La jueza Guichandut tuvo dos denuncias por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura

Desde que asumió como jueza, en 2005, Patricia Susana Guichandut recibió dos denuncias por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura, en 2010 y en 2015. En ambos casos, el pleno del organismo desestimó las presentaciones. Infobae tuvo acceso a las denuncias y a los argumentos de los consejeros que votaron a su favor.

La jueza fue blanco de las criticas del presidente Mauricio Macri y del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta por su actuación en el caso de un motochorro colombiano. A pesar de la contundencia de la respuesta oficial, en el Gobierno aseguran que no es una jueza “zaffaroniana” y advierten que hay que poner el foco en la actuación de la fiscal, que impulsó la probation.

La primera denuncia contra Guichandut -que proviene del fuero correccional- fue presentada por Miguel Ángel Rafael Dapueto de Ferrari: la acusó de desestimar en tiempo récord una querella por injurias contra un juez del fuero laboral. El denunciante intentó en otro juzgado, pero la causa volvió a Guichandut, que por entonces estaba a cargo del Juzgado Nacional en lo Correccional N° 13.

Para el denunciante, la jueza había violado "en forma flagrante lo normado por el art. 418 último párrafo apartado in fine, en perjuicio [suyo] como querellante, y en beneficio (…) del Juez colega de la ahora denunciada".

La presentación fue evaluada por la Comisión de Disciplina y luego desestimada in límine (sin una investigación previa) por el plenario del Consejo. La resolución, del 11 de noviembre de 2010, destaca que la denuncia solo expresaba una “disconformidad” con las decisiones adoptadas por Guichandut en el marco de los expedientes 25.795/2009, 1097/2010 y 26.066.

“La valoración de los criterios de interpretación normativa o probatoria que los magistrados incorporan a sus resoluciones se encuentran por fuera de la competencia asignada a este Consejo de la Magistratura y solo son susceptibles de revisión a través de los canales recursivos que el ordenamiento procesal prevé“, argumentó en ese caso el plenario bajo la presidencia de Luis María Cabral.

La jueza Guichandut fue cuestionada esta mañana por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta luego de liberar a un motochorro colombiano a cambio de pagar 700 pesos en concepto de “reparación del daño” a la víctima. El motochorro, identificado como Jair Stevens Jurado Mora, le había robado el celular a una joven de 18 años en Avenida La Plata al 100.

Guichandut tuvo otra denuncia por mal desempeño: fue realizada en 2015 por Jorge Omar Cao, que fue sobreseído en una causa por lesiones leves tras una discusión con dos agentes de la AFIP en un restaurante ubicado en Salguero y Mansilla. El denunciante argumentó que la jueza no valoró una serie de pruebas presentadas por su defensa y omitió realizar otras que lo hubieran beneficiado.

Al momento de realizar su descargo, la jueza sostuvo que la causa se demoró por las “múltiples y reiteradas presentaciones” de la defensa de Cao. “De los ocho cuerpos que conforman la causa, alrededor de dos de ellos están compuestos por presentación del Sr. Cao”, se quejó la jueza. Y destacó que la instrucción estuvo delegada en la Fiscalía.

El 10 de septiembre de 2015, el plenario del Consejo, bajo la presidencia de la jueza Gabriela Vázquez, desestimó la denuncia. La resolución tuvo en cuenta que el denunciante tuvo a su disposición todas las medidas procesales para defenderse y que solo expresó “discrepancias” con la magistrada.

Siete años después de publicada la nota (enero de 2026) uno de los involucrados pidió derecho a réplica, a continuación su descargo: “Se omitió en la nota que estoy sobreseído desde 2017 en el expediente citado, según consta en las actuaciones judiciales. Actualmente continúo presentando recursos con el fin de que se anulen las decisiones adoptadas por el Juzgado de Instrucción, ya que solicito que las actuaciones sean reiniciadas debido a la ausencia de una investigación imparcial. Según el expediente 27743/12 ante el Juzgado Correccional 13, los funcionarios involucrados reconocieron que se acercaron a mi vehículo “golpeando e insultando”, un hecho que elimina la posibilidad de que existiera una discusión, ya que los propios testimonios suponen un abordaje agresivo hacia mi persona y mis bienes. El incidente no tuvo lugar dentro de un restaurante. Así lo verifican varios testigos presentados durante el juicio, quienes nunca fueron convocados a declarar. Respecto al informe publicado, se indica erróneamente que “Cao aseguró que Guichandut se negó a realizar una pericia sobre el auto (que habría sufrido daños) y que omitió un informe del médico legista”. Lo cierto es que esto se desprende del contenido del expediente: los agresores reconocen los ataques, se omitió la valoración del informe oficial realizado por el médico legista y se admitieron “certificados de reposo emitidos por una clínica privada, sin ningún estudio complementario”, lo que impidió una correcta consideración de lo sucedido".