Derechos Humanos durante el kirchnerismo, Eduardo Luis Duhalde; de los dirigentes gremiales Casildo Herreras, Diego Sebastián Ibáñez y Lorenzo Miguel; del ex presidente interino que reemplazó brevemente a Cámpora, Raúl Lastiri; de su suegro e ideólogo de la Triple A, López Rega; del ex presidente Carlos Saúl Menem; del ex vicepresidente y gobernador bonaerense Carlos Ruckauf; del ex procurador de Cristina Kirchner, recientemente fallecido, Esteban Righi; y de los ex ministros de la tercera presidencia de Perón Jorge Alberto Taiana, de Educación, y José Ber Gelbard, de Economía, entre muchos otros.

Liberaciones y expulsiones

Intercalados con estos decretos secretos, hubo otros -aunque menos- que disponían lo contrario: la liberación de personas que habían sido arrestadas por orden del Ejecutivo mediante el citado de otros decretos reservados, tanto durante el durante el tercer gobierno peronista como una vez producido el golpe militar. "Que han desaparecido las causas que determinaron las medidas adoptadas por decreto Nº….", era la única explicación de la medida que ordenaba el cese de la detención arbitraria.

Los decretos secretos de los dictadores abarcaban también la expulsión de ciudadanos extranjeros que se encontraban arrestados a disposición del PEN "en virtud del estado de sitio vigente", porque "desarrollaban actividades atentatorias contra la seguridad del Estado", según puede leerse en sus fundamentos.

Los expulsados eran de las más variadas nacionalidades. Había desde uruguayos, chilenos, paraguayos y brasileños, hasta venezolanos, norteamericanos, alemanes, franceses, italianos, búlgaros y checos. En la mayoría de los casos, fueron mantenidos detenidos en condiciones infrahumanas, e incluso torturados, sin que siquiera se les abriera una causa, antes de ser expulsados.

Uno de ellos fue el sacerdote norteamericano James Martin Weeks, quien junto a otros cinco seminaristas de la orden Misioneros de Nuestra Señora de La Salette, fue secuestrado en agosto de 1976 en Córdoba y llevado a la sede de la temible D2, sede de investigaciones de la policía cordobesa. El decreto secreto S 1742/1976 del 16 de agosto de ese año fundamentaba la expulsión por "realizar en la República Argentina actividades que afectan esencialmente a la paz social y al orden público".

Otra expulsada del país fue su compatriota Patricia Erb, hija de un sacerdote menonita, que tenía 19 años cuando fue secuestrada. Su expulsión fue ordenada el 1 de octubre de 1976. Como sobreviviente del centro clandestino de detención de Campo de Mayo – donde pasó 23 días secuestrada hasta ser "blanqueada" en una comisaría por la intervención del cónsul de Estados Unidos en el país-, en 2009 fue una de las 400 testigos en el juicio oral contra el represor Jorge Olivera.

La campaña publicitaria en el exterior

De los decretos secretos también surge que la última dictadura militar gastó durante sus dos primeros años más de 2,5 millones de dólares de esa época en contrarrestar la llamada "campaña antiargentina" en el exterior, por las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país que difundían los organismos nacionales e internacionales.

En el encabezado del decreto S 961/1976 firmado por Videla el 17 de junio de 1976 quedaba plasmada la preocupación de los militares para esa millonaria contratación: "La urgente necesidad de contrarrestar la acción psicológica emprendida por intereses y grupos extranacionales, dirigida contra el prestigio de la Nación Argentina en el exterior".

Según la Junta Militar, "las consecuencias de ese fenómeno ("la campaña antiargentina" en el exterior) atentan decididamente contra los intereses y objetivos nacionales, en cuanto preparan una imagen de incertidumbre sobre el panorama político del Estado Nacional y presentan un panorama distorsionado sobre la situación con respecto al orden jurídico establecido, de seguridad para los bienes y personas y del bienestar general, en los cuales está empeñado el Proceso de Reorganización Nacional."

Campana-antiargentina-Mundial-78-02 Documentos secretos de la dictadura
Los dictadores decidieron recurrir a empresas de publicidad y relaciones públicas "que estén interrelacionadas con los medios de comunicación masivos y los que se encuentren dirigidos a sectores y grupos de poder, de los más importantes países del mundo, desde el punto de vista de su poder político, económico y financiero". El objetivo era "neutralizar y desvirtuar posibles campañas  periodísticas negativas" y "difundir la realidad de los hechos de la Argentina, afianzando sus logros en esta nueva etapa de su vida institucional",

La elegida fue el gigante de la publicidad norteamericana Burson Marsteller, con sede en Nueva York.

El primer contrato está fechado dos meses después de golpe y ascendía a U$D 1.100.000 de ese momento. Calculada la inflación de dólar, hoy representan U$S 4.900.000. Con fecha 8 de junio de 1976, tenía vigencia hasta el 10 de agosto del año siguiente

Lo firmó la Secretaría de Información Pública, a cargo del capitán de navío Carlos Pablo Carpintero, con James Cassidy, vicepresidente de Burston Marsteller, y Robert Benjamin, presidente de su filial mexicana Comunicaciones Interamericanas S.A.

La necesidad de un decreto secreto fue explicitada por los militares en la propia norma: "La índole de la acción a desarrollar, exige mantener en extricto (sic) secreto las tratativas que se realicen dirigidas a los objetivos mencionados, a efectos de no comprometer la defensa y la seguridad de la Nación".

El mismo 8 de junio de 1976, Carpintero firmó otro contrato con el mismo objetivo y la misma justificación, esta vez con la empresa argentina Diálogo SRL, hoy desaparecida. Con vigencia por un año, el monto acordado ascendía a USD 1 millón al dólar de ese momento, equivalentes a USD 5 millones actuales.

Según consta en el Anexo del decreto S 960/1976, el contrato fue firmado por los socios gerentes de Diálogo SRL, Héctor Alejandro Del Piano y Horacio Alcides O'Donnell. El objetivo era desarrollar una campaña publicitaria para mejorar la imagen del país en Brasil, Venezuela, España, Francia, Suiza, Alemania e Italia.

El Mundial y el "asunto" de los derechos humanos

La contratación con la norteamericana Burson Marsteller fue renovada en 1977, a través de la firma de un nuevo convenio fechado el 8 de agosto de ese año, que se extendería hasta el 31 de diciembre. El monto del contrato de servicios publicitarios por cinco meses ascendía a USD 572.000 de aquella época, hoy equivalentes a USD 2,4 millones.

Este nuevo contrato incluido en el Anexo del decreto S 2351/1977 contemplaba un minucioso "Programa de Comunicaciones Internacional para la Argentina" para revertir la imagen de Argentina en el mundo, cuando ya se conocían las noticias sobre los secuestros, torturas y desapariciones en los meses previos al Mundial 78.

Burson Marsteller proponía la necesidad de "una nueva imagen" para el país, consciente de las críticas que recibía el gobierno militar por "el asunto de los derechos humanos".

"La campaña de la Argentina, exitosa en gran medida, para eliminar el terrorismo organizado de izquierda y para restablecer el orden y la tranquilidad, ha traído consigo una nueva medida de respeto en el mundo. Al mismo tiempo, los actos ilegales de terroristas aparentemente inmunes en el otro extremo del espectro político, han generado la preocupación entre los amigos y han provisto municiones a los enemigos respecto al asunto de los derechos humanos", puede leerse en la propuesta con un lenguaje casi bélico en el Anexo de 166 páginas.

En medio de elogios al potencial y las bellezas naturales del país, la empresa norteamericana recomendaba a los dictadores moderar la represión, aunque sin cuestionar directamente su accionar. "Aquí una nación con mucho que ofrecer en términos de oportunidades comerciales, experiencia cultural y social, y un despliegue casi sin fin de maravillas naturales y construidas por el hombre. Playas largas y limpias; escarpadas e imponentes montañas; tierra cultivable rica y fértil; espesos bosques tropicales; un despliegue casi sin límite de flora y fauna única y familiar; entusiasmo; belleza; tecnología: crecimiento. Esa es la verdadera historia de la Argentina. Sin embargo, nunca ha sido contada realmente al mundo.(…) Los asuntos del terrorismo y de los derechos humanos, el alegado antisemitismo y represión, y el aislacionismo deben llamarse a reposo si la Argentina ha de tomar su legítima posición en el mundo."

En busca de inversiones externas

Pasado el Mundial, los dictadores volvieron a recurrir a Burson Marsteller para "promover en el exterior la labor informativa de la actividad económica argentina".

De los Anexos con los contratos analizados por Infobae, surge que entre 1978 a 1980 el Ministerio de Economía, a cargo de José Martínez de Hoz, firmó otros tres contratos anuales por los cuales le pagó otros 3,3 millones de dólares de aquella época, que al cambio de hoy representan USD 11,5 millones. El ex ministro aparecía mencionado en los documentos como "su Excelencia".

¿Cuál era la contraprestación? "Realizar en el exterior una labor de información, asesoramiento y difusión de la actividad económica argentina y de su desenvolvimiento, cuyos objetivos primordiales serán la promoción de las inversiones externas en la República Argentina, apoyo y promoción de las exportaciones y otras negociaciones económico-financieras".

El primero de los contratos del Ministerio de Economía con Burson Marsteller se firmó el 11 de enero de 1978, por USD 848.000 dólares de aquella época, a valor de hoy USD 3,3 millones.

Preveía un "plan de actividades" de asesoramiento en temas de prensa para la difusión de la marcha de la economía del país durante 1979. También contemplaba "la difusión de información favorable a la Argentina, a través de los principales medios de comunicación gráficos, radiales y televisivos".

Los detalles se incluyeron en el Anexo del decreto secreto S 579/1978 y debía desarrollarse en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Suiza Italia, España, Holanda, Bélgica y Japón.

El plan de trabajo también contemplaba organizar la visita de periodistas extranjeros, para que luego difundan la imagen que pretendía el gobierno militar cuando volvieran a sus países. Los nombres debían ser previamente aprobados por la Secretaría de Información Pública.

El contrato fue renovado el 12 de diciembre de 1978, y quedó plasmado en el Anexo del decreto  S 899/1979. El monto  fue de USD 1.034.000, una cifra que al valor del dólar actual equivalen a USD 3,5 millones.

La tercera contratación por parte de Martínez de Hoz a Burson se plasmó en un nuevo decreto -el S 270/1980- del 31 de enero de 1980, por otros U$S 1.504.000 de aquel momento, unos USD 5,2 millones a valor del dólar hoy.

Si se suman las cifras de los seis decretos secretos desclasificados en 2014, en servicios de publicidad, asesoramiento y prensa en el exterior, la dictadura le pagó en total más de 5 millones de dólares de esa época a Burson Marsteller. Calculada la inflación del dólar, ese monto equivale a  USD 22 millones hoy.

La retirada del poder

En los meses previos al final de la dictadura, la Junta Militar emitió el decreto secreto S2.143 por el que fijó como "Objetivos de Defensa Nacional (O.D.N.) una serie de instalaciones a las que consideraba estratégicas, "cuya vulnerabilidad implica su destrucción o neutralización y obliga a prever su funcionamiento en lugares seguros y alejados de otros Objetivos de Defensa Nacional". Para ello, ordenaba "su descentralización" y "asegurar la continuidad de los servicios".

Las identificaba en mapa denominado "Centro de Poder" en un dibujo de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano, incluido en el Anexo del decreto fechado el 22 de agosto de 1983 . El listado incluía destilerías, plantas de gas, de energía eléctrica y subestaciones, establecimientos de potabilización de agua y de bombeo de líquidos cloacales, el centro internacional de comunicaciones ubicado en el edificio del Correo, plantas transmisoras y de radiodifusión de LRA, así como la Casa de la Moneda.

El fin de los decretos secretos

Diez años después del primer pedido de acceso a la información de Savoia en 2009 para acceder a todos los decretos secretos de la última dictadura militar, la Corte Suprema falló en su favor, y dio un paso importante en favor de la batalla por un mayor acceso a la información pública.

A principios de marzo, a partir de la demanda iniciada por Savoia, el Máximo tribunal le ordenó a la Cámara Contencioso Administrativo que le exija al Gobierno la divulgación de los decretos secretos dictados entre 1976 y 1983 que hubieran quedado sin desclasificar. Y si el Estado considerase que, aún hoy, algunos de ellos debían permanecer en secreto -por referirse, por ejemplo, a cuestiones vinculada a Malvinas-, que esas razones se expliciten y sean supervisadas por la Justicia.

El dictado de decretos-leyes de carácter reservado fue derogado recién en 2006 por la ley 26.134, aunque se mantuvo para los fondos destinados "a cuestiones de inteligencia inherentes a los organismos comprendidos en las leyes de Inteligencia Nacional, Seguridad Interior y Defensa Nacional".

Ante la consulta de Infobae, desde la Secretaría Legal y Técnica a cargo de Pablo Clusellas, aseguraron que el actual Poder Ejecutivo "no dictó ningún decreto reservado".

Sí emitió resoluciones secretas la Agencia Federal de Inteligencia. "Todas las resoluciones que dicta el Director General son clasificadas conforme las previsiones del art. 16, de la ley 25.520 ( de Inteligencia Nacional, sancionada en 2001) y por tanto exentas del conocimiento de personas ajenas a la agencia, salvo que el Director General disponga desclasificarlas con alcance general o particular. Todas las resoluciones o actividades de la AFI están bajo el control de la Comisión Bicameral", explicaron desde el organismo.

Cómo se procesó la información

Entre 2013 y 2015 el Estado desclasificó 9.037 decretos secretos, firmados entre 1957 y 2003 por diferentes presidentes, muchos de ellos de facto. El 79 % de esa cifra, 7.114, fueron rubricados durante la última dictadura militar. Se encuentran publicados en 26 PDFs, alojados en el sitio web del Boletín Oficial.

La Unidad de Datos de Infobae  procedió a la descarga completa de los mismos, incluidos los 354 documentos anexos. Tras la apertura de datos, los documentos se subieron a la plataforma Document Cloud (ver aquí), que permite acceder a ellos en formato texto. Luego se automatizó el conteo de decretos para la serie temporal (consultar en este enlace) y se relevaron patrones de repetición, a través de distintas variables que se pusieron bajo estudio. Es la primera vez que se analizan en su totalidad.

Los datos abiertos de los decretos secretos en formato texto se pueden consultar desde este enlace.

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