
El martes, el plenario de comisión conjunta de Legislación Penal y Deportes por la ley anti barras terminó sin acuerdo entre insultos y acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición. Ahora, la discusión pasó al jueves, en donde Cambiemos espera conseguir el dictamen y que finalmente se debata en el recinto.
En diálogo con Infobae, la radical Gabriela Burgos, presidente de Legislación Penal, sostuvo que, a pesar de la tumultosa sesión, estaban las 23 firmas para el dictamen: "Elegimos no hacerlo en esas condiciones".
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Además, rechazó el argumento de algunos diputados de que no tuvieron tiempo de leer el borrador: "El jueves se los entregamos. Hasta se lo acercamos a diputados que no componen ninguna de las comisiones pero que querían estar al tanto del texto".
Según la diputada, el Frente para la Victoria sigue trabando la discusión porque, de aprobarse, sería un mérito del Gobierno: "Esto se viene trabajando desde 2016. No es oportunismo político".
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"Queda evidenciado quiénes no quieren el proyecto. Si no sale es porque no coordinamos tres artículos. Todos estamos de acuerdo en que queremos erradicar la violencia del fútbol", sentenció.
Asimismo, se mostró firme en que para combatir el flagelo "no hace falta solo prevención" sino que "hay que ir al hueso" y atacar la problemática con "políticas punitivas".
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La reunión del jueves está convocada para las 15. Hoy por la tarde se juntaron los asesores para intentar consensuar los cambios y que se firme el dictamen. El objetivo de Cambiemos es votar la norma el próximo miércoles.

Sin embargo, no será una tarea fácil. El martes, uno de los que criticó el texto fue Daniel Scioli, presidente de la comisión de Deportes: "El Ejecutivo ha puesto un gran énfasis en el agravamiento de las penas". Y advirtió que al kirchnerismo le preocupan "los aspectos preventivos".
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Con este panorama, tanto el Frente Renovador como el Frente para la Victoria se encaminan a reafirmar sus voluntades de rechazar el texto impulsado por el oficialismo y presentar despachos propios.
Entre otras cuestiones, el proyecto impone penas por portación y tenencia de armas, agresión o intimidación, financiamiento de las barrabravas, a la reventa de entradas, generación de avalanchas y entorpecimiento de los traslados, a la vez que penaliza la actividad de los denominados "trapitos" y castiga el enriquecimiento ilícito de los dirigentes de los clubes.
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