Causa Odebrecht - Aysa: procesaron a empresarios y ex funcionarios y fijaron embargos por 511 millones de pesos

El ex ministro Julio De Vido, su mano derecha Roberto Baratta, el ex secretario de Obras Públicas José López, los empresarios Aldo Roggio, Carlos Wagner y Tito Biagini, y los ex directivos Carlos Ben y Raúl Biancuzzo fueron procesados por los sobornos que se habría pagado en la causa conocida como Odebrecht-Aysa. El juez federal Sebastián Casanello también procesó a otras seis personas como cómplices del delito y dictó embargos por 511 millones de pesos.

El magistrado solicitó al Ministerio Publico Fiscal que avance con las negociaciones para obtener las declaraciones premiadas de los empresarios de Odebrecht. Y solicitó la extradición de nueve ejecutivos brasileños de Odebrecht y Camargo Correa, sospechados de haber intervenido en las contrataciones que beneficiaron a esta empresa y en el pago de sobornos.

Se trata de una de las tres causas que involucran a Odebrecht en Argentina. El juez investiga la contratación para las obras de la Planta Depuradora Paraná de las Palmas, adjudicadas al consorcio de las empresas Odebrecht-Benito Roggio e Hijos -Supercemento-José Cartellone; y la Plata Depuradora Berazategui, adjudicada al consorcio Esuco-Camargo Correa. Se sospecha que los empresarios habrían pagado sobornos para direccionar contrataciones y también para reactivar pagos adeudados en las empresa.

Esta es la segunda resolución que firma el juez Casanello por el caso conocido como Odebrecht-Aysa. Antes, el juez había dictado procesamientos por defraudación al Estado contra algunos de los funcionarios y empresarios, pero no había avanzado sobre el capítulo de los sobornos.

Precisamente, la Cámara Federal confirmó en diciembre el procesamiento de 19 personas, entre ex funcionarios y empresarios, por irregularidades en la licitación para la construcción de dos plantas potabilizadoras de AySA. El tribunal también le prohibió la salida del país a los acusados y mantuvo los embargos de dinero y bienes de seis empresas, entre ellas "Odebrecht", "Benito Roggio", "Supercemento" y "José Cartellone". La Sala I de la Cámara ratificó así la decisión del juez Casanello.

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